Del rigor presupuestario a la reforma de las finanzas territoriales
Los ejes programáticos de los principales partidos políticos para las elecciones autonómicas y locales del 25 de mayo están más centrados en incluir promesas de inversión (mayor gasto público, que es lo que aprecia el ciudadano de a pie) que medidas ligadas al endeudamiento, que supongan recorte de recursos.
No obstante, existen notables diferencias entre las principales formaciones políticas sobre cómo debe ser entendido el recurso a la deuda. La consigna del Partido Popular es el rigor presupuestario y el control del endeudamiento. Ni un euro más en deuda que el aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (41.500 millones de euros de saldo vivo para el conjunto de regiones, límite que no debe superarse a 31 de diciembre de cada año).
Sólo Galicia tendría permiso para incurrir en déficit y mayor deuda, para financiar parte de los gastos extraordinarios derivados de la catástrofe provocada por el petrolero Prestige. La dirección del PP propone la supresión parcial del impuesto de sucesiones (cedido a las comunidades), especialmente el gravamen a las herencias a favor de hijos menores de 21 años, y bonificaciones en el IAE, IBI, impuesto sobre construcción y tramo autonómico del IRPF.
La pérdida de ingresos sería financiada, para no recurrir a la deuda, a través de la variación de topes en otros impuestos regionales y locales (la ley de Haciendas Locales autoriza a los municipios a elevar el gravamen de los tributos locales, o establecer bonificaciones si así lo consideran oportuno).
Por su lado, el PSOE parte de un modelo diferente. Propone la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por 'arremeter contra la autonomía de las comunidades y asfixiar a los ayuntamientos'. Sugiere un mayor esfuerzo inversor en infraestructuras en las comunidades autónomas, aunque 'sin poner en peligro el equilibrio presupuestario', algo que se conseguiría con la racionalización del gasto. El recurso a la deuda se podría elevar permitiendo un ligero déficit a las comunidades.
Otro punto del programa socialista es abordar un nuevo modelo de financiación de los municipios (la reforma de la ley de haciendas locales entró en vigor en enero) con la participación de los Gobiernos regionales, debiendo garantizar una coherencia con la financiación de todas las Administraciones públicas. Ello iría unido a la creación de un fondo de nivelación 'que elimine la discriminación' de los pequeños municipios.
El PSOE propone que el Estado tenga en cuenta el gasto adicional contraído por los ayuntamientos como consecuencia de la prestación de servicios de titularidad de otras administraciones. Los municipios deberían participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Por su parte, Izquierda Unida propone, frente al recurso a la deuda, obtener mayores ingresos potenciando la progresividad fiscal (aumentar la carga a los contribuyentes con rentas más altas), sobre todo a través de los tributos directos (IRPF y sociedades). Sería completado con un plan de racionalización del gasto para transferir fondos a las comunidades.