Los analistas piden la profesionalización

Disgusto y resignación. La propuesta del BCE para reformar su sistema de votación ha provocado los mismos sentimientos que la mayoría de sus controvertidas decisiones sobre los tipos de interés. A nadie le satisface completamente la rotación entre gobernadores centrales, pero el ordenamiento jurídico de la UE no permite un cambio más profundo a corto plazo.

Los expertos apuestan por un órgano de gobierno compuesto por profesionales, pero esa reforma requiere cambios en el Tratado de la UE. 'El principal problema de todo el sistema es que trata de reconciliar dos aspectos irreconciliables', diagnostica Allan Saunderson, de la consultora Eurozone Advisors, especializada en análisis sobre la unión monetaria. 'Por un lado, se supone que los miembros de la dirección del BCE deben nombrarse en base a su cualificación personal; por otro, Alemania, Francia, Italia, España y Holanda no parecen dispuestos a votar sólo en un porcentaje reducido de ocasiones'.

La única alternativa, según Saunderson, es que los ministros de Economía y Finanzas, que estudian actualmente la propuesta presentada por el BCE, opten por un órgano de decisión 'genuinamente independiente', de modo que todos los miembros del consejo de gobierno (25 en la actualidad) sean nombrados 'en base a sus méritos personales y su cualificación para el puesto, con independencia de su nacionalidad'.

'No contamos con la experiencia suficiente para dar ese paso', afirma en cambio el europarlamentario del Grupo Popular Ingo Friedrich, encargado por el Parlamento Europeo de realizar el informe sobre la propuesta de Wim Duisenberg.

El parlamentario alemán considera que 'es demasiado pronto para alejarse del principio de la representación nacional'. 'Quizá dentro de 10 años sea posible', apostilla el ponente parlamentario, que propondrá a la Eurocámara que, en la votación del próximo 13 de marzo, rechace la iniciativa del BCE.

Las críticas también arrecian en Francfort, donde el sector financiero repudia un sistema que otorgará 11 votos al conjunto de países con menos peso económico y sólo cuatro votos a los cinco grandes (entre ellos, España).

'El marco alemán, del que proviene la unión monetaria, ya no estará representado en la política monetaria europea', afirma tajante Michael Heise, economista jefe del grupo asegurador Allianz. Heise opina que el nuevo sistema permitirá que 'se aprueben decisiones con el voto en contra del 80% del PIB y del sector financiero de la zona'.

El informe de Friedrich se hace eco de estos temores y propone mantener el sistema actual (al menos hasta que la unión monetaria cuente con 26 miembros), pero introduciendo el principio de que un Estado pueda evitar que se adopte una decisión si los países que votaron a favor no representan al menos el 62% de la población de la zona euro. El Tratado de Niza ya ha incorporado esta cláusula para la toma de decisiones en el seno del Consejo de Ministros de la UE.

La presidenta del influyente Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, la europarlamentaria socialista Christa Randzio-Plath, prefiere que el comité ejecutivo del banco asuma ya 'más poder y más peso' en la toma de decisiones. Algunos parlamentarios abogan por un poderoso comité ejecutivo de 10 miembros, nombrados a propuesta de los Estado miembros y sometidos a una audiencia en el Parlamento Europeo.

Saunderson recuerda que el nombramiento el año pasado del griego Lucas Papademos como vicepresidente del BCE demuestra que la profesionalización puede funcionar. 'Nadie podía pensar que un país como Grecia, que sólo llevaba un año en la unión monetaria, pudiera aspirar a esa responsabilidad. Pero Papademos era un candidato tan extraordinario que obtuvo el puesto'.

Christoph Balz, experto del banco alemán Commerzbank, prevé que la pelea por puestos como el de Papademos aumentará con el sistema de rotación propuesto. 'Provocará que en determinados momentos algunos países miembros no tengan poder de decisión y eso hará que sea muy importante disponer de un miembro en el comité ejecutivo'.

La reforma puede abocar finalmente a una 'pérdida de transparencia y responsabilidad', advierte un experto. La receta para evitarlo parece ser la profesionalización.

La discrecionalidad de los criterios de rotación

Los expertos coinciden con el Banco Central Europeo en que un consejo de gobierno con más de 21 miembros perdería eficacia y capacidad de reacción, pero temen que el sistema de rotación propuesto introduzca una percepción de cuotas de poder nacional en detrimento del carácter unitario de la política monetaria. Los criterios elegidos para determinar la frecuencia de voto, añaden algunos analistas, no son objetivos. Michael Heise, economista jefe del grupo asegurador alemán Allianz, apunta que la demografía debería haberse tenido en cuenta, un parámetro que la Comisión Europea ha propuesto en sustitución del de los activos financieros. æpermil;ste parece pensado exclusivamente para favorecer a Luxemburgo, país de 400.000 habitantes pero con un potente sector financiero.Otmar Lang, especialista en política monetaria del Deutsche Bank, no comparte las críticas. 'Hay que pensar en la zona euro en conjunto y, en ese sentido, el modelo es adecuado'. La opción de un consejo de 31 miembros, como defiende el europarlamentario alemán Ingo Friedrich, para mantener durante largos años el principio de un país, un voto, puede resultar atractiva a los países que, como Finlandia, se resisten a perder la presencia permanente en el consejo. Pero 'sería demasiada gente', advierte, Allan Saunderson, de la consultora Eurozone Advisors. Una intervención de 10 minutos por miembro prolongaría una sesión del consejo más de cinco horas. Y las disensiones en el órgano de decisión, que en tres años de funcionamiento el presidente del BCE sólo ha reconocido una vez públicamente, podrían emerger fácilmente.

Un modelo rotatorio para gobernar un banco con 25 países

La reforma del sistema de votación del BCE, presentada por el propio banco europeo al Consejo de la UE, pretende evitar el colapso de la institución cuando se lleve a cabo la ampliación al Este de Europa.Actualmente, el consejo de gobierno del BCE se compone de los seis miembros del comité ejecutivo -uno de ellos es el español Eugenio Domingo Solans, además del presidente, Wim Duisenberg- y un máximo de 15 gobernadores de bancos centrales nacionales. La propuesta de la autoridad monetaria con sede en Francfort contempla que, para mantener la eficacia de su capacidad de adopción de decisiones cuando el número de sus miembros se incremente sustancialmente, el número de gobernadores de los bancos nacionales con derecho de voto no exceda de los 15 actuales. En el momento en que haya más de 15 gobernadores, éstos ejercitarán su derecho de voto de acuerdo con un sistema de rotación, que represente a los países en función de su importancia económica en la zona euro. Los miembros del comité ejecutivo del BCE conservarán su derecho de voto permanentemente. En la fase inicial del nuevo sistema habrá dos grupos y, una vez que se hayan incorporado 22 Estados miembros a la zona del euro, habrá tres grupos. En el primero de los grupos se incluirán los gobernadores de los cinco países con mayor PIB (entre ellos España) y dispondrán de forma rotatoria de cuatro votos. El PIB es utilizado como el principal elemento (pondera a razón de 5/6) del indicador de 'representatividad'. PIB y posición financiera El segundo indicador utilizado después del PIB será el activo del balance agregado de las instituciones financieras monetarias establecidas en el territorio del Estado miembro de que se trate (pondera 1/6).En el segundo grupo se encuadrará la mitad o la mitad más uno de los gobernadores restantes y dispondrán de ocho votos, que ejercerán igualmente de forma rotatoria. Y por último, en el tercer grupo se encuadrará el resto de gobernadores y sólo dispondrán de tres votos en el consejo. La Comisión Europea facilitará los datos para el cálculo de las respectivas participaciones en el PIB a precios de mercado. Una vez presentada formalmente esta recomendación, es el Consejo de la UE el que debe decidir si acepta o no la reforma. Si la respuesta fuera negativa, el proyecto deberá ser discutido en la Convención europea.