El Gobierno dejará a Repsol superar el 25% de Gas Natural sin una opa

La normativa de opas será igual para todos, pero alguno de sus preceptos parece redactado a instancia de parte y servirá sólo a unos pocos. El borrador de real decreto exime de lanzar una opa en los casos de adquisición de una participación que lleve a ‘superar el porcentaje del 25% del capital de la sociedad, sin sobrepasar el 50%’, siempre y cuando concurran ‘simultáneamente’ cinco circunstancias que no es fácil que coincidan.

Tales circunstancias son las siguientes: primera, que con anterioridad el oferente hubiera tenido una participación en el capital por encima del 25%; segunda, que como consecuencia de la adquisición no se altere una situación que haya sido calificada por parte del Servicio de Defensa de la Competencia como de control conjunto de la sociedad por parte del adquirente; tercera, que ese control conjunto se ejerza con, al menos, una persona que dispone de una participación en la sociedad superior al 25%; cuarta, que como consecuencia de la adquisición no se incremente el número de consejeros designados por el adquirente, y quinta, que el aumento de participación en el capital no supere el 6% en un periodo de 12 meses.

Con la norma actualmente en vigor, Repsol debería lanzar una oferta pública de adquisición si desease volver a situar su participación en Gas Natural por encima del 25%. Con la nueva cláusula, la petrolera puede quedar exenta de lanzar una opa si cumple las cinco condiciones.

Analizadas con detalle, esas circunstancias cuyo cumplimiento exige la ley para eximir de una opa parecen la descripción exacta de la situación en que se encuentra Repsol YPF con respecto a Gas Natural desde mayo del año pasado.

Punto por punto

La primera se cumple porque la petrolera tenía el 47,04% de la gasística hasta que redujo su participación mediante una oferta privada de venta en la que colocó un 23% del capital el 17 de mayo de 2002.

Repsol vendió esa participación con el fin de reducir la deuda que pesaba como una losa sobre su balance, particularmente desde el estallido de la crisis argentina. Según el registro de participaciones significativas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Repsol posee ahora un 24,04% de Gas Natural.

Repsol tiene, a su vez, un acuerdo con La Caixa en el que 'confirman el mantenimiento de la estructura de control conjunto de Gas Natural reconocido por la Dirección General de Política Económica y Defensa de la Competencia de 10 de marzo de 2000', según se explicaba en el último folleto continuado de la petrolera registrado en la CNMV. Por tanto, se cumple la segunda circunstancia.

Es importante aclarar que, a los efectos de esta exención, no hace falta en principio que Competencia se pronuncie sobre la opa ni que tenga ningún papel en ella: lo importante es que se dé una situación previamente calificada como de control conjunto y que esa situación no se altere al superar el 25%.

Además, la tercera condición también parece una descripción de este caso, pues el control conjunto se ejerce con La Caixa, que tiene más de un 25% del capital de Gas Natural, tal y como se exige en el borrador de real decreto que maneja el Ministerio de Economía.

El acuerdo de Repsol y La Caixa prevé que el consejo de Gas Natural se componga de 12 vocales, de los que Repsol YPF propone 4; La Caixa, otros 4, y los restantes 4 son independientes, propuestos de común acuerdo por ambas partes. De ellos, La Caixa propone al presidente, y Repsol, al consejero delegado. Mantener el acuerdo en esos términos basta para que se cumpla la cuarta circunstancia.

Así pues, sólo es necesario que Repsol no aumente su participación más de un 6% en un periodo de 12 meses (la quinta condición prevista) para que pueda recomponer su participación en Gas Natural y llevarla de nuevo por encima del 25% sin necesidad de lanzar una opa.

Hasta ahora, los únicos supuestos en que se contemplaba la exención de una opa eran los casos de saneamiento de entidades financieras -con intervención del Fondo de Garantía de Depósitos u organismos similares-; las adquisiciones realizadas de conformidad con la Ley de Expropiación Forzosa, y aquellas operaciones en las que todos los accionistas de la sociedad afectada acuerdan por unanimidad la venta o permuta de todas las acciones representativas del capital de la sociedad.

Las exenciones se mantienen para esos tres casos. El nuevo supuesto, que parece redactado a la medida de Repsol YPF, sustituye a otro que permitía al Gobierno eximir de lanzar una opa en casos de 'reordenación o reestructuración de sectores económicos'. La supresión de esa posibilidad llevó al secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, a proclamar su menor intervencionismo y la igualdad de la ley para todos.

Aunque la norma tenga carácter general, es difícil, aunque no descartable, que tales condiciones puedan darse simultáneamente en alguna otra sociedad.

La nueva regulación estará lista en marzo

Lo primero que hay que aclarar de la ley de opas es que no es una ley. Aunque algunos preceptos de la ley del Mercado de Valores tratan de las ofertas públicas, en realidad la regulación está en el real decreto 1197/1991, modificado en parte por otros reglamentos. El rango es importante, porque basta con que el Consejo de Ministros apruebe las modificaciones para que entren en vigor. No hace falta tramitación parlamentaria. El secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que la reforma se aprobará en marzo.Pese a lo simple del procedimiento, el Gobierno lleva anunciando la reforma de la ley de opas sin aprobarla desde la primavera del año pasado, tras diversas operaciones al límite de la norma en vigor. El SCH vendió el 23,5% de Dragados a ACS a un precio un 60% superior al de mercado, y el 24,5% de Vallehermoso a Sacyr con una prima del 31%. El BBVA vendió un 23,9% de Metrovacesa a Bami también con una prima del 60%. Los accionistas minoritarios no se beneficiaron de las primas pagadas. Luego, con el fin de reforzar su posición y abordar una futura fusión, ACS ha presentado una opa sobre otro 10% de Dragados de la que pueden beneficiarse todos los accionistas. Sacyr, por su lado, se fusionará con Vallehermoso en unas condiciones que favorecen más a la constructora, según los analistas. Y Bami, por su parte, ha acabado dándose cuenta de que pagó la prima de control, pero no logró el control y ahora ha de hacer frente a una opa hostil de dos grupos italianos. Desde el Ejecutivo se rasgaron las vestiduras por el agravio que las operaciones suponían para el pequeño accionista, pero lo cierto es que los derechos de autor de estas tomas de control al filo de la ley hay que reconocérselos a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), que privatizó el 24,99% de Ence con una jugosa prima de la que no se beneficiaron los minoritarios.