Recetas para mejorar el mercado eléctrico
Un informe de Atienza y De Quinto, editado por la Fundación Alternativas, desarrolla más de 20 propuestas para aumentar la competencia
Segregación accionarial entre generación y distribución para las compañías eléctricas, limitación de las cuotas en la actividad de producción en torno al 30% y discriminación positiva hacia los nuevos entrantes. æpermil;stas son algunas de la propuestas para mejorar el mercado energético contenidas en el informe Regulación para la competencia en el sector eléctrico español, realizado por el ex ministro socialista Luis Atienza y por Javier de Quinto, profesor de Economía de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, editado por la Fundación Alternativas.
El informe hace un análisis pormenorizado de la actual situación del mercado, de sus antecedentes, de la normativa vigente y su impacto en el funcionamiento de la actividad eléctrica, que tanta influencia tiene en la competitividad de la industria. Y las recomendaciones que después los autores realizan tienen como objetivos globales lograr un suministro fiable, precios mínimos y el mantenimiento de empresas sólidas, tanto por el lado de la oferta como de la demanda.
Quizá entre los mayores cambios que se proponen sean los referidos al funcionamiento del mercado mayorista de generación. Y destaca la defensa de una nueva organización, de forma que el pool no sea obligatorio, sino un mecanismo de ajuste de la energía a corto plazo. También se aboga por potenciar 'la contratación bilateral, evitando, en la medida de lo posible, el riesgo real de la escasa transparencia'. Y aunque se considera positiva y necesaria la existencia de una elevada oferta en generación en los momentos más críticos del consumo, se propone la eliminación de la llamada garantía de potencia.
El documento defiende segregar generación y distribución y fijar un límite cercano al 30% para la cuota que cada eléctrica tenga en producción
Entre las modificaciones estructurales se plantea impedir que un mismo grupo tenga posiciones accionariales de control sobre empresas de generación y de distribución. A juicio de los autores, el modelo actual basado en la segregación jurídica no ha funcionado, lo que se refleja en la escasa entrada de nuevos agentes en el mercado eléctrico, a excepción de Gas Natural. Destacan que la interacción entre generación y distribución permite que 'las grandes empresas tomen el mercado desde el lado de la oferta y de la demanda, por lo que, bajo ciertas circunstancias, pueden ubicar el precio del mercado donde les parezca'.
Igualmente se enumeran 'los peligros' por el fuerte poder que las eléctricas españolas tienen en generación y comercialización (venta a clientes fuera de tarifa). Para limitar esas posiciones se defiende un avance decidido 'en la integración a corto plazo con el mercado de generación y comercialización portugués', así como 'un drástico incremento de la capacidad de conexión transfronteriza'.Y en esa línea se añade que sería positivo estudiar la posibilidad de obligar a subastar la energía de algunas centrales hidroeléctricas para periodos suficientemente largos. Algunas de estas propuestas tienen además como objetivo la discriminación positiva de nuevos operadores para ampliar las posibilidades de entrada en el mercado español
Atienza y De Quinto plantean la total independencia de Red Eléctrica de España (REE) de las empresas del sector, ya sean éstas generadoras, distribuidoras y comercializadoras. Esa incompatibilidad debería incluir la vinculación de los miembros de REE con las compañías eléctricas. Y aunque el informe sólo entra a analizar colateralmente la situación del mercado de gas, se considera necesario que las recomendaciones para REE se apliquen a Enagás.
Las tarifas y las redes son otros de los centros de atención del estudio. Y ahí se aboga por la simetría entre las tarifas de acceso y las integrales, y que, en cualquier caso, éstas 'recojan los costes reales en la medida de lo posible', por lo que deberán desaparecer las subvenciones cruzadas existentes en la actualidad.
Una metodología 'transparente y predecible', así como la fijación de la tarifas por la Comisión Nacional de la Energía (organismo para el que se pide más poder y más independencia) son otros de los aspectos del cambio normativo que se defiende. En esta línea, se añade que las funciones actuales de la CNE son básicamente 'informativas, asesoras y propositivas', mientras que son escasamente legislativas y ejecutivas.
Y los autores expresan preocupación por la tendencia a diferir costes y por los compromisos que la Administración toma con las eléctricas que repercutirán en las tarifas de años futuros, como la titulización del déficit tarifario que se une a la recuperación de los costes de transición a la competencia (CTC), para los que se propone que su recuperación no supere el año 2007.