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Actividad

La OCDE baja al 2,1% la previsión de alza del PIB para España, frente al 3% de Rato

La economía española goza de buena salud, pero sigue teniendo problemas estructurales que deben resolverse con reformas urgentes. Así lo estima la OCDE en su último informe específico sobre España, hecho público ayer.

El organismo internacional ha rebajado del 2,5% (estimación hecha en otoño) al 2,1% el crecimiento previsto para España, casi un punto menos que la cifra oficial que maneja el Gobierno (3%). De esta forma, la institución se alinea con el resto de institutos nacionales e internacionales que prevén un menor crecimiento que el estimado por el vicepresidente económico, Rodrigo Rato.

Entre los principales problemas de la economía española, la OCDE destaca el persistente diferencial de inflación con la media comunitaria, 'que amenaza la competitividad' de los bienes y servicios; el gasto en pensiones, 'que es insostenible a largo plazo, dado el envejecimiento de la población'; y los vaivenes en la política de inmigración.

De cara a la alta incertidumbre económica existente, acrecentada con la guerra de Irak, la OCDE propone a España que mantenga la prudencia presupuestaria de los últimos años.

La tesis del equilibrio fiscal es acertada, a su juicio. Sin embargo, insta al Ejecutivo a ser flexible llegado el caso. 'No puede descartarse un ligero déficit para 2003; es algo que debería tolerarse, en especial si las perspectivas se deterioran aún mas', añade el informe, recordando que la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que entró en vigor el pasado año, permite déficit nominales 'en circunstancias excepcionales'.

Pero la flexibilidad presupuestaria debe ir acompañada con mejoras en la calidad de las finanzas públicas, en la composición del gasto. 'Habría que centrarse más en la evaluación de los servicios y los resultados, y no limitarse a imponer unos criterios de gasto mínimo, como está previsto en el caso de la sanidad', indica.

Negociación colectiva. Respecto al diferencial de inflación, el organismo culpa de gran parte de esta situación al sistema de negociación colectiva. En concreto, responsabiliza al uso generalizado de cláusulas de salvaguarda de ser una causa importante del problema. El secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, abundó ayer en ello, aunque señaló que son los agentes sociales (sindicatos y empresarios) los que se tienen que poner de acuerdo para llevar a cabo esta reforma, cuya negociación fue planteada a mediados de 2002 y cerrada en falso. La idea es ligar la evolución de los salarios a la productividad de cada sector, con independencia del IPC.

Apuesta por el alquiler. El mercado inmobiliario es otro sector a reformar. La OCDE pide más subvenciones al alquiler para familias con bajos niveles de renta. A cambio, aconseja restringir las ayudas a la adquisición, por ser, en su opinión, uno de los orígenes de la burbuja especulativa que se ha producido en los últimos años (exceso de demanda).

'La desaparición gradual de las deducciones fiscales para la compra resulta políticamente difícil, pero la experiencia de algunos países demuestra que es factible', indica. Ayer, De Guindos descartó que el Gobierno esté pensando en eliminar las ayudas a la compra y sí en medidas para fomentar el mercado del alquiler.

Otro aspecto importante para amortiguar el aumento del precio de la vivienda es la gestión de la oferta de suelo edificable por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. La OCDE pide que se reduzca la fuerte dependencia de los municipios, de los recursos derivados de la calificación de terrenos. Teniendo garantizada su financiación mediante el recurso a otras fuentes como tasas y precios por servicios, los municipios dejarían de entorpecer la salida de suelo al mercado y de generar tensiones inflacionistas.

Suspenso en inmigración. Por otra parte, la OCDE suspende al Gobierno en materia de política de inmigración. Recalca cómo un amplio número de vacantes del régimen de cuotas (oferta pública de la administración) queda sin cubrir, año tras año, mientras que muchos inmigrantes indocumentados tienen un trabajo estable pero no declarado. Sería necesario un mayor equilibrio entre oferta pública y demanda. La política de migración necesita ser lo bastante flexible como para permitir que los inmigrantes ilegales, cuya presencia se acepta de hecho, puedan obtener permisos de trabajo. 'Si no se encuentra el equilibrio entre la entrada legal, los controles fronterizos y las inspecciones de trabajo, la inmigración ilegal continuará socavando los objetivos oficiales de inmigración', advierte.

Además, aconseja que se mejore la integración de los inmigrantes que, en muchos casos, acaban siendo el objetivo de fraudes.

En materia de educación, el organismo propone una reforma de la financiación, sobre todo la universitaria. Sugiere, de hecho, un aumento del importe de las matrículas, que podría compensarse parcialmente con una mayor dotación de becas o con préstamos subvencionados para los estudiantes desfavorecidos. Ello impediría que de las bajas tasas de matrículas se beneficien principalmente estudiantes de familias de renta media y alta que más tarde tendrán sueldos elevados y bajo desempleo.

La OCDE presta también atención a la política de defensa de la competencia. Reconoce que se ha reforzado la competencia, pero es necesario aplicarla rigurosamente en ciertos sectores protegidos, como las industrias de red (gas, electricidad y telefonía), y con un carácter 'altamente concentrado' de la producción. 'Habrá que reflexionar sobre la escisión de las grandes compañías con un considerable poder de mercado', destaca.

Tribunales regionales. Avisa, asimismo, que se necesita una mejor coordinación 'para que las reglas de la competencia se apliquen de forma homogénea en todas las regiones y eviten el desarrollo de una cultura de indulgencia con respecto a las empresas locales'.

Un aviso para navegantes, dado el actual escenario de creación de tribunales regionales de defensa de la competencia (hasta ahora sólo Cataluña lo ha puesto en marcha). En cuanto a la política medioambiental, pide que la asignación del agua pase de ser un sistema administrado a otro en el que los precios de cada cuenca hidrológica se determinen por la oferta y la demanda.

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