De qué es responsable la empresa
La propuesta de que las empresas cotizadas en Bolsa publiquen un balance social es la última manifestación de una tendencia positiva que debe consolidarse. Ahora bien, ¿cuáles son las responsabilidades de bancos y empresas con la sociedad?, ¿dónde debe acabar la voluntariedad y empezar la obligación?
Las empresas, como los otros tipos de organizaciones, están sometidas a unas normativas que regulan sus distintas facetas de actividad: mercantil, laboral, medioambiental, etcétera. Y al igual que otros colectivos, las compañías tratan de eludir aquellas regulaciones que les resultan más onerosas. Así, por ejemplo, hay químicas que no gastan suficiente dinero en evitar emisiones tóxicas, y algunas constructoras subcontratan tareas a empresas con personal infracualificado (y de alta siniestralidad laboral).
Estos son dos casos de irresponsabilidad social; ejemplos de cómo algunas empresas trasladan parte de sus costes a la sociedad civil, que es quien -a través de sus impuestos- debe limpiar el medio ambiente, hacer frente a los gastos médicos, y pensionar a los afectados. En estos supuestos, la adecuada redacción de la ley y su efectivo cumplimiento deberían evitar los abusos, obligando a que las empresas sean responsables socialmente o reparen los daños causados.
Cosa distinta es la acción socio-cultural. Esta última constituye la involucración voluntaria de la empresa en la mitigación de un problema público. Lo lógico es que si la acción se comunica efectivamente a la sociedad, esta última le corresponda a la compañía con una mayor atención; por eso, la acción social se ha entendido siempre como una herramienta de comunicación y de marketing, concretada técnicamente como patrocinio, esponsorización, marketing con causa o ciudadanía corporativa. Fíjese bien el lector en que no mencionamos al mecenazgo, una práctica exclusiva de las personas físicas y restringida al ámbito cultural (porque el mecenas disfruta de la acción de proteger, algo imposible para una empresa y cuestionable éticamente para sus directivos).
En España, la acción socio-cultural la han venido desempeñando históricamente las cajas de ahorros, en una doble vertiente. En primer lugar, la propia: contribuyendo a extender los servicios financieros a quienes no los obtendrían en similares condiciones de un banco comercial (por ejemplo, ahora las cajas están concediendo hipotecas a clientes desestimados por los bancos). Y en segunda instancia, la derivada: asignando a la obra social aquella parte de sus resultados económicos que no es necesario destinar a reservas financieras.
Durante la pasada década, un creciente número de empresas españolas se ha encontrado afortunadamente con las condiciones económicas y la concienciación suficiente como para 'devolver a la sociedad' parte de lo ganado; consiguiendo adicionalmente mejorar su imagen pública, sus relaciones institucionales, e incluso sus ventas. Se trata de una tendencia que no tiene visos de revertirse. Los desastres ecológicos y humanitarios de los últimos tiempos han sensibilizado aún más a la ciudadanía -que cada vez se implica más- y están brindando nuevas oportunidades a las empresas para que demuestren su activismo socio-cultural al alinearse con sus colectivos-objetivo.
Para acabar de deslindar una y otra modalidad, véase el caso de Exxon o de Nike. Ambas empresas han destacado desde siempre en el patrocinio de la acción socio-cultural. Sin embargo, también se hicieron famosas por la irresponsabilidad social de su gestión de los negocios (polución y explotación de obreros, respectivamente). Son muchas las empresas -también españolas- que tratan de tapar su irresponsabilidad social mediante una acción social bien publicitada; una práctica rentable desde el punto de vista meramente financiero, porque sale más barata la donación pública que afrontar los costes de producir limpia y éticamente todos los días.
Pero -como en todo- esta tendencia positiva corre el riesgo de acabar en exceso y tener reacciones contrarias. El actual clima de solidaridad está propiciando que el activismo social de la empresa -hasta ahora voluntario- comience a exigirse. Que quien no lo haga se le tache de 'insensible' o 'insolidario'. Entonces estaríamos transformando la acción social en una nueva responsabilidad social de ámbito mucho más extenso. Según ese planteamiento extremo, no sólo hay que pagar impuestos a las Administraciones, y dividendos a los accionistas, sino tener previsto un dividendo social para no tener mala imagen.
Por eso conviene deslindar bien la responsabilidad de la acción en el balance social propuesto por el PSOE. Abogamos por las numerosas ventajas que aportaría finalizar con la opacidad en este campo. Pero sin que la transparencia implique confusión entre lo voluntario y lo obligatorio, ni una presión para que todas las empresas hagan acción social. Hay compañías con modelos de negocio y situaciones financieras que no se lo permiten, ¿por qué deberían ser penalizadas?
Por otra parte, el balance social puede ser instrumento de transparencia adicional, que permita al analista financiero comprobar que la empresa cumple con sus obligaciones y que los desembolsos socio-culturales voluntarios tienen una lógica, contribuyendo al mejor funcionamiento de la compañía y de la sociedad en su conjunto.