Las pensiones y los miedos
Los mensajes emitidos por el partido en el poder y por la oposición ante las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo sirven a los autores para detectar tanto excesos como carencias en sus programas económicos
La campaña electoral vivida durante las tres semanas previas a las elecciones del pasado domingo ha estado entreverada por las noticias que llegaban de Europa sobre los grandes conflictos sociales y políticos derivados de las decisiones de una serie de Gobiernos, encaminadas a reformar los sistemas públicos de pensiones de sus países, siempre en dirección de recortar derechos y reducir cuantías.
Los casos con mayor eco mediático durante este mes de mayo han sido los de Francia, Alemania y Austria. Las huelgas generales o parciales y las manifestaciones en la calle han tenido excepcional calibre, con ejemplos como los de Austria, donde hay que remontarse medio siglo atrás para recordar una huelga similar a la del 6 de mayo, o la de Francia una semana más tarde, donde el precedente, por su magnitud, en un país en el que el ejercicio de la huelga es bastante frecuente, hay que encontrarlo en 1995.
Cabía esperar de un personaje como Aznar, cuya zafiedad política ha subido muchos enteros los últimos tiempos, que aprovechara, como efectivamente hizo, la lógica inquietud que entre nuestros pensionistas podían producir las noticias de Europa -por aquello de que cuando las barbas de tu vecino veas pelar...-, para lanzarles un mensaje de alarma y advertirles de que, si el PSOE ganaba las elecciones, las pensiones peligrarían.
En otras palabras, fiel a su acentuado derechismo, se dedicó a meterles miedo sin base de ningún tipo, pero pensando que el miedo en estos casos actúa de prevención frente a los cambios.
Para ensombrecer un poco más el panorama electoral, y con ese don de la oportunidad que muestra con relativa frecuencia la Comisión Europea mediante sus insólitas aportaciones al euroescepticismo, resulta que el 19 de mayo los medios de comunicación daban apreciable relieve al informe de la Dirección General de Asuntos Económicos y Monetarios de dicha Comisión, en el que, al referirse a España, insiste en la necesidad de atajar cuanto antes el problema de sostenibilidad financiera futura de nuestro sistema de pensiones, dados los negros vaticinios que nos aguardan a medio siglo vista. Enternece el desvelo de la Comisión por la pensión de nuestros hijos y nietos, y que para protegerles nos presione para que hagamos grandes reformas -léase recortes- el año que viene.
Es pura especulación deducir que los miedos o los falsos augurios sobre las pensiones hayan podido influir en los resultados electorales. En todo caso, no han impedido la derrota del PP en cuanto al número de votos, lo que siempre es bueno para la democracia y las políticas redistributivas.
Pero más allá del no por previsible menos penoso espectáculo de comprobar que ni los compromisos explícitos del Pacto de Toledo de no utilizar el tema de las pensiones como arma electoral, o la crítica hacia la falta de ética política por alarmar sin fundamento alguno a los pensionistas, habrá que alzar la voz una vez más pidiendo mayor seriedad en el tratamiento de un asunto tan sensible como éste.
Sin obviar uno sólo de los problemas que puedan derivarse del envejecimiento de la población, de la situación del mercado de trabajo, de las perspectivas de crecimiento económico y de cualquier otro factor que tenga que ver con la financiación futura de las pensiones, lo cierto es que nuestro sistema contributivo está tan saneado y tiene muchísimas posibilidades de estarlo todavía más los próximos 15 años, que el problema es hoy para algunos el de qué hacer con su fuerte superávit -unos 6.000 millones de euros sólo en 2002- y ante unas perspectivas de acumulación que se consideran inapropiadas frente a la baja cuantía de una serie de pensiones.
En lugar de atemorizarles, habría que haberles explicado a los pensionistas que nuestra situación poco tiene que ver con la de esos países. Aclararles, aunque no sólo a ellos, que, por ejemplo, esa misma Comisión Europea acaba de elaborar un exhaustivo informe sobre la adecuación y viabilidad de las pensiones en el que, tomando como referencia los últimos datos contrastados -año 2000-, aparece que en Francia el porcentaje del PIB dedicado a pensiones públicas es del 12,6%; en Alemania, del 10,8%; en Austria, del 14,5%, y en Italia, del 13,8%. En España la cifra que ofrece el susodicho informe es del 8,4% del PIB. Es decir, aquí dedicamos una proporción de nuestra riqueza al pago de pensiones abultadamente menor que esos y otros cuantos países de la UE.
Para hacerse una idea más acabada de lo alejados que estamos de la situación de tales países, baste decir que el Ministerio de Trabajo tiene elaborados estudios bastante rigurosos en los que se estima que en 2020 gastaremos en pensiones prácticamente la misma proporción del PIB que gastamos en la actualidad y que para 2040 se elevaría hasta el 12,6%, esto es, la misma proporción que hoy se dedica en Francia.
Bien está prever el futuro y actuar con responsabilidad. Pero eso ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo.