El giro en la política de Aznar recae sobre los empresarios

Las últimas decisiones de política económica adoptadas por el Gobierno van a suponer una rémora para buena parte de las empresas. En un entorno de desaceleración económica, en el que escasean los recursos y está vigente la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a mantener en equilibrio fiscal a todas las Administraciones públicas, el Ejecutivo ha decidido repartir los costes de su política económica entre quienes ha beneficiado meses antes.

En las últimas semanas, el Gobierno ha tomado dos decisiones importantes a este respecto. La primera de ellas, la marcha atrás a buena parte de los planteamientos incluidos en la reforma de las prestaciones por desempleo, que costó una huelga general.

La segunda de ellas es la aprobación de un nuevo modelo de financiación local que, entre otros asuntos, supone el retoque de todos los impuestos locales y, por ende, cambios sustanciales para la tributación de las empresas. Una de las principales modificaciones incluidas en la reforma de la Ley de Haciendas Locales (en trámite parlamentario) es la supresión del impuesto de actividades económicas (IAE) para la mayor parte de las pymes (92%). La medida, anunciada hace más de dos años en clave electoral por el propio José María Aznar, se ha granjeado las críticas de buena parte de los expertos en financiación local, por la dificultad de encontrar un sistema de compensación para los municipios por la pérdida de recaudación (por el IAE se recaudan cerca de 1.800 millones de euros al año en todo el país) que supondría la eliminación del mismo. Además de ello, el IAE cumple con una función censal (fichero para ayuntamientos y demás instituciones públicas sobre la actividad económica de la zona) insustituible.

Al final, el Gobierno, obligado por la promesa electoral, ha decidido hacer frente a ella, repartiendo parte de los costes entre las empresas que seguirán pagando el tributo. La exención del IAE, de la que el Gobierno espera que ayude a dinamizar la economía, se circunscribe a la totalidad de los autónomos y a las empresas que facturen menos de un millón de euros. El resto, conformado por pymes de mayor tamaño y grandes empresas, no sólo no dejará de pagar el tributo, sino que sufrirá un incremento de tributación considerable y en función de sus ingresos, que puede llegar hasta un 35% más de lo que pagaba hasta ahora.

Un ejemplo del mismo Ministerio de Hacienda: una empresa de 150 trabajadores que facture cerca de 10 millones de euros pagará a partir del próximo año 10.821 euros por el IAE, un 26% más respecto a los 8.571 euros que pagaría en 2002. A este incremento de tributación se suma el establecimiento de un régimen especial en el IAE para las operadoras de móviles, por el que deberán tributar a razón de 1,7 euros por cada abonado.

Por otra parte y ligado a la reforma de la financiación local, el Ejecutivo ha decidido actualizar la tasa municipal por ocupación de dominio público local (1,5% de facturación), que pagan empresas de servicios como las energéticas y las dedicadas a las telecomunicaciones. La tasa se aplicará, tanto a las empresas que usen redes propias, como a las que empleen redes ajenas, lo que supone la incorporación de las empresas eléctricas usuarias de las redes.

La tesis del Gobierno es pagar lo menos posible por los costes de la reforma del IAE. Y para ello está negociando con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), interesada en que los ayuntamientos no pierdan recaudación. La intención del Ministerio de Hacienda es pagar vía Presupuestos Generales menos de la mitad de lo que perciben los ayuntamientos por el IAE, según reconocen fuentes del departamento. Para ello ha habilitado una partida en el presupuesto de hasta 763 millones de euros.

Equidad

Los cerca de 1.000 millones de euros que restan deberían, según el Ejecutivo, ser sufragados por las medianas y grandes empresas, a través del incremento de la tributación del IAE, el régimen específico para las operadoras de móviles y la tasa por el uso del dominio público local. El argumento que esgrime ahora el Gobierno es, simplemente, 'equidad fiscal', (deben pagar más quienes más tienen), justo el contrario del que hizo uso hace un año, cuando decidió incentivar la reinversión de plusvalías latentes, algo que beneficia, sobre todo, a las grandes sociedades. La CEOE, en la que están integradas todas las empresas, guarda silencio para no herir susceptibilidades internas. Pero dentro de la confederación ya se han alzado voces discordantes. La patronal de telecomunicaciones (Aniel) ha advertido que el nuevo IAE supone multiplicar por 12 la presión fiscal de las operadoras, e intentará, en el trámite parlamentario del proyecto de ley, alcanzar algún tipo de acuerdo.

Cepyme, que integra a las pequeñas pero también a las medianas empresas, juega a nadar y guardar la ropa. Por un lado, reconoce el esfuerzo realizado, por el que 2,1 millones de autónomos y pequeñas empresas dejarán de tributar. Pero a la vez advierte que una buena parte de las medianas empresas quedará fuera de las exenciones, por lo que solicita que el listón para no tributar por el IAE se eleve hasta una cifra de negocio de dos millones de euros. Además, advierte que todo incremento de tributación, aunque se refiera sólo a las grandes y medianas sociedades, corre el riesgo de trasladarse a todo el proceso productivo, al ser repercutido al consumidor o a los clientes, por las empresas que lo soportan inicialmente.

Todo ello, en un escenario muy complejo en el que cada municipio tiene recorrido para usar el potencial recaudatorio de sus impuestos. Desde 1995, la presión fiscal (ingresos tributarios sobre el PIB) de los municipios se ha incrementado casi un punto. Pero aún queda margen. En el caso del IAE, el esfuerzo fiscal se encuentra en el 71% del máximo permitido.

Descontento por la reforma de los salarios de tramitación

Si la reforma del impuesto de actividades económicas (IAE) ha levantado susceptibilidades en las filas de las medianas y grandes empresas, el descontento es generalizado en toda la CEOE en lo que concierne a la reforma de las prestaciones por desempleo. La marcha atrás efectuada ahora por el Gobierno, varios meses después de producirse la huelga general del 20-J, y en un escenario de desaceleración económica y gran incertidumbre para los próximos meses, ha pillado a la patronal a traspiés. Con el decreto aprobado en primavera, Gobierno y empresas conseguían claramente ahorros en la protección por desempleo. Según un estudio técnico elaborado por CC OO, la eliminación de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes, una de las principales medidas propuestas por el Gobierno inicialmente, habría supuesto un ahorro de costes laborales de unos 800 millones de euros al año. Los empresarios habrían sido los más beneficiados, ya que habrían podido dejar de pagar alrededor de 500 millones de euros en salarios de tramitación, mientras que las arcas públicas se habrían ahorrado los otros 300 millones restantes. Pero con las enmiendas introducidas en las últimas semanas dulcificando el conocido como decretazo, los supuestos 500 millones de menores costes para las empresas quedan en cuestión. El Gobierno ha restituido el pago de los salarios de tramitación, a no ser que el empresario admita la improcedencia del despido y deposite la indemnización para el trabajador en un plazo de 48 horas tras la extinción del contrato. Aunque a primera vista pudiera parecer que los empresarios se decantarán por consignar la indemnización -con lo que seguirían ahorrándose los 500 millones-, esto sólo ocurrirá en los casos de despido de trabajadores de poca antigüedad, en los que los salarios de tramitación supondrían mayor cantidad que la indemnización.