El 'decretazo' reduce las conciliaciones y aumenta la judicialización del despido
Las alarmas de las asesorías jurídicas de los sindicatos han saltado. Según han podido detectar las centrales sindicales, desde que en mayo pasado empezara la aplicación del decretazo, los actos de conciliación entre el empresario y el trabajador despedido, que en la mayoría de las ocasiones evitaban que los casos de despido llegaran a los tribunales, están disminuyendo notablemente.
Esta situación es atribuible a dos de las medidas incluidas en el decretazo. En primer lugar, la razón no es otra que la eliminación de los salarios de tramitación (aquellos correspondientes a los meses que iban entre el momento del despido y el reconocimiento de éste como improcedente). Al eliminar la obligación de pagar estos salarios, los empresarios deciden alargar todo lo posible el momento del pago de la indemnización, por lo que han dejado de acudir a los actos de conciliación (previos al juicio) y prefieren que la improcedencia o no del despido se dirima en los tribunales. Esto está empezando a saturar los juzgados con más casos de despidos que antes.
Según datos oficiales, el Instituto Nacional de Empleo (Inem) ha reconocido entre junio y agosto la prestación a 85.829 trabajadores despedidos de forma improcedente. Los sindicatos calculan que estos trabajadores ya no han cobrado salarios de tramitación, si bien fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que muchos de ellos fueron despedidos antes de la entrada en vigor del decreto y por ello sí han disfrutado de dichos salarios.
El otro motivo del descenso de las conciliaciones sí ha descargado los juzgados. Con la supresión de la necesidad de probar la situación de despedido con un acta de conciliación o una sentencia judicial, las asesorías sindicales han observado un aumento de trabajadores despedidos que cobran la indemnización sin llegar a demandar a la empresa, por lo que tampoco deben acudir a ningún acto de conciliación previo.
El resto de las medidas ha tenido escasos resultados. La explicación de los sindicatos es que el decretazo no se está aplicando en la mayoría de los casos. Por ejemplo, durante los tres primeros meses de vigencia del decretazo, el Inem sólo ha retirado parcial o definitivamente la prestación a 162 personas. Esto supone una cifra bastante baja si se tiene en cuenta que sólo entre junio y julio el Inem ofertó 138.121 puestos de trabajo, de los que 2.465 fueron rechazados por ser ofertas no adecuadas, conforme a las condiciones del decretazo.
A falta de un análisis por parte del Gobierno de la aplicación de la reforma, el Inem ha facilitado algunos datos como el número de mujeres maltratadas acogidas a la renta activa de inserción, que suman 695 entre junio y septiembre, o el número de denegaciones del subsidio a eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura, que ascienden a 4.268 entre junio y julio.
Si bien, en repuesta a la información demandada por CC OO, el Inem ha precisado que aún no se ha producido ningún reconocimiento de la nueva prestación contributiva a nuevos trabajadores agrarios, ya que a ningún trabajador le ha dado tiempo a cotizar lo suficiente para tener el derecho a la prestación.
Otra de las medidas que el Gobierno anunció profusamente fue la capacidad de que los mayores de 52 años compatibilizaran la prestación y un empleo: sólo 56 personas se han acogido a esta posibilidad.
En cuanto a los fijos discontinuos, pese a que el decretazo suponía la transformación de muchos de ellos en fijos a tiempo parcial, entre junio y septiembre se han dado de alta 79.770 fijos discontinuos, más que en los mismos meses de 2001.
En cualquier caso estos datos sólo evidencian que esta reforma, ya sea por su inaplicación o por su diseño, tampoco ha beneficiado de momento al mercado laboral.