La hora de las pensiones
El Partido Popular puso ayer en marcha la maquinaria de la reforma de las pensiones. Ha esperado a que pasasen las elecciones para llevar a la comisión parlamentaria encargada del asunto su propuesta de reforma, esbozada de forma eufemística bajo el propósito de reformar la proporcionalidad y la contributividad en la determinación de las pensiones. Aunque para los políticos ningún momento es bueno para acometer el problema de las pensiones por el nerviosismo electoral que genera, el Gobierno tiene ante los ojos varios ejemplos en países europeos con más problemas financieros en las prestaciones públicas que España.
El modelo español tiene mejor salud que los demás por un problema generacional doble: inmadurez del sistema y buena situación de los ingresos, en parte también por la inmadurez del mercado de trabajo. Pero no es bueno dejar las soluciones para las emergencias, como ha ocurrido en Francia y en Alemania, en los que el riesgo de quiebra es real.
El Gobierno pretende, a juzgar por la presentación de sus intenciones realizada ayer por el PP, incrementar la contributividad del sistema, elevando el número de años cuyas cotizaciones se toman para determinar la cuantía de la pensión. En otras palabras: utilizar lo aportado durante toda la vida laboral para lograr que la prestación de retiro refleje fielmente el esfuerzo de cada trabajador. Así se termina con una fórmula como la actual, que premia a unos colectivos y castiga a otros en función de si su contribución mayoritaria al sistema se ha hecho, por circunstancias de su carrera profesional, al principio o al final de la vida laboral. Ahora se contabiliza la aportación de los últimos 15 años; pero hace sólo una década se tomaban ocho, y hace 18 años se determinaba la pensión con sólo dos años de aportación. Era un mecanismo que permitía la compra fraudulenta de una pensión pública, cotizando sólo unos pocos años al final de la vida laboral. La reforma pretende reforzar las finanzas de la Seguridad Social y evitar, de paso, que alguien se lleve lo que no ha pagado.
Este cambio, aparentemente radical pero instalado en todos los países europeos, incluidos Portugal y Grecia, tiene un coste para los perceptores. En condiciones normales, estirar hacia el pasado el cómputo supone incluir en el cálculo aportaciones menores, ya que la retribución crece con los años por promoción y antigüedad. Pero no en todos los casos. Un mercado de trabajo como el actual, que expulsa a empleados en el umbral de los 50 años, deja a miles de españoles a los pies de la Seguridad Social con sus últimos 15 años con cotizaciones de subsidio de paro, en el mejor de los casos.
En definitiva, la reforma es necesaria. Pero debe hacerse con cautela y progresividad, no ignorar los derechos adquiridos y evitar efectos expulsivos. Y si fuere más allá, con recortes en la prestación por cambios en la fórmula de cálculo, debe ser progresiva para que los afectados en el futuro puedan defenderse con fórmulas alternativas de previsión.