La ampliación de la UE y los sindicatos

Julián Ariza repasa el impacto económico que tendrá en España la ampliación de la Unión Europea. Sostiene que para que no peligre el modelo de relaciones laborales europeo es necesario potenciar las políticas sociales

El llamado 'efecto estadístico' nos dice que como consecuencia de la ampliación de la Unión Europea a 25 países vamos a pasar a ser automáticamente más ricos, pues la incorporación de los 10 nuevos socios rebajará la renta media del conjunto de la nueva Unión Europea. Es obvio que el efecto estadístico de marras no va a modificar, por sí mismo, nuestra renta real y demás factores que determinan nuestro nivel de vida o condiciones de trabajo. Lo que sí va a afectarlos es la incorporación de esos 10 países.

Antes de hablar de ello, no está de más comentar que, de entrada, se va a debilitar la línea argumental clásica que en España han venido utilizando los partidos políticos, las organizaciones sindicales y sociales y los analistas y comentaristas de todo tipo al señalar los múltiples retrasos que tenemos respecto de los promedios de la Europa comunitaria.

A lo largo de muchos años apenas ha pasado un día sin que algún medio de comunicación se hiciera eco de las cifras del retraso, unas veces en el gasto en protección social pública, otras en presión fiscal, en el elevado porcentaje de contratos temporales y precarios, en desempleo y siniestralidad laboral, en diferencias salariales, etcétera. Todo ello siempre en términos comparativos y casi siempre para demandar políticas que nos permitieran alcanzar cuanto antes los correspondientes promedios comunitarios.

El sindicalismo de la Unión Europea apuesta por la ampliación para que su modelo laboral pueda seguir siendo una referencia mundial

Aunque en la Europa de los 25 abandonaremos el furgón de cola en varios de los aspectos señalados, no por eso dejaremos de ser uno de los países más retrasados en algunos de ellos como, por ejemplo, en paro y precariedad laboral. No obstante, aun con estas salvedades, está claro que la situación de los nuevos socios, globalmente considerada, es bastante peor que la nuestra.

Uno de los datos con más impacto mediático es el de que los salarios medios en esos 10 países son cinco veces inferiores a los de la UE-15.

Sin duda, esto puede representar un acicate para la deslocalización de determinadas actividades, en particular aquellas intensivas en mano de obra. Pero los problemas para nosotros no son sólo los que se deriven de esos menores costes. Son también los del modelo de relaciones laborales.

Por ejemplo, de los 10 países que se incorporan, sólo tres superan el 50% de trabajadores protegidos por convenios colectivos, en tanto que otros cinco, entre ellos algunos tan relevantes como la República Checa y Hungría, apenas alcanzan a una tercera parte. En la UE-15 abarcan a más del 80%. Para más inri, en esos 10 países son escasos los convenios sectoriales y del sector público.

Si todo lo dicho no es más que un grueso perfil del panorama laboral de esos países, aún es más inquietante saber que el Ecofin viene presionando para que no se desarrolle en ellos el modelo de pensiones de la UE-15, esto es, que en lugar de homologarse con el sistema de reparto potencien el de capitalización que ya tienen. Se persigue que en el futuro no pueda hablarse de que la Unión Europea tiene un modelo social común. No hace falta decir hacia qué modelo social quieren llevarnos. En una perspectiva como la descrita puede sorprender que el sindicalismo europeo siga apostando porque continúe el proceso de integración y unidad europea, en el que van incluidas las incorporaciones en curso.

Lo hace en la idea de que es condición necesaria para que Europa pueda seguir siendo una referencia mundial y para que esté en condiciones de resistir la presión de otros modelos económicos y políticos como, por ejemplo, el de Estados Unidos, que en términos de cohesión social, políticas redistributivas y algunas cosas más, tales como sus propensiones imperiales y militaristas, son un contraejemplo para los europeos.

Los sindicatos son conscientes de que para que sus aspiraciones fructifiquen es preciso que la Unión Europea desarrolle mucho más lo social y lo político.

De ahí que en estos últimos tiempos insistan en que el Tratado Constitucional para el que la Convención Europea ha trabajado integre la Carta de Derechos Fundamentales con fuerza vinculante. Que los objetivos incluyan, entre otras muchas cosas, la consecución del pleno empleo; la igualdad de género; un alto nivel de protección social; la cohesión territorial, social y económica, y el acceso universal a los servicios de interés general. Y añade que eso empieza por otorgar poderes, competencias e instrumentos a la Unión Europea para lograrlo.

Por supuesto, resultan también imprescindibles los derechos sindicales y sociales transnacionales y conseguir una articulación de la negociación colectiva que apoye la armonización y convergencia hacia arriba de las condiciones de vida y de trabajo, así como para luchar contra el dumping salarial.

Que avance esa panoplia de objetivos es tarea que excede las fuerzas de los sindicatos y es incompatible con la derechización que encarnan los Aznar, Blair y Berlusconi. Son parte de los obstáculos a remover. Pero que la tarea sea ingente no puede obviar que resulta insoslayable.