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Columna
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Subasta electoral de vivienda social

El problema de la falta de viviendas a precio asequible para los jóvenes, que lógicamente quieren independizarse de sus padres o formar una nueva familia, ha emergido como uno de los temas más polémicos de la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas.

Los elevados precios de la vivienda no son una realidad nueva en nuestra sociedad, aunque en los últimos tiempos se ha agudizado esa problemática porque las políticas públicas aplicadas en nuestro país, en este campo, se han relajado de forma significativa. La mejora relativa en el coste de este bien tan necesario, que se produjo en la última década del pasado siglo, se debió al efecto combinado de la bajada de los tipos de interés de las hipotecas y la ampliación de los plazos de amortización de esos créditos e hizo creer a nuestros gobernantes estatales, autonómicos y locales que ya se había encontrado una buena solución duradera al problema. Se acrecentó por tanto la creencia de que ya no era tan necesario como antes intervenir con políticas públicas para garantizar y favorecer el derecho al alojamiento de los ciudadanos.

Sin embargo, el mercado fue absorbiendo la aludida baja relativa del coste hasta neutralizar sus efectos debido a la presión de la demanda. Porque hay que reconocer que el mercado de la vivienda es muy diferente al de otros tipos de productos o servicios en la medida en que es un bien de consumo y de inversión a la vez. Su demanda está constituida tanto por aquellos que desean comprarla para ocuparla y vivir como por los que desean invertir sus ahorros en un producto que les garantiza una inversión más rentable que otras alternativas. A su vez, los que ya son propietarios prefieren que su valor aumente para poder estar bien posicionados en caso de necesitar venderla o cambiarla por una mejor. La demanda de viviendas crece a un ritmo muy superior al del crecimiento de la población; concretamente, durante la segunda mitad del siglo XX la población europea creció en su conjunto en un 31% y el parque de viviendas lo hizo en un 85%; en España esa distancia aún fue superior.

Las causas están claras por un conjunto de razones: la dimensión media de las familias disminuye, crecen las viviendas unipersonales, aumentan las familias monoparentales como consecuencia de los divorcios o separaciones matrimoniales, se alarga la autonomía residencial de las personas mayores porque vivimos más años y con más salud, aumenta la inmigración gracias a la mayor movilidad de la mano de obra a escala internacional, se mantiene la presión de la demanda de localización en el centro de las ciudades, los habitantes del campo compran viviendas en la ciudad para protegerse de las inclemencias climatológicas y el crecimiento del turismo dispara los precios en las zonas costeras y de recreo. Hay que añadir que los inversores invierten en ladrillo para protegerse de la atonía de la Bolsa y los bajos tipos de interés y colocan sus ahorros en viviendas que se mantienen vacías durante años.

Y sin embargo, en nuestro país el gasto público de todas la Administraciones ha disminuido y con ello se ha perjudicado principalmente a los jóvenes y los inmigrantes. Asimismo parece que la solución de apostar por potenciar el mercado de alquiler privado o público, como se ha venido haciendo en otros países europeos, no tiene una acogida popular entusiasta porque el papel de la vivienda como producto inversor ha calado hondo en nuestra cultura. A la vista de todo ello es totalmente lógico que la promesa de nuevas viviendas sociales o protegidas sea uno de los nuevos elementos que animan la competición electoral. Creo que hay que acogerlo positivamente, aunque se presente con una cierta apariencia de subasta de promesas que a muchas personas se les asemeja como un cierto brindis al sol.

Si muchos ciudadanos se muestran escépticos ante esta nueva promesa es porque son conscientes de que el montante de la inversión pública en vivienda ha de ser muy elevado para que tenga efectos reales sobre el mercado y dudan que sea compatible con las políticas de restricción presupuestaria, para disminuir la deuda pública, evidenciadas a través de la defensa del déficit cero.

Por tanto, no basta con promesas si en su trasfondo no se vislumbra la voluntad y sobretodo viabilidad de generar más recursos públicos, de arbitrar sistemas de ayuda más eficaces y transparentes y de asegurar la equidad en la concesión de las subvenciones que ello exige. Las competencias y responsabilidades en este campo, en nuestro país, están demasiado dispersas entre los diferentes niveles de administración, gestión y gobierno.

A mi entender, la andanada electoral de nuestro presidente de Gobierno en contra de la actuación del segundo municipio del Estado no ayuda en absoluto a la credibilidad de esta nueva oferta para mejorar la provisión de un derecho tan importante para el bienestar de la ciudadanía.

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