Pagos por una Unión Europea de 25 miembros

Joaquín Trigo sostiene que la ampliación de la UE, además de ventajas, traerá inconvenientes a la economía española. El autor, que destaca lo limitado del debate en España acerca del tema, analiza esos problemas

Para la economía española, la ampliación de la UE tendrá ventajas políticas y económicas, pero tiene también inconvenientes que deben aceptarse, en unos casos, y contrarrestarse en lo posible, en otros.

En las primeras están la ampliación del mercado junto al aumento del peso demográfico y económico de la UE, que permitirán aumentar su influencia mundial, lo que facilitará la estabilidad y la paz europea y mundial. Simultáneamente, habrá una extensión del comercio interior y cierta desviación del comercio con terceros, con lo que se avanzará más en la especialización y la división internacional del trabajo.

La distribución de las ventajas, y la de los costes anexos, será desigual, y en los últimos a España le corresponderá una cuota apreciable. El descenso de la renta per cápita media de la UE dejará la mayor parte de España por encima, con lo que las 10 regiones españolas que son Objetivo 1, excepto Extremadura, Andalucía, y quizá Galicia, dejarán de percibir ayudas importantes. España seguirá siendo perceptor neto de ayudas pero en menor medida.

Está previsto y es ingrato, pero nada puede hacerse si no intentar minimizar y aplazar el impacto. Con la entrada de España y Portugal, los países que se vieron en situación parecida aceptaron la ampliación, como debe hacer España ahora.

Las implicaciones microeconómicas son muchas y relevantes. En primer lugar, las multinacionales tendrán interés en aumentar la producción que ya hacen en esos países y, en segundo lugar, en tener presencia donde no están. Esto significa que, donde sea factible y rentable, deslocalizarán producción orientándola donde los costes y la proximidad al mercado de destino sean más favorables.

La expectativa de eliminación de barreras comerciales refuerza la conveniencia de mayor uso de la capacidad productiva disponible, o incrementarla, en los Países de la Europa Central y Oriental (Pecos), en detrimento de la producción realizada en la UE, donde los costes laborales, del suelo y las cargas regulatorias son mayores. Así, el traslado de producción, en casos drásticos, como el de Lear y Actaris, o suaves, como el de Seat, están llamados a repetirse. Por esa razón, los suministradores españoles de multinacionales deben considerar seriamente su implantación en los nuevos miembros.

El segundo aspecto se presenta con un ligero desfase temporal a través de nueva inversión, que tendrá el mismo efecto visible, y otro, menos perceptible pero relevante, en forma de menor entrada de inversión extranjera que en lugar de optar por España lo hará por los nuevos miembros. De no mediar acciones compensatorias, el efecto combinado supone menor nivel de actividad y empleo en la industria manufacturera que representa lo esencial de las exportaciones españolas.

El comercio con los Pecos es, ahora, de poco relieve en España, pues no llega al 2% de las exportaciones y está por debajo del 1,5% de las importaciones, con lo que hay un superávit que se reduce paulatinamente.

Sin barreras arancelarias ese comercio se podrá incrementar, pero conviene tener presente que se compran y venden bienes de la misma naturaleza, de modo que son serios competidores potenciales, no tanto por su industria autóctona como por la producción que puedan hacer allí las multinacionales.

Incrementar la presencia comercial e inversora requiere tiempo y medios que son limitados, así como acciones difíciles de realizar en momentos de desaceleración como el actual. Los Pecos, en cambio, pueden impulsar su captación de inversión extranjera con más posibilidades de éxito que nunca.

En España el debate acerca de los efectos de la ampliación es, cuando lo hay, tan limitado que sorprende. Las acciones y la indiferencia se solapan. La reacción ante los hechos es defensiva y, aunque comprensible en cuanto a la petición de indemnizaciones elevadas para quien pierde el empleo, es contraproducente para atraer nueva inversión. Sin embargo, dadas las diferencias de coste, aunque el esfuerzo para incrementar la competitividad pueda ser de efecto limitado en cuanto a la reorganización de la producción intraempresa en las multinacionales, puede ser útil en las empresas del país si se acompaña de nuevos pasos en innovación, en calidad y en la cooperación entre empresas para compensar las debilidades de su dimensión reducida.

Lo que pueden hacer las Administraciones es poco pero crucial. Entre otras cosas, está a su alcance el mejorar el trato fiscal y la financiación de la innovación, el impulso a las alianzas estratégicas, la coordinación de la búsqueda de inversión extranjera por las comunidades autónomas, la simplificación administrativa de las obligaciones de las empresas y el descenso de la carga regulatoria o la consideración concreta de problemas sectoriales que no requieren de ayuda monetaria directa.

Esas y otras medidas tienen suficiente enjundia como para organizar una sacudida de la industria española en la que Administraciones, organizaciones empresariales y sindicales puedan articular soluciones creativas apropiadas.