COLUMNA

Las empresas y el poder

El espectáculo de la opa de Gas Natural no sólo ha puesto al descubierto el intervencionismo del Gobierno central en la vida de las empresas, sino también el de las comunidades autónomas, concretamente el que surge de la dependencia de las cajas de ahorros de esas Administraciones.

Este último es uno de los problemas más serios en cuanto a la relación poder/empresa en el medio plazo y parece que ningún partido político se atreve a hincarle el diente. Pero, sin duda, el escándalo más importante en el corto plazo es el de las interferencias políticas del Gobierno estatal en la vida de las grandes empresas españolas.

En el caso Gas Natural, la interferencia ha sido descarada porque ni siquiera se han podido discutir los serios problemas de competencia, utilizándose para la denegación un informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) sobre actuaciones reguladas.

Otros comentaristas han explicado ya la ausencia de fundamento del informe e, incluso, el ridículo de algunos de sus argumentos, como el que intenta justificar por qué no se pusieron condiciones a la operación. Ahora deberíamos reflexionar sobre cómo podríamos acabar en España con esta vergonzosa interferencia de la política en la empresa.

Por un lado, se deberían diseñar regulaciones que pudieran ser aplicables a todos los empresarios, de tal forma que no importase quién fuera el dueño de la empresa. Si, como hasta ahora, seguimos aprobando regulaciones protectoras que otorgan privilegios a determinadas empresas, es inevitable que el Gobierno de turno se preocupe mucho de que el privilegio pase de las manos de los amigos a las de otros españoles menos controlables o a los extranjeros. Sin duda, dentro de Europa, deberíamos seguir el ejemplo del Reino Unido para diseñar una regulación sin privilegios. Es verdad que buena parte de su sector energético ha caído en manos de extranjeros, pero también es el país de Europa donde más han bajado los precios y aumentado la calidad de suministro.

La segunda línea de acción es la de conseguir que los órganos independientes lo sean de verdad. æpermil;sta no es una tarea fácil, pero también se puede aprender de otros países y, en este caso, Estados Unidos es un buen ejemplo. Los sistemas de nombramiento deben buscar el equilibrio político justamente para evitar el uso partidario de las instituciones. Otra línea de reforma es la de obligar a las comisiones a la transparencia en sus decisiones y procedimientos. Por ejemplo, en la opa de Gas Natural, los vocales mayoritarios han adoptado una decisión política en contra de los informes técnicos de la propia Comisión Nacional de Energía.

Pues bien, sería bueno que los informes técnicos se hicieran públicos, lo que ejercería una presión moral sobre los vocales más sensibles a seguir instrucciones políticas. La publicidad, la transparencia, la obligación de dar cuentas de los órganos independientes están muy lejos en España de lo que debería ser.

Pero es verdad que incluso las mejores normas no consiguen órganos independientes si los nombrados no se toman en serio su papel. El problema no es la procedencia política -en Estados Unidos y en el Reino Unido también tienen sus procedencias políticas-, sino que el nombrado sepa que, cuando pasa a formar parte de un órgano independiente, debe olvidar su adscripción política.

No es verdad que sea difícil encontrar personas que sean honestas, perspicaces y valientes (frente a las presiones de los monopolios y de los Gobiernos). Estoy convencido de, que entre los profesionales próximos al Partido Popular, PSOE, Convergència i Unió, y los demás partidos, las hay, porque, al fin y al cabo, los partidos políticos españoles cubren todo el espectro de la población y hay un montón de españoles que son a la vez honestos, perspicaces y valientes, características imprescindibles para ser un buen regulador.