Expertos de la UE prevén una criba entre operadores del nuevo móvil
Los más de 200 participantes en el seminario convocado por la Comisión Europea respetaron el código no escrito sobre etiqueta y vestimenta. Pero las formalidades externas no impidieron que el debate reflejase la crispación que se ha apoderado de uno de los mercados europeos que hasta hace poco enamoraba a inversores, analistas y Gobiernos.
Sobre la mesa de reuniones, un análisis del impacto en el sector de los procesos de adjudicación de las licencias de telefonía móvil de tercera generación (UMTS), elaborado por la consultora McKinsey & Company. El veredicto del informe apunta a 'un intenso proceso de consolidación' del sector, al 'fortalecimiento de los actuales operadores paneuropeos' (título que el estudio reserva para Vodafone y Orange) y al movimiento predatorio entre los ocho operadores con actividades transfronterizas (Telefónica, BT Wireless, T-Mobil, KPN, Telecom Italia, Hutchison, Sonera y Telenor).
Pese a los términos políticamente correctos de la consultora, ante los asistentes al encuentro se anunciaba con toda crudeza el inicio de una criba entre los competidores por ofrecer un servicio cuya infraestructura costará más de 350.000 millones de euros. Las operadoras necesitarán entre 11 y 30 años para amortizar la inversión y el informe sospecha que el escenario más pesimistas es incluso optimista en el caso de Alemania y Holanda.
El estudio de McKinsey se ha realizado a partir de entrevistas y aportaciones de las principales operadoras europeas, de las asociaciones del sector y de los reguladores nacionales. Ayer, sin embargo, la consultora soportó un diluvio de críticas por haber eludido pronunciarse a fondo sobre los diferentes métodos de concesión de las licencias (subasta o concurso) y por no proponer soluciones a corto plazo para salvar la crisis. (La CE siempre encarga informe bajo un mandato estricto sobre las materias que deben abordarse).
Para muchas de las empresas atrapadas por deudas millonarias desde el proceso de subastas (en el que se gastaron en total 103.000 millones de euros), el estudio minimiza el impacto de ese método de adjudicación y las propuestas para el futuro abocan a una rigidez normativa. 'Les pediríamos a los reguladores que no tomasen el informe más que como una serie de ideas, y no como unas directrices a seguir en el futuro', espetó una representante de GSM Europe.
Vodafone, en cambio, situó el problema al otro lado de la barrera. 'Los accionistas de las empresas deberían preguntarse si han contado con el equipo de dirección apropiado'.
Telefónica, en su aportación por escrito, tampoco ahorra críticas al método de adjudicación del Gobierno español, que intentó completar los ingresos del concurso con una tasa variable sobre la utilización del espectro radioeléctrico.
A juicio de la compañía española, esta decisión del Gobierno 'ha cambiado completamente las reglas previstas inicialmente y ha desestabilizado el mercado español de telefonía móvil, deteriorando la situación financiera de los operadores y cambiando su modelo de negocio para los próximos años'.