Contrarreforma del desempleo, lo que no se puede decir

Por fin está teniendo lugar una verdadera negociación sobre el polémico decreto de la reforma del desempleo. Han tenido que pasar cinco meses y una huelga general para que Gobierno y sindicatos se sienten, de verdad, a negociar.

Resulta curioso comprobar la imagen mediática que se está transmitiendo: por un lado se presenta a un Gobierno que ha claudicado de sus posiciones iniciales y a unos sindicatos casi eufóricos mostrando su mejor cara; y por otro, se está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, es decir, se dan por hecho modificaciones concretas del decreto, como si ya se hubieran acordado en firme.

Estas precipitadas conclusiones sólo pueden ser consecuencia del afán desmedido de adelantarnos a los acontecimientos, o de las ganas de acabar de una vez con esta herida social que sangra hace meses. Sin embargo, no se analizan con detenimiento los mecanismos y fases por que atraviesa toda negociación, aún como en el caso que nos ocupa, en el que las dos partes han cometido graves errores que no sólo van a pagar ellas sino, desgraciadamente, estamos ya pagando todos.

Da la impresión que no interesa que se conozcan los hechos como son, sino como nos los quieren hacer ver cada uno de los negociadores, ya sean, en este caso, los políticos o los sindicalistas.

No sólo no se admite un análisis desapasionado del proceso negociador que nos ocupa, sino que se rechaza y combate con fuerza. Si alguien se atreve a razonar y defender una posición distinta a la que interesa difundir a alguna de las partes en litigio, se le descalifica y se le tacha de retrógrado sin contemplaciones. Por lo visto, lo importante es lograr a toda costa unificar el mensaje y no salirse del guión. Veamos:

No se puede decir que el Gobierno se precipitó en mayo y en vez de acercarse a los interlocutores sociales y a profesionales de prestigio para consensuar la reforma del desempleo, puso sobre la mesa un decreto muy elaborado, y llamó a los sindicatos a negociarlo, advirtiendo que no se admitían cambios en lo sustancial. Le sobró arrogancia y le faltó la flexibilidad que hubiera sido necesaria para facilitar la negociación. Tampoco fue capaz de valorar la contestación y crispación social que iba a producir la falta de un acuerdo social.

No se puede decir que los sindicatos, de forma incomprensible, se negaron a ejercer su primera obligación, negociar; en cambio 'exigieron' al Gobierno la retirada sin más del decreto, amenazando, como primera medida de presión, nada menos, que con una huelga general (¡vaya órdago!). La única explicación lógica que explicara esta postura 'conciliadora' al inicio de unas negociaciones, era que por fin UGT encontraba motivo para concretar su objetivo de hacer una huelga al Gobierno (de esta manera el señor Aznar no se iría 'de rositas', antes de acabar la legislatura, Méndez, dixit).

No se puede decir que unos, el Gobierno, y otros, los sindicatos, han empezado en octubre los deberes que debieron hacer en junio, negociar sin posturas maximalistas. Es decir, los sindicatos dejando de 'exigir' la retirada del decreto y el Gobierno flexibilizando sus posiciones iniciales para entrar en la discusión de todos y cada uno de los puntos del decreto. Seamos sensatos, ¿en qué consiste una negociación auténtica sino en discutir, y ceder ambas partes, en base a una propuesta, con talante abierto hasta que se alcanza un acuerdo aceptable para ambos? Hay que defender y razonar posturas huyendo de maximalismos y gestos que impidan llegar a un acuerdo definitivo.

No se puede decir que las dos partes negociadoras estaban en un callejón sin salida y, por causas distintas, les interesaba a ambas encontrar un camino que les permitiera salir de sus posiciones y salvar la cara. Los sindicatos lo están consiguiendo bien, pero el Gobierno no deja de recibir estopa de propios y extraños, cuando en realidad es mucho mayor la culpabilidad y los errores cometidos hasta el momento por los sindicatos, incluida, por supuesto, la absurda huelga general, acogida con notable indiferencia por los ciudadanos.

Han cambiado las razones que impulsaron al Gobierno a emprender los cambios que se proponen en la famosa reforma del desempleo? En absoluto. Los objetivos siguen siendo los mismos, otra cosa distinta son las matizaciones, los plazos y el camino necesario para conseguirlos, que lleva consigo toda negociación.

Y si no se quiere aceptar así que no se llame ni se negocie con los sindicatos, sino que simplemente se imponga la mayoría absoluta en las Cortes, que es dónde hay que aprobar el decreto.

Los objetivos básicos no deben cambiarse pero el camino para llegar a ellos obliga a encontrar fórmulas conciliadoras (lo que se entiende por 'oferta adecuada de empleo', cuándo deben empezar a contar 'los salarios de tramitación', si deben cobrar el desempleo los fijos discontinuos, la fórmula para acabar con las desigualdades e injusticias que pueda estar creando el seguro agrario, etcétera), perfectamente discutibles y que constituyen el núcleo de la negociación, sin que nadie se sienta preocupado por ello ni acusado de abdicar de sus posiciones.

La pregunta que es lícito hacerse y que causa no poca perplejidad en el ciudadano de a pie es la siguiente: ¿Por qué razón no se inició la negociación en su momento, es decir, en el mes de junio y se hubieran evitado estos cinco meses de innecesaria crispación social, en un panorama económico complicado a nivel mundial, cuando se necesita más que nunca asegurar la cohesión social?