Frenesí regulatorio en Wall Street
El controvertido Harvey Pitt, presidente de la Securities and Exchange Commission (SEC), el supervisor de los mercados en EE UU, no goza ni mucho menos del carisma de Alan Greenspan en la Reserva Federal. Aun consciente de ello, reivindicó el pasado julio en el Congreso la misma categoría que Greenspan en la Administración, una petición que escoció en la Casa Blanca, al parecer no consultada.
Un año después de que el 11-S sacara a la luz los trapos sucios del capitalismo estadounidense, Greenspan se disculpa por no haber desinflado a tiempo la burbuja bursátil. Y Pitt -abogado neoyorquino de 50 años, atacado a izquierda y derecha, cuestionado por haber trabajado para 112 grandes empresas- se ha convertido por sorpresa en una de las mayores autoridades sobre las multinacionales de todo el mundo.
Apenas un año después de estrenar su cargo prometiendo una SEC 'amable', Pitt acaba de obligar a los máximos ejecutivos de 947 empresas a declarar bajo juramento que sus cuentas de resultados son ciertas. El gesto no es precisamente simbólico: ahora un consejero delegado se expone a 20 años de prisión y cinco millones de dólares de multa si da información falsa. Cerca de un tercio de las 7.000 empresas de Wall Street recurrieron a la contabilidad creativa, según la agencia de riesgos Weiss Ratings.
La depresión de los valores tecnológicos, los escándalos de Enron, Andersen, Worldcom o Tyco, la oleada de declaraciones de bancarrota y la ruina de miles de inversores han reforzado a la SEC no sólo como vigilante del mercado, sino como órgano regulador. Pitt no es menos discutido, pero sí más poderoso.
A golpe de escándalo, las reformas empresariales se han convertido en la prioridad del presidente George Bush, sólo por detrás de la consabida guerra al terrorismo. Antes de irse de vacaciones, el último día de julio, dejó firmada la ley antifraude, llamada Sarbanes-Oxley por los apellidos de sus ponentes en el Senado. Tanto de Bush como de Pitt se habían denunciado conflictos de intereses, pero ahora ambos se colocan a la cabeza de la campaña antifraude.
El afán de garantizar la seguridad se ha impuesto al viejo laissez-faire liberal. Las normas no sólo se endurecen, sino que -lo que más desconcierta a las empresas- se revisan a menudo. Sólo en los últimos dos meses se han modificado las reglas del juego sobre responsabilidades y retribuciones de los directivos, auditoría y contabilidad, recomendaciones bursátiles o información de obligada publicación.
De la SEC dependerá ahora un nuevo organismo, el Consejo de Supervisión Pública, que vigilará a los auditores. Para dirigirlo se ha barajado el prestigioso nombre de Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal. Además, cada empresa que cotiza en el mercado deberá crear su comité independiente de auditoría en un plazo de 90 días. Los auditores no podrán hacer ningún tipo de consultoría, tampoco informática.
Las cuentas no sólo deberán ser más rigurosas, sino también publicarse más rápido, aunque a algunos les parezca contradictorio. Las compañías cotizadas tendrán 35 días, y no 45, para presentar sus resultados trimestrales. Los informes anuales tendrán que entregarse a la SEC en 60 días, que antes eran 90. Empresas como Coca-Cola y Kodak han advertido que les es difícil recopilar datos de puntos de venta repartidos en todo el mundo a tal velocidad.
Los directivos de empresas, sobre todo consejeros delegados y directores financieros, se sienten ahora mucho más vigilados, no sólo por jurar las cuentas o porque algunos ilustres colegas estén procesados. Ahora tendrán que devolver gratificaciones cuando se rectifiquen las cuentas, deberán comunicar en dos días sus operaciones en Bolsa y no podrán recibir préstamos de sus empresas, algo hasta ahora habitual.
También los analistas tendrán que ser más cuidadosos, sobre todo desde que se conoció que en Merrill Lynch se recomendaban valores de los que los propios expertos se burlaban en mensajes privados. En lo sucesivo, los analistas deberán firmar bajo juramento que sus recomendaciones son opiniones personales de las que no dependen sus retribuciones y no podrán actuar en el mercado en contra de sus consejos.
Incluso las stock options, la retribución favorita de la nueva economía, caen en desgracia y su tratamiento se endurece. El Consejo de Estándares Contables (FASB) recomienda que se contabilicen como gasto de personal, y por tanto se resten de los resultados, algo que tendría un gran impacto en empresas tecnológicas como Intel. La norma aún permite, no obstante, contabilizar las opciones en anotaciones a pie de página, aunque obligará a que sean más visibles.
¿Significa esto un mundo empresarial más transparente? Los críticos señalan que ninguna de estas medidas habría servido para impedir un caso Enron y los prudentes prefieren esperar. En los mercados se confía en que no estalle ningún otro gran escándalo, cuyo efecto algunos ven casi tan temible como sería el de un nuevo atentado.
EE UU impone su ley al resto del mundo
La campaña contra el fraude empresarial impulsada por George Bush no ha escapado al nuevo enfoque unilateral de la política norteamericana. La ley de EE UU tendrá que ser acatada por todos, también por aquellas empresas que cotizan en sus mercados aunque tengan su sede social en otro país, según confirmó la SEC. Bruselas ha intentado minimizar las consecuencias del conflicto jurídico, en un intento de encontrar una salida aceptable para todos que aún parece lejana.
Las empresas españolas Telefónica, SCH, BBVA, Repsol, Endesa, Terra, Telefónica Móviles y Terra se encuentran entre las compañías extranjeras que quedan ahora sujetas a la ley antifraude de EE UU. Todas confirmaron que cumplirán las nuevas normas y evitaron cualquier comentario adicional. En privado, algunos de sus directivos han señalado que no tenían opción y que son las autoridades españolas y europeas las que deberían protestar por una aplicación extraterritorial -casi universal- de la ley estadounidense.
La Federación Alemana de la Industria (BDI) ha encabezado la protesta europea contra las normas estadounidenses, que cree incompatibles con la legislación alemana en cuestiones como la confidencialidad de la relación entre auditores y clientes. El Gobierno alemán reclamó 'imperiosamente' a Washington que rectifique. 'Los socios crean una norma juntos o reconocen como igual otra ruta con el mismo objetivo', defendió la ministra de Justicia, Herta Däubler-Gmelin.
La Comisión Europea prefirió pronunciarse con prudencia y el pasado día 28 de agosto dijo compartir los 'objetivos' de la ley de Bush. Bruselas se limitó a pedir diálogo para evitar duplicidades legales. 'Estoy profundamente preocupado por el riesgo de exponer a las firmas de auditoría de la UE a un doble régimen regulatorio que sería excesivo, ineficiente y desproporcionado', afirma el comisario del Mercado Interior, Frits Bolkestein, en una carta a Harvey Pitt.
El Gobierno español se ha limitado a plantear, a través del secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, la conveniencia de una armonización entre las legislaciones de uno y otro lado del Atlántico.
Para los expertos, Washington ha actuado con precipitación y sin tomar en cuenta lo que se hace en otros países avanzados. 'Se han ignorado totalmente las normas europeas, unas normas, por cierto, más estrictas que las estadounidenses', opina Lorenzo Lara, presidente del Consejo Superior de Titulados Mercantiles y Empresariales y del Registro General de Auditores. 'Esto, sin duda, creará confusión y frenará la operatividad de las empresas europeas multinacionales', añade.