Carencias en el Informe Aldama
Héctor Gómez González subraya que el documento sobre el buen gobierno elaborado por la Comisión Aldama carece de profundidad en materia de medio ambiente, como una parte integrante de la responsabilidad social corporativa
El informe final presentado por Enrique Aldama ante el Ministerio de Economía, Informe de la comisión especial para el fomento de la transparencia y la seguridad en los mercados financieros y en las sociedades cotizadas, refleja la necesidad actual de información en materia de transparencia y responsabilidad empresarial.
Las razones por las que el Gobierno ha decidido establecer en España un marco propio de buen gobierno corporativo han sido motivadas por los escándalos empresariales en EE UU, por las regulaciones de la SEC, la Bolsa de Nueva York y las recomendaciones del informe Winter de la Unión Europea, que desarrollan nuevas exigencias para las cotizadas con el fin de aumentar la seguridad y confianza de los inversores.
En definitiva, se trata de hacer frente al oscurantismo en la gestión de las grandes empresas y de hacer públicos los dispositivos y herramientas establecidas para identificar, evaluar y reducir los principales riesgos asociados a las operaciones financieras. El resultado se traducirá en un beneficio mutuo para las empresas e inversores y para la sociedad en su conjunto.
Una mala gestión medioambiental puede no sólo responsabilizar directamente a la dirección de la empresa, sino también causar quiebras
Efectivamente, si los principales pilares en los que se sostiene el informe Aldama son el estímulo de la transparencia y la confianza, se debe informar a las empresas de los beneficios de hacer y demostrar lo que se dice. En este sentido, las cotizadas pueden, en pos de la responsabilidad, explicar su solvencia financiera, gestionar sus riesgos y evitar malas prácticas que incidan negativamente en el resultado final de las cuentas, evitar quiebras, escándalos judiciales asociados a los directivos o al consejo de administración, incluso investigaciones que pudieran poner en entredicho la imagen de la empresa.
Cuando el informe profundiza en estos temas y habla de la 'formulación de las cuentas anuales', recomienda la certificación de las mismas en cuanto a su exactitud e integridad por el presidente, el consejero delegado y el director financiero, al hilo de la Ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos.
Ahora bien, la Unión Europea, en el Reglamento (CE) número 1606/2002 de adopción de las IAS (normas contables internacionales), en la Recomendación 2001/453/CE de 30 de mayo de 2001, y el ICAC, en su Resolución de 25 de marzo de 2002, establecen normas de obligado cumplimiento para el reconocimiento, valoración e información de los aspectos medioambientales en las cuentas anuales.
Esto nos lleva a pensar que una mala gestión en el área medioambiental puede no sólo implicar (responsabilizar) directamente a la dirección de la empresa, sino también causar quiebras (véase Boliden), investigaciones (multitud de ejemplos) o escándalos (no hace falta ni mencionar al Prestige), lo que relaciona directamente las actividades empresariales con la responsabilidad y con su impacto sobre el medio ambiente.
¿Por qué entonces el informe final de la comisión sobre buen gobierno, si tiene un carácter técnico de recomendación y apuesta firmemente por la autorregulación, no hace mayor hincapié en la importancia del control de riesgos medioambientales como parte integrante de la responsabilidad social corporativa e informa a las empresas de su influencia directa en los resultados económicos?
Si los indicadores de respeto hacia las empresas se manifiestan actualmente mediante la reputación, la integridad de sus directivos y la ausencia de escándalos corporativos, los instrumentos de gestión del medio ambiente tienen mucho que aportar en este sentido.
En el 'marco ético de gobierno corporativo', la comisión considera que el buen gobierno se alcanza mediante la competencia profesional y el comportamiento ético de los administradores y gestores. Enfatiza sobre las responsabilidades sociales más allá del cumplimiento estricto de las leyes, siempre asegurando los beneficios financieros suficientes para garantizar la continuidad a largo plazo del proyecto empresarial.
Sin embargo, la única mención explícita al medio ambiente se reduce a la minimización de los efectos colaterales (la contaminación) y a la adopción voluntaria de compromisos adicionales en el marco de un desarrollo sostenible, mediante la presentación de un triple balance de resultados económico, social y medioambiental, que aumente el sentido de transparencia (no recomienda siquiera su regulación tal como hace el informe King II de buen gobierno para las empresas surafricanas).
La influencia del medio ambiente sobre la empresa tiene muchas más posibilidades que las ofrecidas por Aldama. La viabilidad económica a largo plazo (fin último de la adopción de las recomendaciones del informe) no es prioritaria frente a la gestión social y medioambiental, sino que va pareja. La adopción de un modelo de gestión basado en la responsabilidad supone un liderazgo en el mercado que satisface las expectativas de los llamados stakeholders (accionistas, socios, inversores, clientes, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, etcétera) creando valor en la empresa.
La Comisión Aldama no ha sabido leer con claridad la actual necesidad de la sociedad y de los mercados con respecto al medio ambiente y no ha informado suficientemente de los instrumentos generales que pueden aplicar las corporaciones y los poderes públicos para impulsar la autorregulación en materia de buen gobierno.
El informe Aldama ha mejorado el Código Olivencia, pero aún queda mucho por hacer.