Bruselas presenta por segunda vez su propuesta de Directiva de OPAs
La Comisión Europea presentó hoy su nueva propuesta para establecer reglas comunes para las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA), que tiene por objetivo ofrecer a las empresas europeas la mayor seguridad jurídica posible en este tipo de operaciones, incluidos los trabajadores y accionistas minoritarios.
Pese al rechazo de la anterior propuesta por el Parlamento Europeo en julio de 2001, la Comisión quiere una normativa europea al respecto, dado el carácter comunitario de muchas de estas operaciones y que forme parte esencial del plan para la creación de un mercado europeo de capitales de aquí a 2005.
En opinión del comisario de Mercado Interior y Fiscalidad, Frits Bolkestein, el actual texto responde a las preguntas concretas que el Parlamento planteó cuando rechazó la anterior Directiva. Es una propuesta "equilibrada y razonable que evita las posiciones extremas que podrían haberla llevado al Infierno de Dante sin puerta de salida", aseguró.
Así, el texto recoge la igualdad de trato para todos los propietarios de títulos de la sociedad en cuestión que se encuentran en situaciones idénticas, y que las personas a las que se dirige la oferta deben disponer de plazos y de las informaciones necesarias para tomar una decisión suficientemente fundada a propósito de la oferta.
Otros principios plantean que el órgano de administración o dirección de la sociedad debe actuar en interés de la sociedad considerada en su conjunto; está prohibido crear falsos mercados para los títulos de la empresa, del ofertante o de toda sociedad implicada en la oferta y se prevé que la conducta de la empresa no debe alterarse durante un tiempo mayor al razonable.
La nueva propuesta esgrime por tanto la misma regla que la anterior relativa a que los dirigentes de la sociedad objeto de una OPA deben pedir autorización a los accionistas antes de lanzarse a acciones defensivas.
No obstante, también incluye algunas modificaciones en lo que se refiere a la definición común del "precio equitativo" para la oferta obligatoria y la instauración de un 'derecho de retirada obligatorio'. Este derecho permitiría a un accionista muy mayoritario obligar a los accionistas minoritarios a venderle sus títulos, unido a una nueva propuesta con un derecho de compra obligatorio que permite a los accionistas minoritarios a obligar a un accionista muy mayoritario a comprar sus títulos, tras una OPA.
En lo que se refiere a la eliminación de los obstáculos a las OPAs en Europa, la nueva propuesta prevé, por una parte, una mayor transparencia de la estructura del capital y del control, así como un mecanismo de defensa de las sociedades, y por otro, un sistema de "neutralización de medidas de defensa" estructurales en caso de OPAs.
Este mecanismo se aplicaría a las restricciones de derechos de transferencia de títulos y a los derechos de voto, y no elimina los derechos adquiridos, con el fin de que no se planteen problemas jurídicos, e incluso constitucionales, insalvables para algunos Estados miembros.
La Comisión considera también que esta propuesta no compromete la competitividad de las empresa europeas respecto a las de los países terceros, tales como Estados Unidos.
La anterior propuesta de Directiva sobre OPAs fue rechazada por el Parlamento en julio de 2001, tras 12 años de negociación. Este rechazo se debió a que los eurodiputados temían que con esta nueva normativa se abrieran las puertas de las sociedad europeas a las americanas, o simplemente de un Estado miembro a las sociedades de otro Estado miembro de la UE.
En concreto, el punto conflictivo se refería - según la CE- a la obligación establecida para el consejo de administración de las empresas objeto de una OPA de obtener la autorización de los accionistas antes de emprender cualquier defensiva y de la amalgama provocada entre este deber de "neutralidad" de los dirigentes con la imposibilidad de la sociedad objetivo de defenderse.