La ley de buen gobierno de EE UU dispara los costes de cotizar en Bolsa
La ley que nació como respuesta a los escándalos como los de Enron y Worldcom se aplica por igual a empresas de distinta capitalización, pero según el estudio de este bufete en el caso de las compañías de capitalización media y pequeña, la media de costes añadidos por estar en el mercado se ha duplicado. Antes de que entrara en vigor la ley Sarbanes-Oxley este coste era de unos 1,3 millones de euros para empresas con ingresos anuales de 1.100 millones, ahora se estima que se ha disparado a una media de 2,5 millones, un 90,4% más.
El estudio, hecho a partir de 450 informes depositados en la SEC, entrevistas con auditoras y aseguradoras, además de una encuesta a más de 6.000 directivos, muestra cómo los costes registran una subida de dos dígitos en todas las partidas, desde los seguros por mayor responsabilidad de los directivos y consejeros (uno de los mayores costes totales) hasta los más altos pagos en concepto para las comisiones de auditoría y los incrementos de los honorarios de los ejecutivos y consejeros.
Según explica Lance Kimmel, socio de Foley & Lardner encargado de este estudio, los sueldos y las compensaciones a los directivos han aumentado y pueden aumentar aún más, porque 'las nuevas regulaciones requieren que los ejecutivos y los consejeros dediquen tres veces más tiempo a sus actividades en la empresa que requieren de ellos más responsabilidad y más autoridad'. 'No creo que esto signifique que los directivos no estaban haciendo su trabajo hasta ahora, sino que la definición de lo que es su trabajo es ahora distinta y más amplia', comenta Kimmel.
Este argumento se ve apoyado por el colegio de abogados de EE UU que ayer mismo emitió un comunicado en el que pedía que los consejeros externos tienen que abandonar la 'cultura pasiva' y reemplazarla con una 'crítica constructiva'. Adicionalmente, Kimmel subraya que la necesidad de aumentar el número de consejeros independientes, cuya definición es nueva y limita el número de quienes están cualificados para ello, ha hecho que el mercado sea más estrecho y competitivo. 'Hay que pagar más por contratarles', concluye.
Demasiado caro
Para los empresarios pequeños, este aumento de los costes se hace demasiado caro y de hecho hasta un 12,5% de empresarios han considerado ya salir del mercado por estas imposiciones. Según explican fuentes de una gran empresa española que cotiza en EE UU, la adaptación a la nueva legislación estadounidense está suponiendo un coste añadido, aunque por el momento es difícil de cuantificar. 'La puesta en marcha del sistema de control que exige la ley Sarbanes-Oxley está suponiendonos un coste fijo, el de las horas del personal de secretaría general, auditoría y otras áreas involucradas que hemos tenido que dedicar a esta labor', informa Natalia Sanmartin. A ese coste interno se sumará otro el próximo año, el de la auditoría externa que exige la ley.
'El peso de estos costes en el mercado medio de EE UU es muy alto y mayor en proporción que el de una empresa grande, porque los requisitos que se piden son los mismos', explica Kimmel. Según este abogado, en el estudio se señala que hay un beneficio en estas medidas que es aumentar la confianza del inversor y el beneficio para el accionista, 'pero hasta ahora este beneficio no se ve y sólo están sintiendo los costes'.
Los pequeños empresarios no quieren que se les exima del cumplimiento de la ley, sino que se adapte. Pero que esto ocurra es difícil una vez aprobada la ley y puesta en vigor por la SEC (el regulador de los mercados). Según Kimmel, el problema es que además hay 'muchas cosas en la agenda política y mundial que tienen prioridad, aunque creo que esto es importante a largo plazo para la salud de nuestras pequeñas y medianas empresas'.