Las autonomías se rebelan contra el corsé del déficit cero

La política de austeridad ha llegado también a los Gobiernos autonómicos. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, estrenada hace un año, prohíbe el recurso al déficit fiscal, salvo en circunstancias excepcionales, y limita su posibilidad de endeudamiento, quedando ésta bajo tutela estatal.

Esta limitación ha levantado ampollas en no pocos Ejecutivos regionales, que han pedido a la Administración central un uso más flexible del texto, para permitir a las administraciones territoriales mayor posibilidad de financiación.

Los últimos ocho años se han saldado con continuas negociaciones entre el Gobierno central y los regionales, en un tiro y afloja en el que las comunidades pugnaban por no perder ingresos. Han sido múltiples las reuniones maratonianas en la sede del Ministerio de Hacienda en la que el consejero de Economía de turno le tocaba defender el recurso a la deuda de su región con los representantes del Gobierno. Eso o una negociación más política con el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, si había posibilidades para ello, dentro del juego de las coaliciones entre partidos. El resultado de todo ello ha sido un aumento del endeudamiento global del conjunto de las comunidades, desde los 25.900 millones de euros, en 1995, hasta los 41.500 millones de finales de 2002.

En términos de PIB, el ratio de deuda ha registrado un proceso de ida y vuelta. En 1995 se encontraba en el 5,9% del PIB nacional, porcentaje que ha ido elevándose peligrosamente, hasta el 6,4% en 1999. A partir de ahí, se ha reducido hasta el 6% de diciembre de 2002.

El comportamiento no ha sido el mismo entre unas regiones y otras. Destaca un grupo de comunidades (Cantabria, Canarias, Cataluña, La Rioja, País Vasco y Navarra) que han ido recortando su ratio de deuda (ver gráfico). En otros casos ha permanecido prácticamente invariable (Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Galicia). Un tercer grupo (Asturias, Madrid y Comunidad Valenciana) se ha dedicado a utilizar de forma creciente el recurso a la deuda, a pesar de las llamadas del Gobierno para controlarla.

La más endeudada

En este último, llama la atención la Comunidad Valenciana, con un ratio que alcanza ya el 10,1% de su PIB regional en 2002 (6,4% en 1995), siendo la comunidad más endeuda de España en términos relativos (en términos absolutos es Cataluña, con 9.500 millones de euros). La salida de Eduardo Zaplana de la Presidencia de la Generalitat valenciana en julio de 2002 no ha acarreado un cambio en la política de fuerte endeudamiento que el ahora ministro de Trabajo llevó a cabo en sus siete años al frente del Gobierno regional. Si en este periodo, la Generalitat aumentó la deuda 4.200 millones de euros, en el segundo semestre de 2002 el aumento fue de otros 222 millones, lo que dejó el saldo a final de año en 6.870 millones, un 5,27% más que en 2001. Los gastos corrientes volvieron a comerse el Presupuesto ordinario en 2002, hasta el punto de que la Generalitat tuvo que pedir prestado a los bancos 384 millones.

La Generalitat intentó minimizar el déficit mediante el desvío de inversiones a empresas públicas, cuya deuda supera ya 2.200 millones de euros. La política del Gobierno valenciano ha sido denunciada por algunas formaciones políticas.

'No se puede permitir que el Ejecutivo central haga concesiones a comunidades como la Valenciana, de su mismo color político, permitiéndole elevar su deuda, como hizo el año pasado, mientras otras no han tenido esa suerte', comenta a Cinco Días Francisco Fernández Marugán, portavoz de Presupuestos del PSOE en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. El año 2003 es crucial. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano participado por representantes de la Administración central y de los Gobiernos regionales, ha acordado, siguiendo la tesis del Ministerio de Hacienda, que la deuda viva de las comunidades sea a finales de año la misma que la que tenían a 31 de diciembre de 2002 (41.527 millones de euros).

Por tanto, las comunidades podrán financiarse a corto plazo por encima de este límite, pero a finales de año no podrán superarlo. Ello supone una clara cortapisa al posible endeudamiento, cuando aún no se sabe el efecto sobre las finanzas regionales de la aplicación del nuevo modelo de financiación autonómica, negociado y aprobado hace sólo un año y medio.

De momento, algunas comunidades, como la catalana, presidida por Jordi Pujol, ya han puesto el grito en el cielo, pidiendo una revisión del modelo ante el exceso de gastos sobre lo inicialmente pactado.

El Gobierno catalán, con el consejero jefe, Artur Mas, a la cabeza, se queja de que un buen número de leyes estatales, aprobadas en los últimos meses, como la reforma de la educación o el seguro por desempleo, suponen incrementos adicionales en el gasto, posteriores al periodo de negociación del modelo de financiación regional, por lo que debe actualizarse el acuerdo.

A ello se une la pretensión de CiU de dar vía libre a un nuevo Estatuto de Autonomía, similar a los conciertos vasco y navarro, con plena competencia en la gestión de los ingresos y que amplíe el recurso a la deuda.

Pero desde el PP se recuerda el exceso de gasto en algunas regiones. 'Cataluña tiene los gastos corrientes sobredimensionados, algo en que ha incurrido el Gobierno de la Generalitat en los últimos años', advierte el portavoz del PP de economía en el Congreso Jordi de Juan.

De Juan diferencia la actitud de las comunidades que han decidido controlar el déficit, 'por convicción política', de las que lo están efectuando por 'pura obligación legal'. Además, resalta el 'esfuerzo del Estado en inversión pública, que ayudará a sufragar el gasto de las regiones en esta materia'.

Pero las necesidades de las comunidades no sólo se circunscriben a las infraestructuras. La siempre deficitaria sanidad también contribuye. La asunción de competencias por todas las comunidades está poniendo sobre la mesa las enormes necesidades de financiación en un contexto de rigor presupuestario y endeudamiento limitado. El Sistema Nacional de Salud gastará este año más de 36.000 millones de euros, de los que 35.459 millones serán desembolsados por los servicios autonómicos de salud.

Modelo hasta 2004

La decisión de elevar sustancialmente los sueldos del personal sanitario y la imposibilidad de control del gasto farmacéutico (hasta marzo creció un 15%) están provocando este año las primeras tensiones financieras, que, por otra parte, ya eran frecuentes entre las comunidades que tenían asumida la sanidad desde hace varios ejercicios. Es el caso de Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, que suman una deuda sanitaria de más de 2.000 millones de euros. El mayor es el catalán (más de 900 millones de euros), que se eleva a razón de 200 millones al año.

Desde el Ministerio de Hacienda se insiste en que no habrá revisión del modelo de financiación hasta 2004. Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro recalcan que la pretensión de reformulación del endeudamiento autonómico (posibilidad de mayor flexibilidad) 'tiene claros tintes electoralistas', ante la cercanía de las elecciones del 25 de mayo.

Mientras tanto, las comunidades autónomas prevén que su gasto global (la suma de sus Presupuestos) alcance por primera vez al del Estado en 2003, con una estimación de 111.900 millones de euros, el 40% de todos los recursos públicos.