Municipalismo empresarial y globalización
Atoda acción en mecánica se le atribuye una reacción de igual fuerza y en sentido contrario. Esta clásica definición en Física bien puede valer para explicar por qué a la brutal globalización del sector financiero y las posteriores consecuencias derivadas de los acuerdos de la OMC en su vertiente comercial y empresarial, han marcado un proceso que en el escenario mundial está suponiendo el primer gran debate económico, social y político del siglo XXI.
En este sentido, se esta produciendo una reacción bajo las forma de acciones ciudadanas, novedosas por su carácter altamente participativo, que reflejan una respuesta humana y solidaria a las necesidades más inmediatas de los ciudadanos y que en gran medida encuentra su mejor acogida en los municipios, como estructura social, económica y política mas cercana, y en particular, en el denominado sector empresarial público local (SEML), que aporta más del 7% al PIB mundial. Si consideramos los últimos años, éstos han caracterizado al sector público municipal, tanto en España como en nuestros socios en la UE, por una indefinición en cuanto al to be or not to be de su existencia. En este sentido, si circunscribimos el debate sobre globalización y localismo, al sector empresarial municipal las contradicciones aparecen más profundas en las políticas municipalistas de la izquierda, que entre las ejecutadas por gobiernos municipales conservadores, cuyos objetivos marcadamente neoliberales aparecen claros y diáfanos; en primer lugar, por su subordinación a los intereses empresariales en su vertiente privada, y segundo, por la tendencia natural a la maximización de los beneficios, objetivos que justifican y defienden, sobre la base de un mayor ahorro y eficiencia de su gestión, lo cual lleva implícita la descalificación general de la gestión pública.
Es decir, se asume sin limitaciones que el sector privado gestiona más eficientemente que el público basándose en un menor coste para el ciudadano. Pero, sin embargo, nada se dice de tasas o precios públicos más elevados, que en la mayoría de los casos sustituyen y superan a las teóricas reducciones impositivas argumentadas, o la mayor insatisfacción social o el aumento de la precariedad laboral del personal contratado por las empresas en sustitución de la gestión directa pública, por no hablar de garantías en las prestaciones.
En este sentido, primero es necesario definir los objetivos, que en un mundo como el actual, integrado en una economía de mercado e interdependiente, tienen que ser priorizados en la utilización de los limitados recursos locales. Así, la prestación de servicios tradicionales, agua, gas y electricidad y comunicaciones, han superado, por sus voluminosas infraestructuras, no sólo las áreas municipales, sino ya claramente la de las comunidades autónomas y en algún caso, como los que se refieren a la provisión de energía o a las telecomunicaciones, el marco supranacional, de la UE.
La práctica desaparición de estructuras tradicionales, como eran los mataderos y mercados municipales, la municipalización de los cementerios, o la discusión patrimonial del transporte urbano, que en la mayoría de los casos empiezan a tener dimensión interurbana, como sucede también con las infraestructuras de captación, tratamiento de agua y su depuración; la limpieza y tratamiento de residuos urbanos, que cada vez requieren un mayor nivel de tecnificación y volúmenes de inversión en economías de escala; o el papel trascendental de la gestión del suelo o la vivienda social, con objetivos en muchos casos incapaces de regular la especulación del sector, o los servicios de protección civil o medioambientales, deficitariamente cubiertos por los operadores privados por su escasa rentabilidad económica, pero imprescindibles para garantizar una respuesta eficaz y rápida, como estamos viendo en el momento actual con el desastre ecológico ocasionado por el naufragio del Prestige.
Y, en segundo lugar, adecuar el SEML a las modificaciones que el proceso de homogeneización de la Unión Europea, acelerará en los próximos años y que desde el punto de vista jurídico, fiscal o económico supondrán una apuesta difícil para conformar un sector público local ágil, eficaz y transparente. Por eso es necesario y urgente dotarlo de instrumentos ágiles, adaptados a las nuevas realidades de la globalización, como la necesidad de actualizar la legislación de régimen local, Ley de Bases de Régimen Local, de Haciendas locales, o los reglamentos de servicios de las corporaciones locales y de bienes de las entidades locales y compaginar sus disposiciones con lo establecido en la legislación mercantil.
En esta línea, la utilización de sociedades de cartera pública municipales (SCPM) que den la necesaria flexibilidad al ente local en sus participaciones a través de empresas mixtas, creadas conjuntamente con el sector privado, pero respetando en primer término el interés general de los ciudadanos, y en segundo, la razonable rentabilidad económica del interés particular, representado por los accionistas, es una necesidad primordial para poder competir eficientemente en el marco de una economía en rápido proceso de globalización.