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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Opa amistosa a Alemania

La opa hostil que dio a Vodafone el control de Mannesmann recordó a Alemania los peligros de exponer sus empresas a la ley del mercado. La operadora británica de telefonía móvil, nacida y crecida a golpe de habilidosas operaciones financieras, engulló con una de ellas, hace dos años y medio, a la alemana ante la impotencia del Gobierno de Gerhard Schröder. Berlín se revolvió ante la amenaza que rondaba a los gigantes industriales, levantados sólidamente durante medio siglo, pero con pies de barro en lo que a Bolsa se refiere.

En aquellos momentos, el Gobierno de Schröder sintió que la directiva europea de opas a la que había dado el visto bueno dejaría vulnerables a sus empresas ante los colosos extranjeros. Ninguna compañía alemana figuraba en marzo de 2001 entre las 50 mayores del mundo. En mayo de aquel año, Berlín rompió el consenso sobre la directiva comunitaria y dos meses después lograba que el Parlamento Europeo tumbase definitivamente, tras un empate técnico a 273 votos, un texto negociado durante 12 largos años.

Ayer la historia arrancó de nuevo, con un proyecto de directiva que el comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein, presentó con premeditado simbolismo en la Eurocámara. La diplomática acogida dispensada por el mismo ponente que hundió el anterior proyecto, el democristiano alemán Klaus Lehne, no oculta las primeras discrepancias. Pero ambas instituciones parecen conscientes de la urgencia de una directiva crucial para la integración de los mercados financieros europeos, que se prevé completar en 2005. Y la Comisión parece haber comprendido que Alemania, principal economía de la zona euro, defiende sin tapujos un capitalismo empresarial frente al puro capitalismo financiero.

La Comisión, con buen sentido, ha sacrificado propuestas que aún les suenan maximalistas a algunos como la de 'una acción, un voto'. Se contenta con que sea el mercado el que castigue las estructuras accionariales demasiado rígidas o proteccionistas. Incluso concede un largo plazo transitorio de tres años, durante los cuales los consejos de una empresa podrán adoptar medidas defensivas tras ser objeto de una opa hostil sin necesidad de consultar a la junta de accionistas.

La nueva ley busca, en cambio, una mejora de la protección del accionista minoritario, al garantizar un trato equitativo a todas las participaciones de la empresa objeto de una opa y al reconocerles el derecho a vender, sin posibilidad de negativa del comprador, cuando la opa alcance el 90% del capital. El texto deja a los Estados miembros la fijación del umbral de capital que determinará el control de una empresa. Pero la superación de ese criterio, cualquiera que sea, obligará al comprador a lanzar una opa por el 100% de la empresa.

En este punto la directiva puede chocar con la normativa paralela que prepara el Gobierno español, que contempla la posibilidad de opas parciales. En cualquier caso, y dado que lo único que ha aprobado el Congreso de los Diputados es una proposición no de ley que no es vinculante y tampoco va mucho más allá que el borrador europeo, se prevé que España adaptará su norma cuando la directiva esté aprobada o durante el proceso de tramitación de ambos textos. Como afirmó Blas Calzada, presidente de la CNMV, será Bruselas la que dé la orientación definitiva.

La unanimidad con la que el Congreso aprobó la iniciativa del PP y CiU refleja la necesidad de un cambio, algo que se puso de manifiesto con la transmisión de paquetes patrimoniales que supusieron el cambio de control de importantes empresas (Dragados, Vallehermoso y Bami) sin que los pequeños pudiesen opinar ni optar a la prima obtenida por los vendedores, SCH y BBVA. Y el sistema planteado de puja en subasta es más razonable que el actual, en el que sólo el primero en lanzar una opa puede contraofertar si aparece una segunda oferta de compra.

El mecanismo de tramitación de la nueva norma es, sin embargo, farragoso. A la proposición no de ley sucederá la propuesta legislativa del Gobierno sobre opas, que a su vez está expuesta a retoques por mandato de Bruselas.

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