El 63% de los españoles ignora que hay un pacto de Estado para reformar la justicia

La imagen que los españoles (usuarios y no usuarios) tienen de la justicia es negativa. Además, la perciben como anticuada y el 48% considera que tiene la imagen que se merece. Son algunos de los resultados que arroja un exhaustivo estudio elaborado por el catedrático en Sociología José Juan Toharia y patrocinado por la Fundación BBVA.

El 60% de los españoles opina que la justicia debe reformarse, pero sólo el 37% sabe que los partidos políticos ya han puesto en marcha algunas medidas de cambio en el marco del pacto de Estado para la reforma de la justicia. La gran mayoría (el 63%) lo desconoce y la mitad de los que sí saben de su existencia afirman que desconfían de que se lleve a la práctica la totalidad de los proyectos de reforma que se han planteado.

Para el profesor Toharia una de las conclusiones más relevantes del informe es que 'la opacidad y la falta de transparencia constituyen el peor mal de nuestro actual sistema de justicia: magnifica sus deficiencias, lastra la confianza que inspira, desluce sus logros y méritos'. A la falta de transparencia se unen tópicos y estereotipos centenarios sobre la función judicial y las percepciones que pueden transmitir los medios de comunicación. Uno de cada dos españoles opina que la justicia funciona mal o muy mal. La justicia, puntualiza el informe, es la única institución del Estado que registra permanentemente descensos en su puntuación media en los dos últimos decenios.

Sin embargo, y aquí está la contradicción o ambivalencia de las respuestas, dos de cada tres ciudadanos (62%) afirman que 'con todos sus defectos e imperfecciones, la Administración de justicia constituye la garantía última de defensa de la democracia y las libertades'. Y también un 55% considera que 'en España todo el que lo desea puede obtener el amparo de los tribunales para defender sus derechos y libertades'. El profesor Toharia explica que esto 'parece sugerir que los defectos e insuficiencias que se perciben en el sistema de justicia resultan suficientemente hondos y corrosivos como para neutralizar el impacto que sobre su imagen global podrían, en otro caso, tener las virtudes y puntos fuertes que asimismo se le reconocen'.

El estatuto de los fiscales no logra consenso político

La Comisión de Justicia e Interior del Congreso aprobó ayer el proyecto de ley que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la primera iniciativa del Pacto de Estado de Justicia que a estas alturas del trámite parlamentario no ha logrado el apoyo de PSOE, IU y PNV. El Congreso dará luz verde a la iniciativa mañana, donde se vislumbrarán de nuevo las discrepancias entre el PP y estas formaciones.El PSOE resaltó que el proyecto del Ejecutivo es un 'paso atrás' y le acusó de no cumplir 'ni el espíritu ni la letra' del Pacto de Justicia, mientras que el Grupo Popular le reprochó que pretenda hacer 'relecturas constitucionales' sobre las funciones del fiscal general del Estado. Como ya sucedió en la constitución de la ponencia, el PP rechazó ayer la mayoría de las enmiendas de los grupos de la oposición, entre las que destaca la que pedía limitar a cinco años el mandato del fiscal general del Estado y una mayor vinculación de éste con el Parlamento.