Las políticas de empleo
El autor subraya las dificultades que existen para seguir la ejecución de los presupuestos del Inem. Según el autor, el Gobierno se apunta a las políticas de empleo en España cuando son los trabajadores quienes las pagan
Desde que en 1999 el Partido Popular modificó el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social, las cotizaciones sociales pueden utilizarse para sufragar políticas distintas a las prestaciones por desempleo. De esta forma se carga sobre los trabajadores única y exclusivamente (las cotizaciones sociales se contabilizan como remuneración de asalariados) la financiación de las políticas de fomento de empleo, eximiendo al resto de la sociedad en un empeño beneficioso para todos.
Pero además han sido utilizadas también para cumplir con el propósito gubernamental de equilibrar las cuentas públicas. Otro objetivo que podría ser bueno para el conjunto de la sociedad si se diera en otras circunstancias de presión fiscal más equitativa y de suficiencia del Estado para atender necesidades perentorias y derechos básicos de la ciudadanía (que en España estamos lejos de cubrir en relación a la media comunitaria).
Sin embargo, ya en el ejercicio pasado, los déficit del Estado (0,47% del PIB) y de las Administraciones territoriales (0,49% del PIB) se cubrieron con los superávit de la Seguridad Social (0,66% del PIB) y del Inem (0,18%, que habría sido de 759,72 millones de euros si no se hubieran desviado 417,68 al Presupuesto de 2002, correspondientes a prestaciones por desempleo pagadas realmente en 2001). Todo ello provoca una seria dificultad para seguir la ejecución de los presupuestos del Inem durante el año en curso y distorsiona la valoración del que se confecciona para el siguiente.
El Estado no aportará ni un euro a las políticas de empleo por tercer año. Son las cotizaciones sociales las que las seguirán financiando
No obstante, con la aplicación conocida hasta la fecha se puede afirmar que las dotaciones iniciales presupuestadas para 2002 estaban alejadas de la realidad. Para empezar, los ingresos contemplados son inferiores en un 6,7% a los de 2001, cuando la información dispensada por la Tesorería General de la Seguridad Social confirma que al mes de agosto se habían incrementado un 6%.
En cuanto a los gastos, un 1,68% superiores a los liquidados el año anterior, se habían consumido en su mayor parte el primero de enero como consecuencia del artificio contable antes señalado, de forma que en el tercer trimestre ya se alcanzó el 83,65% del gasto total previsto inicialmente para prestaciones por desempleo (el 90,35% del seguro contributivo).
Son desviaciones demasiado abultadas como para considerarlas un simple error. Más parecen coartadas para justificar los recortes que vendrían con el conflictivo decretazo. æpermil;ste a su vez empezó a dejarse notar inmediatamente en la evolución de los beneficiarios del seguro de desempleo, de tal forma que si hasta el mes de abril habían crecido el 17,5%, en julio crecían a menos de la mitad, al 8%, aunque el paro registrado en el Inem se volvía a situar ese mismo mes en los niveles alcanzados en 1999 (1.548.449 parados), marcando una evolución negativa del empleo con 96.980 personas registradas en el paro por encima de las inscritas por las mismas fechas un año antes.
Para 2003, el Gobierno se ha apresurado a presentar un presupuesto del Inem propagando un alza próxima al 14%, dentro de unas previsiones macroeconómicas que cuentan con un aumento del PIB del 3% y del 1,8% en creación de empleo.
Presupuestar tan fuera del contexto previsible ( nacional e internacional) es perder credibilidad, pero más increíbles aún resultan las cuentas de las políticas de empleo que se van a seguir cuando entre trucos contables arrastrados, distorsiones acumuladas sobre la realidad y cambios normativos a mitad de año, algunas partidas de gasto terminarán el presente ejercicio con desviaciones cercanas al 20% respecto de sus dotaciones iniciales. Así, los ingresos presupuestados suponen un incremento del 11,7% en términos reales respecto de los contemplados inicialmente en el presupuesto de 2002, pero si los comparamos con los que probablemente se van a verificar al final del presente ejercicio, el crecimiento se quedaría en una tasa mucho más discreta del 2,7%.
Lo mismo cabe decir de los gastos previstos, presentados con un aumento del 11,4% respecto de la dotación inicial de 2002, que se reducen hasta el 4,3% si la relación se establece con la liquidación que realmente se habrá hecho de seguir la tendencia actual. Hasta el punto de que el gasto asignado para pagar las prestaciones por desempleo en 2003 no sólo no aumenta, sino que supone un retroceso del 0,9% en términos reales.
En definitiva, son las cotizaciones sociales las que seguirán financiando todas las políticas de empleo, desde casi el 60% del gasto que se llevan las bonificaciones empresariales hasta las prestaciones a los desempleados que por obra y gracia del decretazo se harán inaccesibles para buena parte de ellos, pasando por la mayor parte de la formación profesional (financiada también con una pequeña aportación del Fondo Social Europeo).
El Estado no aportará ni un euro por tercer año consecutivo. Son las cuentas del desaguisado provocado por el Gobierno con los cuentos que adornaron el decretazo y que ahora deberían ponerse encima de la mesa si de verdad se quiere recomponer el diálogo social.