COLUMNA

Una nueva declaración de independencia

El mundo del gobierno corporativo norteamericano anda revuelto y es mucho lo que anda en juego. En los próximos 12 meses, la SEC (el equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España, cuyas siglas en inglés son Securities and Exchange Commission) tendrá que hacer el desarrollo reglamentario de las disposiciones contenidas en la Ley Sarbanes-Oxley y definir buena parte de lo que será el marco del gobierno corporativo de las empresas que coticen en aquel país.

Antes de que esas normas reglamentarias vean la luz, los grupos de intereses tendrán que hacer valer sus razones en los despachos oficiales y rezar para que ningún nuevo escándalo societario dificulte la buena recepción de su mensaje por los responsables de la SEC.

Los mercados de valores viven en permanente desconfianza y como, cuando no hay harina, todo es mohína, la búsqueda de chivos expiatorios ha pasado a formar parte de su actividad. Todo lo que tenga que ver con la transparencia en la información de las compañías cotizadas se ha venido poniendo en cuestión. No faltan razones para ello.

La contabilidad, aquella aburrida disciplina que se estudiaba en las viejas escuelas de comercio por los amantes de la prudencia valorativa y el registro ordenado de los acontecimientos económicos de las empresas, ha sido redescubierta por los vendedores de crecepelo como uno de los instrumentos corporativos más efectivos para ofrecer crecimiento de valor para los accionistas. Bastaba con utilizar una receta tan vieja como el mundo: contar lo que el otro quiere oír.

Pero para que esto fuera posible fueron necesarias varias cosas. Los periodos inflacionistas provocaron que los precios de mercado de los activos de las empresas fueran muy distintos a su valor en libros; aparecieron multiplicidad de nuevos activos, pasivos e instrumentos financieros que hicieron muy difícil la misión del contable; se extendió el uso de instrumentos derivados que en ocasiones ocultaba la verdadera naturaleza de los contratos, cuando no su grado de exposición al riesgo; se convirtió en práctica común la financiación de las empresas fuera de balance, ocultando su grado de apalancamiento; cada vez fueron más frecuentes e importantes las transacciones en base a activos intangibles como las marcas y fondos de comercio, de difícil valoración y discutible amortización; el tratamiento del coste de las opciones entregadas a los empleados no era nada ortodoxo; se convirtió en moneda común el uso por la comunidad financiera de los estados financieros pro forma en vez de los que ordenan las normas contables legalmente exigibles (nótese que normalmente las cuentas pro forma son como las otras, pero sin las correspondientes malas noticias).

Para hacer el cuento corto, los estados financieros no dicen nada sobre el riesgo al que está expuesta una compañía y pueden decir poco sobre sus ingresos y gastos reales. Resulta difícil encontrar una explicación para esta situación. Por ello parece razonable pensar que, si ello es posible, es porque el mercado lo tolera y no ha hecho nada serio para evitarlo.

El mercado no premia la información veraz y transparente ni el buen gobierno corporativo, premia la baja volatilidad (suavizar las cifras de beneficios en el tiempo), los bajos costes (cargar contra reservas lo que es gasto del ejercicio, olvidarse del coste de las opciones para empleados), los elevados ingresos aunque no sean reales (ventas cruzadas entre dos compañías) y el bajo apalancamiento (aunque las deudas se escondan bajo la alfombra).

Los legisladores norteamericanos han reaccionado frente a este estado de cosas y han adoptado la Ley Sarbanes-Oxley. En ella se obliga, entre otras cosas, a los consejeros delegados y a los directores financieros a certificar la veracidad de las cuentas remitidas a la SEC, a las compañías a nombrar comités de auditoría independientes y a reportar transacciones fuera de balance, a las firmas auditoras a restringir algunos de los servicios que prestan a sus clientes, a los abogados a denunciar prácticas ilícitas ante los consejeros delegados o ante los comités de auditoría y a los que manejan información confidencial a declarar sus transacciones con mayor celeridad. Además, criminaliza o refuerza las penas de prácticas fraudulentas realizadas por ejecutivos o auditores, tales como mentir en los estados financieros o destruir documentos que podrían servir de prueba en fraudes societarios.

Las responsabilidades relativas a ofrecer información fiel sobre la compañía quedan aparentemente muy repartidas entre los ejecutivos principales, el comité de auditoría, los auditores externos y los abogados. Da la impresión de que se ha abonado el terreno para que resulte difícil y costoso determinar en el futuro el responsable último de un fraude basado en la mentira contable, si es que se puede hablar de tal responsable a partir de ahora y a pesar de la obligación de firmar las cuentas.

La criminalización de una serie de prácticas que han sido noticia en los fraudes recientes podría plantear la duda si con ello el legislador ha reconocido que tales prácticas no estaban suficientemente tipificadas con anterioridad y sin proponérselo ha brindado un buen argumento a las defensas de los ejecutivos bajo sospecha.

Es posible que inquietudes como las anteriores estuvieran en la mente de los que contestaron a la encuesta realizada por la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia hecha pública el pasado día 7 de agosto.

En ella un 52% de los encuestados considera que la ley no resolverá los problemas de fraude societario y contable y solamente un 34% la juzga de manera apropiada.

Por el contrario, nada menos que el 80% considera que a la vista de los fraudes corporativos resulta necesario poner límites a las donaciones que las empresas hacen a los políticos.