Los municipios niegan ser los culpables del alza del coste de la vivienda
La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Rita Barberá, rechazó ayer que los ayuntamientos sean los causantes del encarecimiento del suelo y la vivienda, y calificó esas acusaciones de 'ofensivas y carentes de todas base real'. A través de un comunicado, Barberá rechaza 'las reiteradas manifestaciones de representantes de distintas instituciones y entidades achacando a la actuación de los ayuntamientos el aumento del precio de la vivienda y del suelo'. En su opinión, se trata de afirmaciones gratuitas como lo demuestra, entre otros datos, que 'en el último año ha sido la vivienda usada la que más ha subido de precio' -casi dos puntos más que la nueva-, a pesar del elevado número de viviendas desocupadas.
Para Barberá, la causa del encarecimiento de la vivienda y del suelo es 'un cúmulo de circunstancias', como los bajos rendimientos de los mercados financieros, que hacen que importantes inversiones se refugien en activos inmobiliarios, y la entrada en vigor del euro, que ha dirigido parte de la inversión hacia el sector inmobiliario. Cita, además, 'los bajos tipos de interés, con el abaratamiento de los créditos hipotecarios; y también, por supuesto, el encarecimiento del suelo'. Para explicar los límites de la responsabilidad de los ayuntamientos en ese asunto, la también alcaldesa de Valencia añade que 'la mayoría del suelo urbanizable vacante en España está en manos privadas' y, de la parte pública, la mayor parte pertenece, a su vez, a las Administraciones central y autonómica.
Niega también que las actuaciones urbanísticas de los ayuntamientos constituyan 'una de sus principales fuentes de financiación, como se viene afirmando de forma recurrente por parte de organizaciones de promotores'.
De acuerdo con los últimos datos disponibles de la liquidación de los presupuestos de las entidades locales -correspondientes al año 1999- 'los ingresos patrimoniales sólo suponen el 5,1% de los ingresos que tienen los ayuntamientos'. En el capítulo de ingresos fiscales municipales -son cerca de la mitad de los recursos totales de los ayuntamientos- tan sólo el 5,2% corresponde al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y el 7,14%, al impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones.
Barberá reclama, además, un mayor protagonismo de los municipios en el diseño de las políticas de vivienda. En su opinión, 'los ayuntamientos se ven limitados en sus actuaciones urbanísticas por la excesiva dependencia y tutela de las comunidades'.