Huelga en las aulas
Antonio Gutiérrez Vegara sostiene que el Gobierno ha optado por la estrategia de descalificación también en la reforma de la enseñanza. En su opinión, el Ejecutivo considera que carece de alternativa quien se opone a sus proyectos
Impasible el ademán, el Gobierno popular hará que se apruebe hoy en el Congreso de los Diputados su Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE), valiéndose de su mayoría absoluta y haciendo oídos sordos de la mayoría de la comunidad educativa que antes de ayer secundaba la huelga en escuelas e institutos. Aunque la ministra recurriera a la guerra de cifras para variar, es innegable el malestar generalizado que han provocado las sucesivas reformas de la educación, la universitaria antes y la no universitaria ahora.
Aunque en esta ocasión se han moderado los adjetivos que se lanzaron contra rectores, profesores y estudiantes universitarios que se opusieron a la LOU (Ley Orgánica de Universidades), la descalificación sigue siendo básicamente la misma: carecen de alternativa quienes se oponen a sus proyectos. Una respuesta que por cierto parece haber acuñado el Gobierno para no importa qué crítica se le haga, sea ante los Presupuestos Generales del Estado, el problema de la vivienda o las políticas sociales.
Sin embargo, esa suele ser la manifestación más clara del enrocamiento de un Gobierno que ha dejado de construir sus decisiones con diálogo, imprescindible en democracia para fortalecerlas incorporando otras aportaciones y fraguar consensos amplios, pasando a emplazamientos retadores que paradójicamente no revalidan su fuerza, sino que la despilfarran paulatinamente.
Como acaba de indicar la OCDE, España, lejos de aumentar su gasto en educación, lo ha reducido en dos décimas del PIB durante los años de gobierno del PP
Todos los sistemas educativos requieren innovaciones continuas, puesto que a fin de cuentas con ellos se están prefigurando las sociedades del futuro y éste viene cargado de nuevos retos cada vez más complejos. Pero innovar no es desmontar lo construido. Con la catastrofista imagen proyectada sobre los resultados de los sistemas de enseñanza vigentes, que el Gobierno se ha encargado de exagerar en el último año y medio, lo que en realidad se persigue no es mejorar la Logse (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo), sino arrumbarla por completo, imputándole todas las deficiencias que puedan imaginarse y de paso cargarlas en el debe del Gobierno socialista que la puso en marcha.
Ese ha sido el cometido del documento de bases de la Ley de Calidad con el que se ha ido creando el clima apropiado para acometer la contrarreforma educativa.
Es cierto que tenemos un 25% de fracaso escolar en el título de la ESO, pero era del 30% con el graduado escolar unos años antes y sobre una población escolarizada menor, ya que se cursaban dos años menos de enseñanza obligatoria que ahora (de los 14 hemos pasado a los 16 años). Si hasta la década de los setenta apenas un 6% alcanzaba a estudiar el Preuniversitario, en la actualidad tenemos a un 63,7% de nuestra juventud con título de bachiller o equivalente.
La media europea de jóvenes con ese nivel de estudios es del 71,2%, pero como nos acaba de indicar la OCDE, España, lejos de aumentar el gasto en educación para convergir con Europa, lo ha reducido en dos décimas del PIB precisamente durante los años que gobierna el PP.
En todo caso, las reformas contenidas en la ley contradicen al título con el que se presenta. No van a mejorar la calidad de la educación, sino a empeorarla. La Preescolar de cero a tres años se convierte en asistencial, abriendo la puerta para que no dependa exclusivamente de la Administración educativa y, en consecuencia, a que sea atendida por un personal docente con menor capacitación y titulación de la que establecía la Logse. La infantil, entre los tres y los seis años, lejos de avanzar hacia su atención desde centros públicos, se favorecerá aún más que se haga en centros privados. Para la Primaria no se mejora la formación del profesorado, cuestión clave para reforzar la educación de los niños y niñas hasta los 12 años. En la Secundaria se sustituye el sistema comprensivo por el denominado eufemísticamente 'sistema de oportunidades', cuando en realidad no es más que retroceder a la segregación del alumnado a través de seis itinerarios formativos.
Quedó más que constatado que cuando se obligaba a los 14 años a optar entre la Formación Profesional, el bachillerato de Letras o el de Ciencias, factores como la extracción social eran determinantes en la elección de los alumnos. La reinstauración de la reválida (Prueba General de Bachillerato) responde al interés de la Administración en controlar los contenidos que se imparten en los centros y el rendimiento del alumnado.
Pero eso tenía sentido cuando no había legislación sobre los contenidos mínimos obligatorios, ahora será una vuelta a las cribas en los accesos a las enseñanzas universitarias. Además, la política de estándares para evaluar y controlar los centros escolares han sido rigurosamente criticados y desaconsejados por expertos a uno y otro lado del Atlántico -Linda M. McNeill, Peter Sacks, Kathy Swope, Barbara Miner, entre otros muchos-, apuntando que reducen los contenidos a enseñar, en su calidad y en su cantidad, se fragmentan en exceso y empobrecen las estrategias didácticas.
Finalmente, las omisiones deliberadas de la ley desmienten los objetivos proclamados por el propio Ministerio de Educación. Junto a la muy clamorosa ausencia de memoria financiera, se echan en falta la elaboración de planes específicos para combatir el fracaso escolar, medidas de apoyo al profesorado y mejora de los recursos didácticos, la reducción de los ratios estudiantes/docente, el tratamiento de la diversidad en las escuelas para integrar en lugar de segregar o el reforzamiento del cuerpo de Inspectores de Educación.
Lo dicho, una ley que hace al Gobierno que la va a aplicar acreedor de una alternativa de gobierno.