Las regiones exigen voz y voto en la negociación del precio de los fármacos

Los Gobiernos regionales consideran un sinsentido que, de los tres elementos que configuran el gasto farmacéutico -oferta, precio y consumo-, el financiador, es decir, ellos, sólo tenga competencias sobre consumo. Las comunidades quieren decidir con Sanidad qué fármacos debe financiar el SNS y a qué precio.

El debate político del día 18 girará sobre la necesidad de modificar las competencias del Consejo Interterritorial de Salud, de manera que las comunidades puedan corresponsabilizarse de este gasto, en palabras de Antoni Gilabert, responsable de Farmacia del Servicio Catalán de Salud. La asunción de nuevas responsabilidades debería quedar legislada en la Ley de Coordinación.

El problema estriba en la forma de articular la participación autonómica. Por un lado están las reticencias del Gobierno a ceder una de las pocas competencias que mantiene en el ámbito sanitario; por otro, la dificultad de adoptar medidas estructurales de control del gasto, como exigen los servicios regionales de salud, porque significaría la ruptura del pacto con Farmaindustria. El acuerdo que Celia Villalobos firmó con la patronal de los laboratorios (garantizando un crecimiento anual del 9,5%) recuerda que si la Administración lleva a cabo reformas estructurales éste quedaría roto y se perderían los fondos que la industria comprometió para investigación.

La mayoría de Gobiernos autonómicos han expresado públicamente su deseo de anular el acuerdo, pero curiosamente, y con la sola excepción de Andalucía y, en menor medida, Cataluña, ninguna se ha atrevido a adoptar medidas radicales.

Los territorios prefieren hablar de uso racional del medicamento y no de gestión de la factura farmacéutica; no ven mal el doble precio de referencia de Andalucía, pero descartan su uso 'por el momento' y no cuestionan la libertad de prescripción.

El País Vasco, la Comunidad Valenciana y Galicia han impulsado el uso de genéricos y premian a los centros de salud, que no a los médicos, que cumplen los objetivos fijados. Pero desgraciadamente los genéricos ya han entrado en el juego de las marcas (y los precios) y su penetración en el mercado es muy limitada. El País Vasco ha regulado precios de referencia y descuentos, pero sólo para los productos de dietoterapia y los pañales de adultos.

En Galicia han puesto en marcha una iniciativa en el mes de julio cuyos frutos podrán recogerse 'a partir de septiembre', en palabras de Berta Cuña, directora general de Farmacia. 14 médicos, elegidos por los gerentes de primaria, han marcado el perfil de prescripción de diversas patologías, así como cuál debe ser el grado de penetración de los nuevos medicamentos. De esta manera, según Cuña, la consejería se garantiza un precio preferente, que no de referencia.

Madrid, por su parte, ha decidido entregar a los gerentes de los centros de salud el control de los visitadores médicos. Su circular será la más restrictiva de cuantas se han emitido hasta la fecha y entrará en funcionamientos el mes próximo. En Valencia también se limitó recientemente la actividad de los visitadores médicos, según informa Javier Alfonso, pero fuentes del sector aseguran que su presencia en los ambulatorios es cada vez mayor.

Andalucía y Cataluña, en la vanguardia

 

Gracias a un acuerdo con los farmacéuticos de su región, Andalucía ha impulsado precios de referencia paralelos (y más bajos) que los que reguló para el conjunto del Estado Sanidad. El SAS utiliza sus precios sólo cuando los médicos prescriben por principio activo, que no por genérico. En el mes de julio estas recetas llegaron al 13%. Mucho más polémica ha sido su decisión de exigir visado (competencia estatal) a dos medicamentos, Vioxx y Celebrex. Sanidad, que recurrió la medida junto a los fabricantes, los incluyó en la lista de visados nacionales a los pocos meses.

 

 

 

Cataluña hace corresponsables del gasto a los proveedores de los servicios sanitarios. Los privados -Cataluña concierta con ellos el 20% de su atención primaria- asumen anualmente un riesgo en farmacia. Si el gasto supera lo pactado, es la empresa privada la que corre (en un porcentaje variable) con el gasto de la desviación. En el caso de los centros de salud públicos, los ahorros en farmacia se traducen en más inversiones para el centro.