Las modalidades de voto en el BCE

Se me ha pedido que dé mi opinión sobre la reciente recomendación del Banco Central Europeo (BCE) para reformar su sistema interno de votación. El Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo tiene un punto de vista equilibrado e informado sobre este asunto.

Este comité, del cual soy presidenta, ha tenido y seguirá teniendo un papel clave en la supervisión del adecuado funcionamiento del Banco Central Europeo, como demuestra nuestra revisión trimestral de la política monetaria con el presidente del BCE, Wim Duisenberg.

Estos intercambios de puntos de vista, a menudo apasionados pero siempre respetuosos, son la mejor muestra de la vigilancia democrática, porque no sólo nos permiten una privilegiada visión de los trabajos de la institución con sede en Francfort, sino que también constituyen una plataforma pública desde la cual transmitir al BCE las preocupaciones de los ciudadanos europeos en materia de política monetaria y económica.

Necesitamos un banco central que refleje el espíritu europeo y no un zoco donde organizar coaliciones y defender los intereses nacionales

Intentaré analizar las actuales propuestas desde la riqueza de esta experiencia. La cuestión que se plantea es urgente, por una sencilla razón: la Unión Europea (UE) tiene previsto integrar a 10 nuevos miembros en el año 2004, a los que posiblemente se añadan otros dos en 2007.

Demos un paso atrás y hagamos un zoom sobre la maquinaria interna del Banco Central Europeo. Las decisiones se adoptan en un consejo de gobierno compuesto por los seis miembros del comité ejecutivo más los gobernadores de los 12 bancos centrales de los países que actualmente forman parte de la zona euro.

Una ampliación de la UE puede conducir finalmente a un excesivo incremento del número de votantes en el seno del consejo de gobierno, convirtiendo el mecanismo de decisión en algo mucho más complicado e inmanejable.

Nadie duda en estos momentos de que hace falta una reforma del sistema; la cuestión es cómo hacerlo. La nueva modalidad de voto debe mantener la eficacia y la credibilidad del BCE y, por ende, del conjunto de la unión económica y monetaria (UEM).

El Tratado de Niza, que acaba de entrar en vigor, habilitó al Consejo de Ministros, órgano de decisión supremo de la UE, a modificar el estatuto del BCE si fuera necesario para hacer frente a la ampliación. A partir de una recomendación del BCE para proponer el cambio, y previa opinión del Parlamento Europeo, el consejo debe adoptar una decisión final.

El BCE presentó su propuesta el 4 de febrero de 2003, y desde entonces se ha desatado un vivo debate entre los medios de comunicación especializados y en los corredores de las instituciones europeas.

De modo sucinto, la propuesta del BCE es un sistema de rotación de los derechos de voto en el seno del consejo de gobierno. Los gobernadores se clasifican en tres grupos en función de la importancia del Estado miembro al que representen, medida básicamente en términos de PIB. Estos tres grupos comparten un cierto número de derechos de voto, resultando un sistema de rotación en el que los Estados miembros más grandes tienen periodos más frecuentes de derecho a voto. Los seis miembros del comité ejecutivo mantienen sus derechos de voto permanente.

El objetivo de la propuesta, según Duisenberg, es hacer compatible la eficacia con un sistema equitativo y representativo en un consejo de gobierno ampliado.

¿Consigue la propuesta del BCE su objetivo? La respuesta tiene que ser claramente negativa. La recomendación ha merecido un diluvio de críticas sin precedentes por parte de casi todos los implicados y tanto desde los países grandes como desde los pequeños. La propuesta no parece satisfacer a nadie. De entrada, resulta peligroso aplicar un sistema de voto de tres categorías que parece inducir a pensar que hay países de segunda y tercera categoría. La mayoría de los actuales candidatos, por ejemplo, caerán en el tercer grupo y ninguno de ellos se encontrará en el primero.

Esta renacionalización, o diferenciación de acuerdo con el origen nacional, va en contra, además, del principio aceptado de que los miembros del consejo se encuentran a título personal y no como representantes de un determinado país o de un banco central. Un principio que ha funcionado bien hasta ahora para fomentar la credibilidad de un BCE independiente.

El otro gran problema es la representatividad. El sistema propuesto podría abocar a resultados absurdos en los que teóricamente fuera posible que una coalición de pequeños países, representando sólo al 10% de la economía de la zona euro, impulsase decisiones en contra de los intereses mayoritarios.

En términos de transparencia, también es difícil aceptar los argumentos del BCE que define el sistema como transparente y comprensible. La verdad es que es más bien al contrario, pues el sistema es extremadamente complejo, difícil de entender y marcadamente opaco. Pero la prueba de fuego final consiste en determinar si la nueva modalidad de voto conducirá a un mecanismo de decisión más eficaz. Y de nuevo todo apunta a que es muy dudoso que lo consiga. Todos los miembros del consejo de gobierno seguirán teniendo la posibilidad de intervenir en los debates y expresar sus puntos de vista, de modo que en realidad cuesta ver dónde reside la supuesta simplificación que se busca.

Ante una propuesta de estas características, el Parlamento Europeo ha tenido que reaccionar de modo decidido. El Comité de Asuntos Económicos y Monetarios votará el próximo lunes, 10 de marzo, una resolución y la trasladará esa misma semana a la sesión plenaria del Parlamento. Es probable que el resultado de la votación sea negativo.

Lo que resulta obvio a partir de este debate es que se necesita buscar una solución diferente. Tiene que encontrarse un verdadero planteamiento europeo que preserve la eficacia de la toma de decisiones al tiempo que mantiene su transparencia.

Esto resulta particularmente importante en vista de la necesidad de que los responsables de la política monetaria rindan cuentas de su labor a los ciudadanos europeos, y más aún en una Europa ampliada de 25 o 27 miembros.

Necesitamos un banco central al que se pueda pedir cuentas de modo democrático; un banco central que verdaderamente refleje el espíritu europeo y no uno en el que el consejo de gobierno se convierta en un zoco donde organizar coaliciones y defender los intereses nacionales. Es peligroso poner el énfasis en la representación nacional y contradice el objetivo de integrar la política monetaria. Como representante del conjunto del pueblo europeo, el Parlamento Europeo tiene que defender un compromiso que sea en pro del interés general de la Unión.

¿Qué alternativas concretas se pueden poner sobre la mesa? El sentimiento general del Parlamento Europeo es a favor de un sistema basado en la división de tareas entre el comité ejecutivo y el consejo de gobierno, de modo que la responsabilidad de las decisiones operativas se confiera a un comité ejecutivo con más miembros. El consejo de gobierno, mientras tanto, formularía las directrices estratégicas y generales de la política monetaria y disfrutaría de derecho de veto sobre las decisiones del comité.

Esta sencilla fórmula mantendría la eficacia y la transparencia. Los intereses nacionales no serían tan predominantes, pero se conservaría un grado de representatividad adecuado.

Aunque hace falta concretar la formulación exacta y los detalles de estas propuestas alternativas, parece claro -desde mi punto de vista y creo que desde el de la mayoría de los miembros del comité- que hace falta encontrar una solución más ambiciosa y pro europea para resolver un asunto de tanta importancia para la unión económica y monetaria. Pero, por supuesto, eso exige una revisión del vigente tratado de la Unión Europea.

Esperemos que la convención, que actualmente prepara el borrador de la futura Constitución Europea, contribuya a ello porque constituye una urgente necesidad.