Bruselas ampliará casi dos meses el análisis de las grandes fusiones

Las propuestas forman parte de las reformas prometidas por Mario Monti tras ver anulados por el Tribunal de Justicia de la UE sus vetos a tres fusiones: Airtours con Firstchoice, Schneider con Legrand y Tetralaval con Sidel. El comisario europeo concretó su oferta ante más de 500 especialistas en política de competencia, que acudieron a la Conferencia internacional sobre control de fusiones que se celebra ayer y hoy en Bruselas. Representantes de casi 40 países abarrotaron uno de los salones del Hotel Conrad para conocer de primera mano la reforma que Mario Monti presentará oficialmente el próximo mes de diciembre.

La reforma incluirá no sólo una flexibilización de los plazos de revisión de las fusiones, sino además la externalización del análisis económico del impacto de algunas operaciones y la incorporación al procedimiento de la opinión de las organizaciones de consumidores.

Aunque el comisario había adelantado anteriormente algunas de sus ideas, en la conferencia organizada por la Comisión Europea y la Asociación Internacional de Abogados detalló minuciosamente el plan para hacer frente 'a la ola de críticas sin precedentes que han desatado las tres sentencias del Tribunal de la Unión Europea'.

El comisario se propone presentar en diciembre un borrador del nuevo Reglamento de Fusiones (el actual data de 1989), un documento con los parámetros que aplicará en la evaluación de las operaciones y con unas directrices sobre las prácticas que seguirá su departamento en la revisión de los expedientes. Monti solicitará además un incremento de los recursos humanos de la dirección general de Competencia.

La unidad de fusiones, en concreto, cuenta con menos de 60 funcionarios para analizar fusiones de la envergadura de la propuesta sin éxito por General Electric y Honeywell, valorada en 43.000 millones de euros, tanto como el presupuesto anual de la política agrícola común. 'Cuando la Comisión Europea cita a una gran empresa, le pide que no lleve todo su equipo de abogados y ayudantes porque ni siquiera hay sillas suficientes para ofrecerles', describe la penuria de medios un abogado.

Monti ya ha convocado una plaza de economista jefe y tiene la intención de acelerar la contratación de varios economistas industriales. Las tres derrotas judiciales han revelado precisamente la debilidad de los argumentos económicos de la Comisión. En el futuro, Monti contrastará a menudo las conclusiones de su departamento con un estudio econométrico elaborado por especialistas ajenos a la Comisión, una práctica poco habitual hasta ahora.

El plazo de cuatro meses para que la Comisión concluya una investigación en profundidad también será pronto historia. El comisario Monti señaló ayer su intención de ofrecer a las empresas la posibilidad de solicitar una prórroga de tres semanas tras la presentación de concesiones para que la CE pueda estudiarlas con más detenimiento.

Además, a instancias de los abogados de las empresas o de los propios funcionarios, se podrán añadir otras cuatro semanas en las fusiones más complejas. El plazo total para recibir el veredicto pasará de los cinco meses actuales (un mes de investigación preliminar y cuatro de investigación en profundidad de las operaciones) a siete meses.

Notificación

Bruselas prolonga de este modo los plazos, pero mantiene la referencia temporal estricta del sistema europeo que empresas y abogados valoran muy positivamente. En EE UU, las investigaciones sobre fusiones no tienen plazo determinado.

Monti suprimirá además la actual obligación de notificar una fusión a los siete días de efectuarse. En la práctica, la CE nunca ha hecho cumplir este plazo, pero la supresión oficial pretende facilitar que las notificaciones se produzcan al mismo tiempo en EE UU y en la UE para permitir una evaluación sincronizada.

Las autoridades de competencia de ambos lados del Atlántico sellaron el pasado mes su voluntad de analizar al unísono las grandes fusiones trasatlánticas.

Monti ofrecerá a las empresas, además, un acceso casi continuo al expediente, para conocer su evolución. Schneider y Legrand alegaron con éxito ante el Tribunal de Justicia que la prohibición de su fusión se basó en cargos que sólo conocieron al final del procedimiento.

La Comisión reforzará también las garantías internas de una evaluación justa, potenciando el papel del oficial de audiencias (que en teoría ofrece un interlocutor imparcial a las empresas) y creando un panel de funcionarios de la CE que cuestionen las conclusiones de la unidad de fusiones.

Las empresas deberán demostrar los beneficios de la operación

La Comisión Europea promete mayor benevolencia en su actitud hacia las fusiones, pero advierte que las empresas deberán demostrar que la concentración no daña gravemente a otros competidores o a los clientes. El comisario de Competencia, Mario Monti, anunció ayer que el nuevo Reglamento de Fusiones incluirá un compromiso expreso de la CE de incluir en el análisis de las fusiones 'el desarrollo técnico y el progreso económico' que pueden reportar. Siempre que se garantice, añadió de inmediato, 'que es para beneficio de los consumidores y no obstaculiza la competencia'.Bruselas publicará además directrices detallando cómo evaluará los beneficios que genera una fusión. Monti advirtió, no obstante, que para que la Comisión alcance esa conclusión, las mejoras para el mercado deben ser 'sustanciales, oportunas en el calendario y verificables'. Además, deben suponer 'un beneficio directo para los consumidores'. La carga de la prueba para demostrar todas esas condiciones corresponderá a las empresas, a diferencia de EE UU, donde el Departamento de Justicia debe demostrar ante los tribunales los posibles perjuicios que se derivarían de una operación. Y Monti advierte que será muy improbable que 'se autorice una fusión que conduzca a un monopolio o cuasi monopolio', sólo porque las empresas aseguren que los beneficios compensarán la reducción de la competencia. La determinación de la autoridad competente para analizar una fusión también se modificará. El comisario de Competencia deseaba que una operación con impacto en varios Estados miembros pasara automáticamente a la jurisdicción comunitaria. Ante las protestas de varias capitales, Mario Monti propone ahora que un expediente pase a Bruselas cuando un cierto número de Estados considere que debe remitirse el caso a la Comisión Europea.