Matas necesita pactar para cambiar la política urbanística en Mallorca
El virtual presidente de Baleares, Jaume Matas, ya ha anunciado que está dispuesto a pactar con Unió Mallorquina (UM) para gobernar en Mallorca. Pero el partido nacionalista de María Antonia Munar exigirá no sólo la presidencia del Consejo Insular de la isla, sino también un Gobierno en solitario. Un precio demasiado alto para los dirigentes del PP.
La mayoría absoluta conseguida por Jaume Matas en Baleares no le será de mucha utilidad a la hora de reconducir la futura política urbanística y territorial de Mallorca, la principal isla del archipiélago. Matas tiene los 30 diputados que conforman la mayoría absoluta en el Parlamento balear, pero no tiene mayoría en el Consejo Insular de Mallorca, donde ha conseguido 16 consejeros de los 33 que componen la institución insular. En Mallorca, los tres consejeros que ha logrado UM vuelven a ser claves para reorientar la política de la isla mayor del archipiélago.
El Consejo Insular no es una institución cualquiera, ya que tiene las competencias en exclusiva de cuestiones tan fundamentales como ordenación del territorio, política urbanística o carreteras. En uso de estas competencias, la institución presidida hasta la fecha por la propia Munar gracias al pacto con Francesc Antich aprobó en el año 2000 una estricta moratoria urbanística, ampliada después en 2001, que impide a los ayuntamientos situados en las zonas costeras de las islas, incluido el de Palma de Mallorca, la concesión de nuevas licencias para construir viviendas plurifamiliares.
La moratoria seguirá en vigor hasta que la institución insular apruebe de forma definitiva el plan territorial. Los efectos de este parón en la construcción no comenzaron a notarse hasta el año pasado: si el ritmo de nuevas licencias era de unas 10.000 al año antes de la moratoria, en 2002 el visado de nuevas viviendas descendió a la mitad.
El ritmo de la construcción se mantuvo durante el cuatrienio 1998-2002 gracias al stock de licencias ya concedidas previamente que tenían los constructores. Durante ese periodo se inició la construcción de 47.590 viviendas y, en enero de 2003, el número de empleados en la construcción era de 58.323 frente a los 43.727 de enero de 1999. Sin embargo, tras el descenso de 2002 y la previsible caída en picado de 2003 como consecuencia del parón de licencias, los constructores y promotores de Baleares han hecho saltar la voz de alarma: el stock de licencias otorgadas se ha acabado y el sector -y con él los 58.000 trabajadores- corre el riesgo de sufrir un colapso si no se levantan las moratorias.
Pero el reparto de fuerzas en el Consejo Insular no permite al PP levantar en solitario estas medidas cautelares de contención del crecimiento. Munar vuelve a ser esencial para definir la futura política de Mallorca, al menos en materia territorial, y juega con una baza importante para negociar.
El municipio de Calvià, que acoge un tercio de las plazas turísticas de Mallorca, ha sido un bastión socialista desde 1983. En estas elecciones, por primera vez en la historia, se ha producido un empate a concejales entre socialistas y populares y el único concejal de UM decidirá quién será el alcalde.
La obligación de negociar las políticas territoriales con UM tiene otro punto esencial en las carreteras, que también está en manos exclusivas del Consejo Insular. Matas ha prometido la construcción de tres nuevas autopistas sin peaje en las islas, pero UM está en contra de la construcción de vías rápidas. Matas está de nuevo atado de pies y manos, a pesar de que tiene garantizados 350 millones de euros procedentes de un convenio de carreteras firmado con el Gobierno en su época de presidente y que el Pacto de Progreso no ha llegado a ejecutar.