En busca del comercio perdido

De todas las propuestas a debate en una campaña electoral, la regulación del comercio es, seguramente, una de las que tiene mayor calado social y, en consecuencia, una de las que despierta mayores controversias y pasiones.

Protagonista de una función básica en el desarrollo de las sociedades y referencia esencial en la conservación y dinamización de los pueblos y ciudades, el sector comercial se encuentra hoy ante el desafío de asumir una profunda transformación para adaptarse a las demandas de una sociedad moderna. Un reto ineludible en el que la libertad de horarios y la apertura en festivos, sin ser con mucho los mayores de los problemas, si se han convertido en bandera de los distintos agentes del sector y en elementos diferenciadores clave de las ofertas partidarias.

Resulta paradójico que la posición de los dos grandes partidos nacionales en la cuestión de los horarios ha tenido una evolución paralela aunque en sentido inverso.

Así, el partido socialista, que con el famoso Decreto Boyer convirtió a España en el país con la legislación comercial más progresista de la UE hasta la entrada en vigor de la descafeinada Ley de Comercio de 1996, se alinea hoy con las posiciones de los sectores más conservadores del pequeño comercio para 'frenar el proceso de liberalización de horarios ', tal y como afirma en su programa.

Mientras, el PP, que en su momento criticó con dureza la apertura del Gobierno socialista, ha impulsado desde el Ejecutivo una liberalización a plazos, que tiene como horizonte el año 2005, y que, en palabras del secretario general de política comercial, Manuel Lagares, ' es una medida equilibrada que no sería conveniente, ni se prevé, modificar'.

Porque, y a pesar de que todas las comunidades autónomas han promulgado sus propias normativas de comercio, la doctrina constitucional establece claramente como competencia exclusiva del Estado la normativa mercantil, que incluye, específicamente, la regulación de las ventas a pérdidas, de las rebajas y de los horarios y aperturas del comercio.

Basándose en esta prerrogativa, la reforma de la Ley de Comercio del año 2000 amplió en un domingo al año la apertura de festivos hasta 2005, partiendo del mínimo de ocho fijado en 1996, y dio plena libertad de horarios para los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados, además de los de las zonas turísticas.

Ante esta nueva situación sólo la Comunidad de Madrid ha optado por superar el mínimo legal y ha aprobado 21 aperturas en festivos. El resto, sin distinción del color político, se acoge al mínimo legal (11 festivos este año), con la excepción de Baleares, que redujo a cinco las aperturas autorizadas y Cataluña que ayer aprobó reducirlas a ocho .

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En este contexto, no deja de sorprender el hecho de que ninguno de los programas de los partidos que se presentan a las elecciones del día 25 profundiza en el tratamiento de algunas prácticas habituales como las ventas a pérdidas, el aplazamiento del pago a proveedores o el falseamiento de los precios de venta, que como reconoce el responsable socialista de comercio en Madrid, Antonio Carmona, 'son algunas de las prácticas lesivas de la competencia de las grandes superficies contra el pequeño comercio'. El PSOE incluye también estas prácticas anticompetitivas a la libertad de horarios comerciales, 'que potencia la posición dominante de las grandes superficies'.

Normativas autonómicas

Junto a la libertad de horarios, el segundo gran debate hoy en el sector comercial, tanto a nivel nacional como europeo, es la proliferación y dispersión de la normativa para autorizar la instalación de centros comerciales.

En la actualidad, existen en España 219 normas autonómicas sobre el establecimiento de grandes superficies, además de las ordenanzas municipales. Una situación que, desde el equipo técnico del comisario europeo responsable del Mercado Interior, Frits Bolkestein, genera situaciones de 'discrecionalidad y de inseguridad jurídica' y suponen verdaderos 'obstáculos al establecimiento transfronterizo en los servicios de distribución'.

También ha sido muy crítica la Comisión Europea con la decisión de los Gobiernos autónomos de Navarra, Asturias y Cataluña de crear un impuesto específico para las grandes superficies comerciales. Estos impuestos, que Bruselas considera 'anticompetitivos', han sido recurridos por el Estado ante el Tribunal Constitucional, por considerar que el hecho impositivo que se grava, el ejercicio de la actividad y la capacidad de negocio' están ya gravadas por los impuestos sobre actividades económicas y de bienes e inmuebles. En el caso de Navarra, responsables de los servicios jurídicos del Ministerio de Economía estiman también que, 'según el Concierto Económico con el Estado, la comunidad carece de capacidad legal para fijar impuestos de este tipo',

Un sector sólido

Polémicas al margen, las estadísticas macroeconómicas sobre la actividad comercial en España reflejan un sector sólido que en el año 2002, en un contexto de clara desaceleración de la economía, ha estabilizado el número de establecimientos comerciales, en torno a 600.000 en el conjunto del Estado; mantiene también un empleo estable, estimado en 94.000 trabajadores, con un nivel de ocupación del 92% de su población activa, casi cuatro puntos por encima de la media nacional; y registra tasas de incremento de las ventas de entre el 5% y 6% en los últimos dos años.

Andalucía es la comunidad con mayor número de establecimientos comerciales abiertos, con 111.277; seguida de Cataluña, con 106.488, y de Madrid, con 68.840. Estas dos últimas comunidades, que representan los polos opuestos en la libertad de apertura de domingos y festivos, han sufrido una pérdida de locales abiertos en el último cuatrienio que en el caso catalán, con sólo ocho festivos autorizados, se eleva a 9.572, mientras que en Madrid, con 21 festivos, llega a 3.062.

Tampoco parece tener excesiva incidencia la libertad de horarios y aperturas en la creación o pérdida de empleo en el sector, como muestran las tasas de ocupación, que en Madrid alcanza al 94,78% de los activos del sector en la comunidad, mientras que en Cataluña se sitúa en el 92,06%. Las mayores tasas de ocupación se dan en Navarra y La Rioja, que superan el 96%.