Sobre la participación electoral
Existen numerosos ejemplos del modo en que las actitudes de los partidos políticos han condicionado la participación, desde la experiencia del referéndum de la Constitución de 1978, donde la llamada a la abstención por parte de grupos nacionalistas, sobre todo el vasco, republicanos y otros extremistas, redujo al 67,1% la participación que sólo dos años antes, con motivo del referéndum de la Reforma Política, había sido del 77,7% del electorado, y la más remota experiencia de las elecciones legislativas de 1933, donde la llamada de la influyente CNT a la abstención, unida al hecho de que, por primera vez en nuestra historia, votaran las mujeres, redujo la participación del 70,1% que se había producido en 1931 hasta el 64,9% (el cambio de actitud de la central anarquista elevó en 1936 la participación hasta el 72%).
En estas elecciones del 25-M, los partidos políticos, al no contar con indicios de cuál iba a ser la participación electoral, puesto que los sondeos electorales no han aportado esta información, y dado lo reñidos que aparecían los resultados en dichos sondeos, vieron la clave de ganar en la movilización de habituales abstencionistas que pudieran integrarse en sus correspondientes clientelas, llámense ancianos impedidos, jóvenes antibelicistas, colectivos gays o monjas de clausura.
De esta forma, gran parte del interés de estas elecciones municipales y autonómicas, a las que todos han querido dar carácter de elecciones preliminares de las generales, se ha desplazado hacia los niveles de participación y, por supuesto, hacia el comportamiento, presuntamente determinante del resultado, de quienes en circunstancias normales se hubieran abstenido de votar.
Al facilitar el ministerio la participación de los votantes hasta las 18 horas, un 54,3% del electorado, y proyectando la experiencia de anteriores elecciones en cuanto a la frecuencia del voto por periodos horarios, ya se veía que la participación final se situaría en torno al 69,8%. El resultado oficial no confirmó exactamente estas expectativas, al arrojar una participación del 67,8% al cierre de esta edición, lo que supone un incremento de casi cuatro puntos porcentuales sobre la participación que registraron las elecciones municipales de junio de 1999. Cabe preguntarse quiénes son los colectivos que se han conseguido movilizar sobre las elecciones anteriores. Una visión rápida de las cifras disponibles con el 60% de los votos escrutados permite aventurar que tanto la derecha como la izquierda han rescatado parte de sus electores potenciales y, por ejemplo, junto a las mayores movilizaciones del cinturón industrial de Madrid, los distritos de la capital con mayores participaciones son los que históricamente se han venido pronunciando por la derecha. Es destacable también la extraordinaria participación registrada en los municipios de la costa gallega afectada por el vertido del Prestige, aunque al parecer no han ejercido un castigo al PP, y, por último, cabe señalar que la participación en el País Vasco ha sido muy alta y, al final, el casi 10,6% que suman los votos blancos proporcionan una buena idea de la estrategia seguida por el nacionalismo radical.
Pero éstas, y otras lecturas parecidas que puedan hacerse, resultan superficiales. Sería una pena que, ahora, los políticos renuncien a sacar enseñanzas del comportamiento que ha seguido la población. Al fin y al cabo, ellos han incitado a las personas a votar de acuerdo con sus mensajes, a veces positivos y desgraciadamente muchas veces de miedo y crispación, y en la ingente cantidad de cifras que se han generado en estas elecciones pueden encontrar las claves de lo que piensa la población de dichos mensajes.
Del análisis de la participación pueden extraer la importante consecuencia de qué grupos sociales se sienten integrados y qué otros grupos están desvinculados de la vida pública. Para este análisis no precisan hacer encuestas, por útiles que sean a pesar de sus imprecisiones, sino que cuentan con las relaciones de votantes de las mesas electorales donde ha sido preceptivo anotar una 'v' junto al nombre de cada persona que ha ejercido su derecho al voto. Con la necesaria anonimización a que obligan las leyes de protección de datos, puede hacerse, a través de una muestra bien diseñada, una explotación estadística de la participación, y por tanto de la abstención, en función de las características personales del censo electoral (edad, sexo y nivel de estudios), de las múltiples características socioeconómicas de las secciones censales que se conocen por los censos de población y por ámbitos territoriales tan detallados como se quiera.
Todo un reto hasta ahora pendiente, a pesar de que los datos están ahí, esperando.