'El Gobierno no ha aprendido de escándalos como AVA o Gescartera'

La Asociación de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros nació hace 14 años en Zaragoza como una pequeña asociación regional. Ahora tiene 16.000 socios en toda España y al frente siempre ha estado este catedrático de Filosofía

El trabajo se acumula para Adicae. La quiebra de Opening y los coletazos del caso Gescartera centran la actividad de Manuel Pardos, siempre a caballo entre su Zaragoza natal, donde la organización tiene su sede central, y Madrid.

Pregunta. ¿Qué le parece la nueva Ley Financiera?

Respuesta. En Adicae hemos puesto muchas objeciones a la ley. Creemos que los reguladores no han aprendido de los escándalos recientes como AVA o Gescartera. El nuevo texto no es suficientemente enérgico a la hora de establecer la definición de las labores de la CNMV. No ha surgido un organismo supervisor nuevo, transparente, con una independencia total respecto a los políticos y a las empresas. No se ha regulado una incompatibilidad completa y absoluta entre los cargos de la CNMV y su posterior vinculación con las empresas cotizadas. Además, los escándalos financieros se van sucediendo demostrando que la nueva ley tiene muchos agujeros, demasiados descontroles.

'Los alumnos deben pedir a los bancos que dejen de cobrarles y que procedan a la cancelación del crédito. No tienen por qué pagar'

P. ¿Qué medidas proponen desde Adicae?

R. Hemos propuesto muchas medidas, pero sólo una pequeña parte ha sido incorporada al texto final. Entre los asuntos que más nos preocupaba está el relativo al comité consultivo de la CNMV, en el que participamos los consumidores, junto a las empresas y los intermediarios. Sus funciones y su composición no se han modificado, por lo que seguirá siendo un mero organismo de adorno. También pedíamos un sistema de calificación de riesgos de los productos financieros que permitiese a los pequeños ahorradores ser conscientes de dónde están invirtiendo y no moverse en función de las recomendaciones de las entidades financieras, que son las que miden actualmente el riesgo. Otra de las reivindicaciones era la persecución y el cierre de los chiringuitos financieros. Jueces y CNMV se pasan la pelota sin acabar con los estafadores. También pedíamos legislar las inversiones en valores filatélicos y otros bienes tangibles como obras de arte, numismática, etc., que actualmente están al albur de que las empresas lo hagan bien, así como una mejora de las medidas para la persecución de bienes en las suspensiones de pagos y quiebras de agencias de valores y entidades financieras. Por último, desde Adicae reclamamos el aumento de la cuantía de indemnización de los fondos de garantía, hasta los 35.000 euros.

P. ¿Creen que con la llegada de Blas Calzada se ha iniciado el camino para que la CNMV recupere la credibilidad perdida?

R. Calzada es un gran profesional, que lo ha hecho muy bien en la Bolsa de Madrid y que entró en la CNMV con mucho ímpetu. Sin embargo, un año después no acabamos de ver progresos en su actuación. Está siendo absorbido por un organismo que a su vez está superado por las circunstancias. Ha terminado por adoptar una postura conformista, le vemos dando opiniones muy políticas, pegadas a la doctrina del Gobierno, mientras ocupa un cargo que debería ser totalmente independiente.

P. ¿Dónde habría que poner el límite en las tomas de control a partir del cual ampliar la oferta al conjunto de accionistas?

R. Ninguna cifra es suficiente para definir una situación de transparencia y para impedir que pueda ser utilizada por algunos grupos. Sin embargo, sí que podríamos encontrar algunos criterios de discrecionalidad, que permitirían a la CNMV una interpretación independiente de la ley, que ya nos ha demostrado que puede burlarse porque con participaciones por debajo del 25% se ha cambiado el consejo de administración. Entre los criterios que podría manejar la CNMV para obligar a ampliar la oferta, además del porcentaje del capital, podrían incluirse criterios como el cambio en el consejo o la posición dominante en el sector.

P. ¿Es partidario de que el Gobierno imponga un código de buen gobierno? ¿O prefiere la autorregulación?

R. A los consumidores nunca nos ha gustado la moda de la autorregulación, y menos para España. Ha quedado demostrado que en una situación de crisis las empresas se saltan la ética. Esas normas siempre estarán bien pero no se puede dejar que sea lo único que regule el mercado. Los códigos éticos están bien, pero complementados con regulaciones esenciales por parte del Gobierno, sobre todo acerca de la composición del consejo, de los poderes de la junta general, etc., que impidan que en determinadas circunstancias esos códigos se salten a la torera.

P. ¿Qué opina del caso Opening?

R. En este caso se da una quiebra fraudulenta, un descontrol de una sociedad anónima, y una cierta connivencia de los organismos estatales que han estado financiando a la compañía a través de los fondos públicos. Además, la posición de la banca en todo este asunto deja muchos interrogantes. ¿Cómo es posible que las entidades financieras, tan celosas en el control del riesgo, no vigilaran a Opening? Los créditos que han firmado los alumnos son créditos de financiación ligados al consumo y no créditos individuales. Por lo tanto, la ley establece que los créditos de financiación ligados a un servicio se suspenden cuando se interrumpe ese servicio. Los alumnos deben pedir la anulación del contrato de servicios puesto que no se ha cumplido lo firmado, independientemente de que Opening vuelva a abrir sus aulas. Los alumnos también deben pedir a los bancos que dejen de cobrarles y que procedan a la cancelación del crédito. Los alumnos no tienen por qué pagar, salvo aquellos que hayan pedido créditos particulares a sus bancos.

P. ¿Qué le parece la complejidad de algunos productos financieros como la de los depósitos estructurados?

R. La rápida bajada de tipos de interés ha cogido a los españoles completamente desacostumbrados. El ahorrador ha ido dando tumbos por donde la banca le ha ido señalando. Fiamm, FIM, renta variable, etc. Millones de personas han ido pasando sus ahorros de un lado para otro, en función de las recomendaciones de los banqueros y siempre pagando las comisiones más altas de Europa. Así hasta llegar a los últimos productos que se han lanzado al mercado, muchos de ellos de compleja composición, como pueden ser los depósitos estructurados, que parecían de plazo fijo con un pequeño riesgo ligado a la Bolsa pero que han pillado a muchos pequeños inversores. Lo que proponemos es que bancos y cajas asuman alguna responsabilidad es esta caída de las rentabilidades. Pedimos una moratoria en las comisiones.

P. ¿Cree que en la reforma de las cajas de ahorros se han tenido en cuenta los intereses de los consumidores?

R. No se han tenido en cuenta para nada. En la Ley Financiera el tema se ha abordado de una manera bastante peregrina. Se tocan varios temillas políticos y no una reforma en profundidad. Con las sucesivas leyes no se ha producido la democratización de las cajas de ahorros, sólo su politización. Los usuarios no pintan nada en los aparatos de gobierno de las cajas. Debería abrirse un debate en serio sobre las cuotas participativas, incluso sobre la posible privatización de las cajas de ahorro. Si van a estar manipuladas por los políticos, debería contemplarse incluso la posibilidad de su privatización para que ese patrimonio enorme que gestionan pasara ordenadamente a fundaciones sociales de verdad.