Parches para la ley antiterrorista
David Cole, profesor de la Facultad de Derecho de Georgetown, le contaba la semana pasada a The New York Times que el fiscal general del Estado, John Ashcroft 'ha estado disparando en la oscuridad y ha errado todos los tiros'.
El comentario se hizo tras conocerse el lunes un informe del inspector general del departamento de Justicia, Glenn Fine, en el que se detalla cómo desde esta instancia del Gobierno se ha abusado de las leyes de inmigración y se ha podido detener sin cargos durante una media de 80 días a personas (mayoritariamente árabes y musulmanes), no importa lo débil de las evidencias, sospechosas de actos terroristas. De acuerdo con el informe, 84 personas estuvieron confinadas en Brooklyn en celdas altamente restrictivas, cargados de cadenas cuando salían de ellas. Dice Fine que se ha aplicado una ley antiterrorista a 762 personas detenidas por cuestiones de inmigración.
El FBI ha terminado por liberar a la mayoría de estos presuntos culpables, por falta de pruebas aunque muchos han sido deportados a países de donde salieron por motivos que les impedían volver. Pero a día de hoy quedan todavía detenidos cuyos nombres y acusaciones se desconocen. Y lo peor es que el informe Fine sólo se refiere a aquellos detenidos por violaciones de leyes de inmigración cuando desde el 11 de septiembre se han detenido de forma preventiva a cerca de 5.000 personas, sin contar con los presos de Guantánamo. Hasta ahora, sólo dos de estos detenidos preventivos, han estado ante el juez.
Pero ni este informe le saca los colores a Ashcroft. El fiscal no tuvo tiempo esta semana por 'motivos de agenda' para hablar de un estudio que presenta 'significativos problemas' algo que muchos califican directamente de quiebra del Estado de derecho. Eso sí, la portavoz de Ashcroft dijo que 'el departamento no pide disculpas'.
De hecho lo que pide es más. Tres días después de conocerse el informe, el fiscal tuvo una audiencia en el Congreso para reconocer que la ley (USA Patriot Act), puesta en marcha hace 18 meses como respuesta a los atentados en Nueva York y Washington, tiene algunos agujeros que hay que parchear. No se refirió a las garantías judiciales que asiste al detenido. No. Ashcroft defendió con ardor 'los agresivos arrestos en la guerra contra el terrorismo', dijo algo que el resto desconocía: que esta ley ha permitido parar a más de 3.000 'soldados del terror' y pidió más poder para mantener las detenciones indefinidamente y poder pedir la pena de muerte a más personas acusadas de terrorismo. Si no se parchean los puntos débiles de esta ley, que vence en 2005, los terroristas 'pueden minar nuestras defensas', dijo.
El Congreso no parece estar receptivo. El mes pasado el Senado (de mayoría simple republicana) negó la posibilidad de hacer permanentes algunas de las provisiones de la ley. Además, en las cámaras se oyen voces como la del demócrata Robert Scott, que sugiere que el informe Fine (que no saca conclusiones, solo expone hechos) detalla conductas criminales por parte de la justicia o la de Sheila Jackson, también demócrata, quien comentaba que su temor es que 'estemos cambiando la cultura de América, las protecciones reconocidas por la Primera y la Quinta enmienda'. El republicano James Sensenbrenner, líder del comité judicial, avisó a Ashcroft de que su apoyo a esta ley no es 'ni perpetuo ni incondicional'.