COLUMNA

Los precios de 2002 y el acuerdo marco de 2003

El pasado martes se daba a conocer el IPC correspondiente a diciembre, que con sus tres décimas de subida colocaba la inflación de todo el pasado año en el 4%, justo el doble de lo previsto por el Gobierno. Un mal dato que ha venido a caer sobre la mesa de negociaciones que mantienen, desde principios del mes pasado, CC OO, UGT y CEOE- Cepyme con el fin de renovar el Acuerdo para la Negociación Colectiva que ha de servir de referencia en los convenios de este año. De hecho, se esperaba que tales negociaciones culminaran entre finales de la presente semana y principios de la próxima, pendientes precisamente de salvar su escollo principal, el capítulo de los incrementos salariales y las cláusulas de revisión.

El alza de los precios en 2002 ha sido especialmente preocupante por haberse producido en un contexto económico de caída de la actividad, con la consiguiente disminución de la presión de la demanda y porque los salarios moderaron su crecimiento bastante más que en 2001. Aquel año alcanzó la inflación el 2,7% y en aras de contenerla al tiempo que se favoreciese la creación de empleo, suscribieron los interlocutores sociales un acuerdo tomando como referencia el 2% de inflación previsto por el Gobierno para 2002.

Pero la subida de los impuestos indirectos decretada por el Ejecutivo y el redondeo hacia arriba de los precios aprovechando la puesta en circulación del euro desbarataron las previsiones desde comienzos del año. Sin embargo, los salarios han crecido medio punto menos en 2002 que el año anterior, por lo que han estado perdiendo poder de compra la mayor parte del ejercicio pasado. Además se llamaba desde el acuerdo patronal-sindicatos a que las retribuciones salariales no agotasen las mejoras de productividad, cediendo por tanto a una transferencia de recursos del factor trabajo en favor de las empresas con el fin de que éstas fortaleciesen su competitividad, mediante esfuerzos de inversión y/o contendiendo sus precios. La resultante buscada con todo ello era favorecer al empleo.

Pero el resultado práctico ha sido bien distinto. El año se ha cerrado con una remuneración de los asalariados del 3,4% (según las proyecciones realizadas en el último trimestre por el propio Ministerio de Economía) inferior a la de 2001 y por debajo del crecimiento nominal de la productividad (5,7%), lo que de entrada ha comportado una merma de la participación de los trabajadores en la renta nacional. Pero también ha inducido una fuerte desaceleración de los costes laborales por unidad real de producto, cayendo desde un aumento del 3,8% registrado en 2001 al 2,4% en 2002.

Un tributo de los asalariados a la lucha contra la inflación y a favor de la competitividad que ha sido defraudado en sus hipotéticas contrapartidas. La creación de empleo ha sido mucho menor, el paro aumentó como no lo hacía desde 1993 y la temporalidad ha vuelto a repuntar.

Las transferencias de renta no se han utilizado para renovar ni elevar el nivel de inversiones, antes al contrario, han seguido descendiendo en capítulos como el de bienes de equipo, clave para el empleo y para la competitividad, que tampoco se ha cuidado con moderación de precios, sino que ha sido perjudicada con subidas abusivas, como mes a mes evidenciaba el IPC y como definitivamente ha ocurrido a final de año sin que los poderes públicos moviesen un dedo para embridarlos.

Pese a tan desalentador precedente hay que reiterar la conveniencia de que las organizaciones empresariales y sindicales renueven su pacto. Pero no ayuda el Gobierno con su política presupuestaria, que no va precisamente en la dirección de orientar las inversiones hacia la mejora de nuestro capital tecnológico (deficiencia que acaba de recordarle la Comisión Europea), ni en consecuencia permite abrigar muchas esperanzas en que impulse la creación de empleo. Tampoco ha contribuido a concitar nuevos esfuerzos contra la inflación subiendo otra vez diversas tasas e impuestos sobre el consumo.

Las patronales, por su parte, no deberían echar a rodar las negociaciones por negarse a que los trabajadores tengan la posibilidad de mejorar levemente sus poderes adquisitivos y dispongan de cláusulas de salvaguardia, que les aseguren los incrementos de los salarios reales que consigan pactar en sus convenios colectivos.

Seguramente ya habrán tenido en cuenta que en el presente año vencen casi 1.300 convenios colectivos, que han de ser negociados de cabo a rabo y que afectan a unos 2,5 millones de trabajadores. Eso hace que este curso de negociación colectiva sea más complicado que el anterior, cuando un volumen tan considerable de empleados se limitó a una simple revisión de sus respectivos convenios. Las consecuencias también serían más graves si descarrilan.