El desvío de fondos dificulta la firma de las cuentas anuales de Babcock

Las aguas continúan revueltas en Babcock Borsig España. Los consejeros sindicales de la compañía -UGT y CC OO tienen un puesto cada una en el consejo de administración- se han negado a firmar las cuentas presentadas por los gestores de la empresa.

La negativa de estos consejeros incluye las cuentas correspondientes al miniejercicio que la empresa realizó de octubre -momento en el que adquirió la antigua Babcock Borsig a la SEPI- a diciembre de 2001 y el correspondiente a los nueve primeros meses del año 2002.

El rechazo formal se basa en dos apuntes contables llevados a cabo por los nuevos gestores de la compañía, uno en el ejercicio 2001 y otro en 2002. En 2001 se provisionaron 68,5 millones en concepto de dotaciones 'para potenciales pérdidas futuras en proyectos en curso y reestructuración futura de la sociedad'.

PricewaterhouseCoopers, en su borrador de auditoría correspondiente a este ejercicio de tres meses, incluye una salvedad en la que advierte que 'en base a la documentación examinada en el curso de nuestra auditoría, no tenemos seguridad sobre la razonabilidad de las mismas y el potencial exceso que pudiera surgir cuando los proyectos se terminen y la reestructuración se lleve a cabo en el futuro'.

El informe de auditoría de 2001 hace mención igualmente al desvío posterior de 22 millones de euros, 20 de ellos por medio de una transferencia bancaria realizada a través de Banesto, que el grupo alemán articuló como un préstamo desde Babcock Borsig España en favor de su matriz alemana. El auditor establece que 'no es posible determinar en el momento actual el importe recuperable de las cuentas a cobrar con las sociedades del grupo que se han acogido a la suspensión de pagos'.

Los sindicatos reclaman la recuperación del dinero y discrepan de la fórmula elegida por Borsig para eliminar la salvedad en las cuentas del ejercicio 2002, que no es otra que realizar una provisión por esos 22 millones contra la cuenta de resultados.

Es decir, que el déficit de explotación de la empresa aumenta en esa cuantía ese ejercicio, una operación que merma el patrimonio de la empresa y además es finalmente sufragada por la SEPI, ya que el acuerdo de privatización de esta empresa de bienes de equipos establece que la sociedad estatal cubrirá sus pérdidas durante los tres primeros años de actividad.

Asimismo, en la auditoría de 2002 PricewaterhouseCoopers mantiene la salvedad referente a la provisión por 68,5 millones y detalla que la compañía le ha comunicado que no prevé suspender pagos o declararse a corto plazo en quiebra, a pesar de que su matriz lo hiciera en julio de 2002, dado que 'cuenta con el apoyo financiero de su antiguo accionista la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales'.

Para resolver este litigio con los representantes de los trabajadores, el consejero delegado de Borsig España les ha emplazado a una reunión con el auditor en la que puedan profundizar en la mecánica contable seguida por el grupo alemán.

Tras conocerse la desviación de 20 millones de euros desde la filial española a la matriz, el Bloque Nacionalista Galego ha decidido interpelar al Gobierno con varias preguntas por escrito en el Parlamento. Izquierda Unida también ha anunciado que exigirá explicaciones en el Congreso.

Tanto la provisión citada como el préstamo otorgado a la matriz se realizaron en un contexto enormemente difícil de cuenta de resultados. En total, la compañía ingresó entre octubre y diciembre de 2001 un total de 31 millones de euros y arrojó pérdidas por un total de 105 millones de euros, derivados de 63 millones de pérdidas de las actividades ordinarias y 42 millones de resultados extraordinarios negativos.

En 2002, las pérdidas netas se reducen a 7 millones de euros, pero después de anotar resultados extraordinarios de 42,7 millones, posiblemente una partida que forma parte de las ayudas que la SEPI se comprometió a otorgar. Las pérdidas de explotación se cifran en 56 millones.

La SEPI seguirá respaldando los contratos de la ex filial

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene claro que no puede dejar que Babcock Borsig España caiga o siga el mismo camino de la suspensión de pagos que ya ha iniciado su matriz. El nivel de compromiso que tiene con el futuro de la empresa y con sus trabajadores se lo impide. Fuentes cercanas a la compañía reconocen que de no ser por este apoyo, negociado y comprometido ya con el grupo alemán Babcock Borsig en el momento de la privatización, la empresa española habría suspendido pagos hace ya meses. El problema es que la entidad pública no tiene nominalmente el control de la gestión, puesto que la tienen los alemanes.La SEPI se limita a apoyar la financiación de la empresa. De hecho, los últimos contratos que Babcock Borsig España ha conseguido en China han contado con el respaldo político del grupo público, que ha apoyado los acuerdos. En paralelo, la SEPI se ha comprometido con los alemanes -que no son los mismos accionistas de Babcock Borsig con los que negoció la privatización, sino las entidades financieras acreedoras de la compañía germana- a ayudar en todo lo posible en la búsqueda de un posible comprador. Tarea que actualmente se antoja muy complicada. La SEPI no puede permitir que los bancos alemanes dejen caer a la empresa en suspensión de pagos, porque eso supondría la desaparición de Babcock Borsig España y la pérdida de 650 puestos de trabajo. Y las entidades financieras acreedoras de la multinacional no pueden vender la empresa de forma unilateral por los acuerdos establecidos en el año 2001 en las negociaciones para la privatización de la empresa española. Esta opción de venta, conjunta y tutelada por la SEPI, es la que defendió la entidad presidida por Ignacio Ruiz-Jarabo cuando se negoció la enajenación de Babcock España a la empresa asturiana Duro Felguera. Esta solución finalmente fracasó.