Economía y la operadora negocian la reforma del sistema de precios
Telefónica y el Ministerio de Economía han iniciado negociaciones, a petición de la operadora, para discutir las condiciones en las que se aplicará a partir del próximo año el sistema de precios telefónicos regulados, toda vez que la fórmula de price cap, en vigor durante los tres últimos ejercicios, caduca el 31 de diciembre próximo.
Fuentes cercanas a la empresa que preside César Alierta confirman la celebración de las reuniones y señalan que el objetivo de Telefónica va más allá de la discusión de una reforma del sistema de price cap. La operadora exige el fin de la política de 'regulación asimétrica' en favor de los nuevos operadores que se aplica en España desde que se implantó la liberalización total del sector en 1998. Telefónica aspira a conseguir de estos encuentros que el Gobierno le permita actuar con la 'máxima libertad' en una coyuntura en la que el deterioro de los márgenes del negocio ha obligado a la filial de telefonía fija en España a plantear un expediente de regulación de empleo que afectará a 15.000 trabajadores.
Por parte de la operadora participan en los encuentros Luis Lada, director general de regulación y estrategia, y Julio Linares, presidente de Telefónica de España.
Las empresas competidoras del ex monopolio, que se agrupan en la patronal Astel, han decidido por su parte no asistir como meros testigos a la celebración de estos encuentros: 'Se discuten cuestiones que son vitales para nuestra supervivencia', subrayan.
Según ha confirmado una fuente cercana a dicha patronal, esta misma semana directivos de las empresas de Astel se han reunido con altos responsables del Ministerio de Economía con el objetivo de solicitar una reunión en la que se establezca una fórmula de participación de los nuevos operadores en los debates sobre la política de precios telefónicos.
Los operadores de Astel coinciden con Telefónica en la necesidad de evitar que las tarifas (como ocurre con el actual price cap) continúen sirviendo de principal soporte a la política antiinflacionista del Gobierno. Por el contrario, muestran su total rechazo a la posibilidad de que el operador dominante consiga libertad plena para fijar sus precios.