Subvenciones agrarias en la UE

Carlos Tió Saralegui asegura que el documento que ha presentado la Comisión Europea para reformar la política agraria común tiene tono triunfalista y evoca las campañas de marketing para un nuevo producto, la 'PAC del siglo XXI'

Una proposición que podría escucharse en cualquier escuela primaria es que 'la agricultura es un sector económico'. Como consecuencia, la agricultura debe ser funcional, es decir, cumplir su objetivo de alcanzar resultados positivos de carácter económico. Es cierto que, además, la agricultura puede cumplir otras funciones adicionales, de carácter medioambiental, paisajístico, de ordenación del territorio rural...

La política agraria no debería ignorar esa vocación básica de la agricultura, su funcionalidad como sector empresarial, independientemente de que la diversidad geográfica, climatológica y de productividad determine la marginalidad de muchas comarcas.

No parece que sea éste el punto de referencia de las propuestas de reforma de la política agraria común (PAC) presentadas por la Comisión el pasado julio, que ahora deben ser debatidas por el Consejo Europeo y, sin duda, van a ser objeto de debate durante bastante tiempo, posiblemente durante años.

Dado su extenso contenido y significación, hoy sólo efectuaré un primer análisis centrándome en la filosofía general de la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. En mi opinión, estas propuestas suponen una reforma en profundidad de la PAC y no van a ser adoptadas por el Consejo, al menos sin un intenso debate que precisaría de varios meses. Ello implicaría, a su vez, retrasar la ampliación, debido a que no puede negociarse con los países candidatos un 'acervo comunitario' que está sometido a profunda transformación en uno de sus capítulos clave, como el agrícola.

El documento presentado intenta satisfacer las muy variadas posiciones críticas que en los últimos años asedian la PAC. En él se aprecia cierta deriva ideológica de carácter antiproductivista consecuencia, seguramente, de las críticas externas al proteccionismo agrario europeo, así como de las fuertes y variadas tensiones sufridas por las recientes crisis alimentarias.

Todo ello parece haber debilitado la capacidad de rigor analítico que ha caracterizado tradicionalmente las propuestas de la Comisión, al menos hasta 1992. El documento que ahora se presenta tiene un tono publicitario, triunfalista y que evoca las campañas de marketing en la presentación a la sociedad de un nuevo producto, la PAC del siglo XXI.

El eje de la reforma propuesta consiste en consolidar casi todas las variadas ayudas que hoy día percibe una parte de los agricultores europeos, por diversos conceptos, en una única ayuda 'a la renta', equivalente a la suma de las recibidas en los últimos años por cada explotación agraria, suprimiendo los elementos que relacionaban su percepción con la producción agropecuaria.

Así, no se condiciona la actividad que vayan a desarrollar los agricultores en el futuro, excepto que deberán cumplir un amplio conjunto de requisitos de nuevo cuño, en materia medioambiental, de salubridad de los alimentos, bienestar de los animales y seguridad en el trabajo. Estos condicionamientos, aunque no han sido concretados por ahora, parecen estar relacionados con la extensa legislación comunitaria en dichas materias.

Lo que sí se aclara es que todo ello estará sometido a un proceso de 'auditoría', a desarrollar seguramente por empresas privadas, dada la incapacidad administrativa para abordar tan ingente tarea. A esta especie de privatización del control del régimen de ayudas públicas se le denomina 'simplificación de la PAC'.

Es obvio que con estas propuestas se persigue el refrendo de la Organización Mundial de Comercio para unas ayudas agrícolas de 'caja verde', que no interfieren en el comercio mundial, debido a que persiguen objetivos medioambientales, el bienestar de los animales y/o la seguridad en la alimentación y en el trabajo. Todos ellos son objetivos indiscutibles, con una legislación específica que, en cualquier caso, debe ser controlada y cumplida.

Ahora bien, el nudo gordiano es que las ayudas agrícolas europeas son concedidas a empresarios agrarios cuyo objetivo primario es obtener rentabilidad económica al trabajo y a los capitales invertidos en sus explotaciones.

Los condicionamientos impuestos por la nueva PAC para percibir las ayudas públicas no son nuevos, existían antes como restricciones legales en las actividades agropecuarias. La novedad está en convertir esas restricciones en el eje central de la política de subvenciones, aunque no sean el 'hecho generador' del derecho a la 'ayuda'. Dicho elemento desencadenante pasa a ser en realidad una referencia histórica.

En aquellas producciones que se benefician de las ayudas, éstas constituyen una parte muy relevante en la actual rentabilidad de la agricultura. Según sistemas productivos y comarcas pueden representar entre el 30% y el 100% del margen neto de las empresas. De hecho, desde la reforma de 1992 que introdujo las 'ayudas directas a la hectárea', la estrategia empresarial en el campo se ha modificado de un modo sustancial.

Las nuevas propuestas tampoco van orientadas a potenciar la actividad empresarial y la competitividad internacional de la agricultura europea, cuando lo que se pretende en definitiva es profundizar en el proceso de liberalización comercial exterior. Y todo ello para 'seguir dotando de apoyo y estabilidad a las rentas agrarias', concepto éste cuya investigación en profundidad depararía grandes sorpresas.

En definitiva, este escenario de 'rentas consolidadas', no sé por qué capricho me retrotrae a momentos históricos muy alejados, el final del Antiguo Régimen, cuando aquella 'propiedad amortizada' de las 'manos muertas' fue puesta en el mercado por una decisión del Gobierno de su Majestad Isabel II.

Aquello sí fue una reforma agraria y, por el camino que ahora vamos, puede ser que estemos preparando algo equivalente. La actual 'consolidación de ayudas públicas', que constituyen un elemento muy relevante de la rentabilidad de las explotaciones agrarias, se convertirá en un privilegio. Con el paso del tiempo, los agricultores serán en mayor medida propietarios que empresarios: titulares de un privilegio, graciosamente concedido a unos y negado a otros. Mal asunto.