¿Otra playa para Madrid?
Ya se oyen los claros clarines de las vísperas electorales. Van colocándose los candidatos en la línea de salida. Las apuestas son muy fuertes. Primero el secretario general del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, rehusó atender las encuestas favorables a Javier Solana y lanzó a Trinidad Jiménez, con quien hizo a efectos municipales una unidad de destino muy comprometida. Luego el presidente del Gobierno y del PP, José María Aznar, zanjó las dudas y la tómbola de candidaturas, recibió al actual presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y le encomendó la defensa de la alcaldía de la capital. Semejante iniciativa fue comentada en términos elogiosos porque sobreponía los intereses del PP a los desencuentros personales. En cuanto a IU, parece descartada la sorpresa, aunque sus resultados deberán ser tenidos en cuenta para integrar las coaliciones si las actuales mayorías del PP en ambas instituciones decayeran.
Ahora bien, más allá de las personas que figurarán como cabezas de lista, falta todavía la definición de los programas electorales. Si juzgamos por lo que se dijo en la tribuna del pleno del Congreso durante el debate del estado de la nación, deberíamos concluir que el Partido Socialista ha iniciado el ejercicio de sintonizar en la calle y abordar asuntos como los de la vivienda, la educación preescolar, la asistencia domiciliaria a los mayores y minusválidos y por ahí adelante, mientras que el PP todavía sigue anclado en las referencias macroeconómicas más bien abstractas para los de a pie. Pero seguimos pendientes de otras definiciones más ambiciosas y de que unos y otros pasen a explicar, por ejemplo, qué entienden por hacer ciudad si es que se han planteado esa reflexión en lugar de continuar la yuxtaposición de edificios conforme a las presiones de los lobbies inmobiliarios.
Por eso viene a cuento recuperar el gran asunto en el que Madrid se juega su futuro: el de la Operación Chamartín. La cuestión es si a pesar de la ubicación en la meseta, tendremos playa para sustituir las vías del ferrocarril y qué se hará en la prolongación de la Castellana a partir del contrato paralizado entre DUCH y la Renfe después de tantas recalificaciones para incrementar los volúmenes autorizados. El hecho es que sigue sin producirse la desafectación de los terrenos expropiados para uso público y tampoco se han resuelto las reclamaciones de los reversionistas, que se llaman a la parte. Es verdad que la piedad del alcalde saliente impulsó una solución limitada a la Compañía de Jesús mediante un acuerdo secreto suscrito con el padre Villamandos por importe de miles de millones pero todos los demás implicados, que también son hijos de Dios y ciudadanos amparados por la misma Constitución, fueron dejados al margen.
Entre tanto, el consejo de administración de Renfe, el ministro de Fomento, el presidente de la comunidad y el alcalde recibieron información escrita donde se adelantaban las consecuencias derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo del 25 de abril de este mismo año referente a los terrenos de la estación de Zaragoza, así como del precedente sentado por la decisión de devolver a sus anteriores propietarios parte del suelo correspondiente al área de Abandoibarra en Bilbao, 'aplicando criterios exclusivamente legales'.
Un sencillo cálculo aritmético permite adelantar que la aplicación de los mismos criterios (a razón de 216 euros por metro cuadrado) a los casi 2.000.000 de metros cuadrados de la Operación Chamartín supondría la condena a Renfe al abono de más de 360 millones de euros en concepto de 'indemnización sustitutoria' a los titulares expropiados en su día que ahora tienen reclamaciones pendientes.
A la vista de la sentencia sobre la estación de Zaragoza y de la decisión adoptada a propósito de Abandoibarra, la lógica de preservar el erario público de los anteriores perjuicios dinerarios debería llevar al más estricto cumplimiento de la legislación vigente y en el caso de tomar cualquier riesgo de incurrir en fraude de ley, exigir a DUCH el afianzamiento de las cantidades que en su día Renfe pudiera ser condenada a abonar en concepto de indemnización sustitutoria a los reclamantes hasta ahora ignorados.
Llega la depresión veraniega, pero la máquina de la justicia continúa, los recursos de los afectados siguen su trámite en el Tribunal Supremo y la querella criminal contra los directivos de Renfe y DUCH está pendiente de la apelación contra el auto de archivo dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 19 de los de Madrid.
Ala vuelta podremos observar los progresos del centro comercial y demás anexos envolventes que transformarán la estación de Príncipe Pío según la concesión a dedo merecida por Riofisa, donde tan importantes familias encontraron abrigo. Atentos.