'El 25% del suelo que salga al mercado será para vivienda protegida'
Es alcalde de Barcelona desde el 26 de septiembre de 1997. Joan Clos (1949) heredó a media legislatura el cargo de su predecesor Pasqual Maragall y en las elecciones de 1999 ratificó su valía y logró el mejor resultado obtenido por los socialistas catalanes en Barcelona, 20 concejales, a uno de la mayoría absoluta.
Es médico anestesista y durante todo su mandato ha apostado por un gobierno tripartito junto a Iniciativa per Catalunya y ERC. Pese a configurar un gobierno marcadamente de izquierdas, CiU le acusa de aplicar una política conservadora, sobre todo en el tema de utilización del suelo.
Pregunta. ¿Es la vivienda el mayor problema de Barcelona? Hay jóvenes que no pueden acceder a la compra de un piso o gente mayor con necesidad de trasladarse a una casa con ascensor. ¿Se puede hacer algo?
Respuesta. El mercado inmobiliario ha vivido un boom. Nosotros proponemos medidas macroeconómicas, que son las que pueden solucionar el problema. Primero, la promoción pública de vivienda asequible de alquiler, el fomento de la rehabilitación y la construcción de vivienda protegida. Cuando el mercado va bien, la vivienda protegida desaparece del mapa y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para mantenerla cuando más se necesita, que es cuando suben los precios.
P. CiU asegura lo contrario. Dice que es insuficiente y que ustedes actúan como un gobierno de derechas.
R. Mire, en los últimos cuatro años, hemos conseguido que en Barcelona el 16% de los pisos sean de protección oficial. Además, dentro de los proyectos de transformación urbana que realizamos hemos fijado que el 25% del suelo sea para vivienda protegida y eso nos permitirá ir incrementando el porcentaje total hasta lograr este objetivo. En Cataluña, en el mismo periodo, el promedio de vivienda de protección es del 8%. Se da la paradoja de que en la ciudad más cara de Cataluña en vivienda es donde más pisos protegidos se están haciendo.
P. Pero ese porcentaje se da en la principal actuación urbanística que vive Barcelona que es el Forum 2004.
R. Claro que se da, pero está en el municipio de Sant Adrià del Besós que comparte el proyecto urbanístico con nuestra ciudad. Mire, la vivienda protegida ayudará a reducir el problema, pero los ayuntamientos con las políticas locales no daremos una solución definitiva. Pensar o decir eso es hacer demagogia.
P. ¿Se necesitan incentivos fiscales al alquiler?
R. Sí. Incentivos a promotores e inquilinos. Ahora la fiscalidad y los bajos tipos de interés incentivan la compra. El propio Banco de España ha alertado sobre el riesgo que supone para el país que el 84% del ahorro privado esté inmovilizado en vivienda.
P. Usted ha puesto en marcha un sistema de promoción de viviendas de alquiler.
R. Sí, dentro de nuestras posibilidades. Hemos hecho un programa de apartamentos de alquiler para jóvenes. Hicimos 500 pisos en el anterior mandato, durante éste hemos hecho 1.056 y en el próximo queremos hacer 2.000 más. Alquilamos los pisos a los jóvenes durante cinco años a precios bajos para que les sirva de puente para acceder a una vivienda.
P. ¿Y queda suelo para hacer vivienda protegida?
R. En Barcelona, poco, pero en el área metropolitana hemos acordado que en las zonas de nueva promoción urbanística sea del 50% el porcentaje de pisos protegidos. Tenemos que hacer un plan metropolitano de vivienda asequible.
P. Tradicionalmente, Barcelona ha financiado grandes operaciones urbanísticas mediante el intercambio de suelo: Sagrera es un ejemplo. ¿Esto se ha agotado?
R. En cierta manera. Los proyectos de transformación de Barcelona ya no dan margen. La perspectiva de crecimiento es metropolitana.
P. Es posible que Pasqual Maragall gane la presidencia de la Generalitat en otoño. ¿Es el momento de reactivar el renacimiento del área metropolitana de Barcelona? ¿Qué modelo organizativo debería establecerse?
R. Hemos de simplificar las siete administraciones que coinciden sobre el territorio metropolitano y hacer una sola. Debe ser una organización supramunicipal, pero de régimen local, ya que algunos tienen la idea de que debe ser una administración dependiente de la Generalitat.
P. ¿Quién presidirá el área?
R. Debería ser el alcalde de Barcelona, como ahora hacemos en la Mancomunidad de Municipios. Nunca el presidente de la Generalitat.
P. ¿Debería existir el cargo de gestor del área?
R. No pensamos en un modelo de corporación empresarial, sino en un modelo de autoridad municipal, con una comisión de gobierno y una estructura organizativa con un presidente y un vicepresidente ejecutivo que sea el responsable de llevar la gestión cotidiana.
P. ¿Qué solución propone para el tema de la financiación local? Todos los grupos parece que han pactado que el modelo debe ser el que marca la Carta de Barcelona
R. Sí, tenemos un acuerdo general sobre la necesidad de una cesta de impuestos con unas transferencias del Estado importantes para ir recuperando el peso financiero que tienen los tres niveles de Administración: central, autonómico y local.
P. La inseguridad en Barcelona ha crecido y hay críticas a la reducción de la plantilla de la Guardia Urbana que se ha realizado.
R. Nosotros cumplimos los estándares fijados. Tenemos 1,56 guardias urbanos por 1.000 habitantes. El acuerdo tácito entre todos los ayuntamientos es que la plantilla idónea es de 1,2, por lo que tenemos un margen muy importante. Estos ratios se presentaron ante el Parlamento de Cataluña. Además, estamos a la espera del despliegue de los Mossos d'Esquadra en 2005, de forma que tendremos 2,2 policías nuevos por 1.000 habitantes. Es decir, que tendremos unos 3.300 policías más. El problema es que estamos en una transición de una policía que se va a una que viene. Y este tránsito, en vez de hacerse compartiendo el territorio, se hace por sustitución. Ahora la Policía Nacional está desmotivada para venir, ya que sabe que en dos años se irán, y eso está forzando a la Guardia Urbana a hacer muchas más tareas de seguridad que las que tiene fijadas en sus competencias.
P. ¿Pero considera que el problema es sólo policial?
R. Si el problema fuera el número de policías, en Madrid no habría ningún atraco y en estos momentos Madrid está peor que Barcelona. La seguridad no se logra con más policías, sino aplicando un sistema de justicia local que llevamos años reclamando.
P. ¿Qué hay de la atención a los mayores?
R. Estamos pendientes de pactar con la Generalitat el Consorcio de Bienestar social para atender las necesidades de una manera conjunta.
La batalla por la Carta de Barcelona
La Carta de Barcelona es un documento que, una vez pactado entre la Generalitat catalana y el Ayuntamiento de Barcelona tras años de negociación, recibió la aprobación unánime del Parlament. Desde entonces, el texto, que reclama una ley particular para Barcelona (similar a la ley de capitalidad de Madrid), está encallado en el Congreso de los Diputados, ya que la mayoría absoluta del PP ha frenado cualquier negociación.El texto de la Carta de Barcelona pretende que los ayuntamientos tengan competencias sobre justicia, algo que no está bien visto por el Gobierno central. También pide una financiación clara y transparente y reclama el refuerzo de la autoridad municipal. El único tema en el que parece que el Ejecutivo central está más abierto a negociar es la capacidad de autoorganización de los ayuntamientos, algo que el PP quiere sacar adelante a través de la Ley de Grandes Ciudades. 'Pero éste es sólo uno de los cuatro capítulos que quedan por negociar. Nosotros nunca renunciaremos a la Carta de Barcelona', asegura Clos.Para el actual alcalde, el problema de la inseguridad deriva del mal funcionamiento del sistema de justicia. A su juicio, la solución es su reforma, 'la ampliación del número de jueces, de juzgados, los juicios rápidos y la justicia local que pedimos en la Carta de Barcelona', asegura. '¡Y muchos más recursos! Nosotros estamos destinando en Barcelona entre el 0,6% y el 0,7% del PIB de la ciudad, mientras que en Europa la media es el doble de esta cifra. Si quieres tener un sistema alternativo a la prisión, debes tener jueces de vigilancia, asistentes sociales, talleres ocupacionales, etc. Es decir, recursos que actualmente no están destinados a eso y como consecuencia todas las faltas quedan impunes', afirma.'Nosotros hemos detenido más que nunca, 5.000 personas en el último año, pero los jueces, porque la ley así lo establece, los dejan ir', indica. Para solucionarlo, Barcelona ha alcanzado acuerdos con jueces y fiscales para trabajar por las tardes. 'Es una solución doméstica que nos permite aplicar los juicios rápidos desde los Juegos Olímpicos'.