Impuesta a Andersen la sanción máxima por obstrucción a la justicia

Un juez federal de EE UU impuso ayer la máxima sanción posible a Andersen, 500.000 dólares de multa y la inhabilitación para auditar durante cinco años, por obstrucción a la justicia en las investigaciones sobre la crisis de Enron. Se trata de una condena con escasa incidencia real, pues Andersen estaba fuera del mercado antes de que un jurado la condenara, ya que la imputación le supuso perder su clientela.

La sentencia se produce justo un año después de que Enron diera a conocer unos catastróficos resultados, que fueron la chispa que encendió el proceso de desmantelamiento del grupo y la investigación sobre el balance de la compañía. Este proceso llevó a la suspensión de pagos del grupo eléctrico y desveló la fraudulenta contabilidad que practicaba la compañía.

Cuando comenzó la investigación a Enron, Andersen admitió que había destruido cientos de documentos relativos a las auditorías de la empresa quebrada. El jurado, sin embargo, la condenó por considerar una prueba decisiva un mensaje electrónico en el que una de las más relevantes abogadas de la empresa, Nancy Temple, que se negó a testificar, reclamaba que se eliminara su nombre de un documento que recogía las negociaciones para acordar el resultado de la auditoría.

La condena del jurado dio paso a la sentencia de ayer de la jueza Melinda Harmon, quien subrayó que ¢el mensaje que debe recibir el sector de auditoría es que la destrucción de documentos no será tolerada mientras haya una investigación¢. La jueza también destacó que la auditora, meses antes de este escándalo, se comprometió a no participar en más fraudes contables, tras pagar una sanción por la auditoría de Waste Management.

Andersen llegó a tener 85.000 trabajadores en todo el mundo, y ahora emplea solamente a 1.000, en una estructura limitada a defenderse de 90 demandas de clientes. En España, donde consultores y auditores han ido por lados diferentes, unos a KPMG y otros a Deloitte, era la líder indiscutible.