Medidas del nuevo Pacto de Toledo

La Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo ha elaborado un informe con recomendaciones para garantizar la viabilidad financiera futura del sistema de pensiones público español gestionado por el método de reparto. El primer Pacto de Toledo reconoció la no viabilidad del sistema y propuso la ampliación a 15 años del periodo de cálculo de la pensión; en el actual informe se reconoce la necesidad de ampliar dicho plazo.

Dos son las causas de la no sostenibilidad financiera del sistema: la falta de equidad -la proporcionalidad que debe existir entre lo aportado por cotizaciones sociales y las pensiones a percibir- y el fuerte envejecimiento que se va a producir en la sociedad española. Vamos a exponer el marco de las medidas que podrían adoptarse con tal finalidad y analizaremos dentro de las mismas las propuestas efectuadas por la Comisión del Pacto de Toledo.

Una vez emitido el informe definitivo, el Gobierno lo presentaría a las representaciones sindicales para que formulen las observaciones que estimaran pertinentes, y después se convertiría en proyecto de ley. De ahora en adelante estaremos en proceso electoral continuo; elecciones municipales y autonómicas, que finalizarán con las elecciones generales a celebrar en el primer cuatrimestre del próximo año, con lo cual, hasta la próxima legislatura no se iniciaría en las Cortes la discusión de la reforma. Considero que inmediatamente de acabarse los procesos electorales, el proyecto de ley debe tener entrada en el Congreso.

Pasamos a analizar el conjunto de medidas que son necesarias para corregir la falta de equidad del sistema:

Extender a todo el periodo contributivo la base reguladora para calcular la pensión. El trabajador tiene una carrera profesional en la cual normalmente habrá ido ascendiendo, proporcionándole ingresos cada vez mayores; su cotización a la Seguridad Social ha ido subiendo en función del incremento de sus salarios; por tanto, para que exista equivalencia financiera, debe darse conexión de la pensión con todas las cotizaciones efectuadas. Así se corregiría la fuerte rebaja que se produce en la pensión de aquellos trabajadores que quedan en paro al final de su vida activa, y por otro lado todo trabajador que haya cotizado a la Seguridad Social tendría derecho a una pensión en función de lo cotizado y del número de años, desapareciendo el número mínimo de años de cotización para tener derecho a pensión.

Alargar la edad de jubilación. Es una de las medidas de mayor importancia para corregir la falta de equidad del sistema, ya que la relación entre periodo medio de cotización a la Seguridad Social y periodo medio de percepción de la pensión ha ido bajando, a consecuencia del retraso cada vez mayor de la entrada en el mercado de trabajo, como consecuencia del aumento del periodo de formación y por el aumento de la esperanza de vida en el momento de la jubilación. Debería establecerse en 70 años la edad de jubilación forzosa. Sobre esta cuestión el informe del Pacto de Toledo sólo se pronuncia de manera tangencial.

Consideración conjunta de los riesgos de jubilación, invalidez, muerte y supervivencia en las cotizaciones sociales. Junto a las pensiones de jubilación, existen las de invalidez permanente, de viudedad, orfandad y en favor de familiares. Dado que las cotizaciones sociales están dedicadas a financiar exclusivamente los riesgos derivados de la jubilación, invalidez, muerte y supervivencia, es necesario tener presente la consideración conjunta de tales riesgos, ya que las cotizaciones han de financiar todas las pensiones derivadas de los mismos, y por tanto si se quieren aumentar las pensiones de viudedad tendrán que rebajarse las de jubilación o las de orfandad. El informe de la comisión no hace referencia a esta cuestión, únicamente propone elevar las pensiones de viudedad, después de reconocer la no sostenibilidad del sistema en su conjunto.

Jubilaciones anticipadas. Se está haciendo por las empresas un uso abusivo de este instrumento, creado a consecuencia de la reconversión industrial que España tuvo que realizar y que tuvo su razón de ser. Supone un desperdicio de recursos humanos en un país que tiene que dar acogida a inmigrantes para mantener nuestro potencial de crecimiento. Las empresas utilizan el mecanismo de las prejubilaciones para disminuir sus costes laborales. El informe de la comisión propone limitarlas.

Igualar la pensión contributiva de todos los regímenes de la Seguridad Social. Existen regímenes, como el agrario y el del hogar, que tienen una pensión contributiva menor que la del régimen general, y en cambio la cuantía de las prestaciones son prácticamente iguales, lo que da lugar a que trabajadores de la misma generación y con igual nivel salarial paguen cotizaciones sociales diferentes para obtener pensiones análogas, conculcando el principio de equidad horizontal que debe estar presente en un sistema de reparto, y dando lugar a fuertes desequilibrios financieros. Esta cuestión fue ya abordada en el Pacto de Toledo, pero todavía no se ha producido la verdadera igualación.

Proporcionalidad con el número de años cotizados en el porcentaje a aplicar a la base reguladora para calcular la pensión. En la actualidad no se da equidad, ya que los 10 primeros años de cotización dan derecho al 50% de la base promedio de cotización (cada año de los 10 primeros pesan un 5% en la proporcionalidad), mientras que los restantes sólo ponderan un 2% por año. Tal sistema desincentiva, especialmente en los regímenes especiales, el alargamiento en el periodo de trabajo. Dado que hemos propuesto la edad máxima de jubilación a los 70 años, el 100% de la base reguladora sólo correspondería a los trabajadores que hubieran cotizado sus 40 años, contribuyendo cada año, cualquiera que sea el lugar que ocupe en el periodo de vida activa del trabajador, con el 2,5%.

Medidas a adoptar para corregir los efectos demográficos:

Alargamiento de la edad de jubilación. Tal medida tiene también efectos en la corrección de los efectos demográficos, ya que disminuye la tasa de dependencia de las personas jubiladas respecto a la población potencialmente activa.

Aumentar la tasa de actividad. A pesar del aumento que ha ido experimentando en los últimos años, que ha tenido un fuerte efecto en los ingresos por cotizaciones sociales, con incidencia en los excedentes de la Seguridad Social, lo cierto es que estamos aún lejos de la media de la UE. Hay que resaltar la extraordinaria importancia que para la sostenibilidad del sistema tiene el porcentaje de las personas potencialmente activas que se encuentran trabajando, y por tanto cotizando a la Seguridad Social.

Si después de las medidas enumeradas para corregir los desequilibrios del sistema, derivados de la falta de proporcionalidad y del envejecimiento, aparecieran déficit temporales, sería necesario rebajar la tasa de sustitución en el porcentaje necesario para volver al equilibrio, medida difícil de adoptar después de haber efectuado las que hemos ido proponiendo.