Bruselas expedienta a Clearstream por abuso de posición dominante
La larga investigación por parte de las autoridades comunitarias de competencia sobre las cámaras internacionales de compensación y liquidación se concretó ayer en un expediente contra uno de los principales competidores en este mercado. La Comisión Europea ha expedientado a la compañía Clearstream Banking, filial de Clearstream International, por abuso de posición dominante en el mercado alemán. La víctima de sus presuntas prácticas ilegales fue, precisamente, su principal rival, Euroclear.
La investigación se inició hace dos años a instancias de un informe sobre la integración de los mercados financieros elaborado por un grupo de expertos que lideraba Alexandre Lamfalussy, antiguo presidente del Instituto Monetario Europeo. El grupo identificó la compensación y liquidación transfronteriza de valores como una de las barreras más importantes para la creación de un mercado único, y apuntó la posibilidad de que intervinieran las autoridades europeas de Competencia.
La dirección general de la Competencia, que dirige el comisario Mario Monti, indicó ayer que la investigación se centró enseguida en la conducta de la filial alemana de Clearstream, la cual disfruta, por ley, del monopolio de la compensación y liquidación de los valores negociados en el mercado de Fráncfort.
Bruselas asegura disponer de pruebas para acusar a Clearstream de haber aprovechado su monopolio para discriminar a Euroclear . Durante más de dos años, Clearstream impidió el acceso a su plataforma de la compañía rival. Y cuando finalmente la admitió, penalizó sus operaciones con unas tarifas más elevadas que las aplicadas normalmente. Clearstream dispone ahora de dos meses para ejercer su defensa y puede solicitar una audiencia con las huestes de Monti.
El expediente inicia la batalla de la Comisión Europea para reducir los costes de la compensación y liquidación transfronteriza de valores. Las tarifas por este servicio, tanto de Clearstream como de Euroclear, multiplican por 11 las aplicadas en la UE por una operación nacional (32 euros frente a unos tres euros de media).