Ruiz-Gallardón pone en marcha la primera ley que cede competencias regionales a los municipios
El próximo jueves, la Asamblea regional aprobará con los votos en contra del PSOE e Izquierda Unida la Ley para el Desarrollo del Pacto Local, expresión normativa del compromiso que José María Aznar adquirió con los municipios de cederles también a ellos competencias una vez culminada la descentralización autonómica.
La segunda descentralización, como también se conoce este proceso, debería permitir a los ayuntamientos asumir la titularidad de algunos de los servicios que ahora prestan los Gobiernos regionales. La titularidad y también su financiación.
Con esta ley, y con la de Administración local, adaptación de la Ley estatal de Bases de Régimen Local, que también se aprueba el jueves, Gallardón pretende 'definir de un modo claro y preciso el papel que la comunidad debe jugar en relación con los municipios de la región', según puede leerse en la exposición de motivos de esta segunda norma. La oposición no comparte esta afirmación.
El socialista Enrique Echegoyen, ponente junto a âscar Monterrubio de estos proyectos legislativos, descarta que la Ley de Pacto Local sea un traje a la medida de Gallardón para no ser relegado al segundo escalón del poder si logra arrasar en las elecciones municipales. 'Las presiones las está ejerciendo en Administraciones Públicas, ministerio que está redactando la Ley de Grandes Ciudades', recuerda el ponente socialista.
Pero Echegoyen no ahorra críticas a los textos que la Asamblea aprobará el jueves gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular. Opina que pese a haber apadrinado la primera Ley de Pacto Local, el PP de Madrid no cree en el proceso de descentralización: 'Sólo hay que ver de qué manera tan suscinta se ha redactado el artículo 2, que enumera las materias que podrán ser objeto de transferencias o delegación a las entidades locales'.
Quince en total: consumo, deporte, educación, empleo, juventud, medio ambiente, política de mujer, ordenación del territorio y urbanismo, patrimonio histórico, protección civil, sanidad, servicios sociales, transporte, turismo y vivienda.
'El PP lleva años hablando de Pacto Local y ya podía haber estudiado qué competencias y con qué coste deben cederse a los ayuntamientos. Es como volver al principio. Esto y nada es lo mismo', concluye. Silvia Enseñat, ponente popular, sale al paso asegurando que una referencia más explícita 'hubiese encorsetado finalmente los traspasos'.
La ley fija un plazo máximo de seis meses para crear la comisión mixta de coordinación de competencias, que a imagen y semejanza de las que creó el Estado para negociar los traspasos a las comunidades autónomas, será la responsable de negociar el qué, el cómo y el cuánto.
Esta comisión podrá delegar su trabajo en comisiones sectoriales. Después, una ley de competencias por servicio susceptible de ser cedido y un decreto de transferencias individual permitirán a los ayuntamientos que lo deseen asumir la gestión. Madrid capital tendrá una comisión sectorial específica.
La Ley de Administración Local también es duramente objetada por el PSOE, pero tampoco es el texto que les hubiera gustado presentar a los populares. El Partido Popular acepta la crítica de que es una mera transposición de la Ley de Régimen Local y advierte que es la norma estatal y no la suya la que necesita una ser objeto de una revisión urgente.
Los populares no comparten, sin embargo, la opinión de que se ha relegado a un lugar menor la financiación municipal, cuyas referencias hay que buscarlas en las disposiciones adicionales.
Previsiones sombrías
La primera de estas disposiciones remite a una futura Ley de Hacienda Locales cuando se refiere a los principios básicos de la financiación municipal.
La segunda prevé la creación por decreto de un Fondo de Cooperación Municipal, que no supone dinero adicional para los ayuntamientos, sino que asume la dotación del Prisma, el principal programa de inversiones de la comunidad.
La única novedad es que a partir del momento en que entre en vigor la norma, los municipios podrán financiar con este dinero su gasto corriente.
El presidente no quiere perder el bastón de mando
Alberto Ruiz-Gallardón pretende ser alcalde sin renunciar a toda la capacidad de maniobra de la que ha gozado en la comunidad. La Ley de Grandes Ciudades que prepara el Ministerio de Administraciones Públicas le permitirá gozar de la autonomía que su talante político requiere. De ahí que haya puesto tanto empeño en su redacción y que la considere un complemento de su Ley de Pacto Local. Esta norma permitirá a Madrid capital -también a los municipios de más de 300.000 habitantes (aunque el corte aún no está decidido)- desdoblar la corporación municipal en un Gobierno de notables con capacidad ejecutiva y una asamblea con poder legislativo constituida por los concejales elegidos democráticamente. Los notables podrán aprobar cualquier contratación administrativa con excepción de las que afectan a cuestiones urbanísticas y disposiciones generales. La asamblea ejercerá el control político y aprobará los presupuestos. El único problema de la ley es que no estará lista en mayo, sino a finales de año.