Chile toma medidas ante la falta de reactivación de su economía
El elevado grado de apertura de la economía chilena y sus sanos fundamentos permitían afrontar con optimismo un 2002 que debía caracterizarse por la recuperación sincrónica de las economías industrializadas. Sin embargo, la profundización de la crisis en Argentina, la incertidumbre que proyecta Brasil sobre la región y las dudas sobre la intensidad del cambio de ciclo en la economía mundial han supuesto reiteradas reducciones en las estimaciones de crecimiento para el presente año.
La semana anterior, el Gobierno redujo su proyección de crecimiento para 2002 a un 3%, desde el 3,3%. Pero las explicaciones de estas revisiones a la baja en el crecimiento no deben buscarse sólo fuera del país. El Gobierno de Lagos ha sido dubitativo y poco claro en sus objetivos. Los primeros años de la gestión de Lagos estuvieron caracterizados por un marcado hincapié en temas políticos y sociales, descuidando la búsqueda del crecimiento, algo que un empresariado tradicionalmente hostil hacia partidos de izquierda no perdonó. Este clima de enfrentamiento ciertamente no favoreció la recuperación de la inversión. Posiblemente la gota que colmó el vaso en la relación gobierno-empresarios fue la aprobación de una reforma laboral hacia finales de 2001 que imponía mayor costes de contratación.
La necesidad de retornar a tasas de crecimiento cercanas al potencial de la economía (estimado por el Gobierno en un 4,9%) y de restablecer la confianza empresarial en la política económica impulsó la elaboración de lo que se denominó la agenda pro-crecimiento. Esta agenda, que fue elaborada por la principal asociación gremial del país (Sofofa), a petición del Gobierno contiene una serie de medidas que deberían permitir mejorar la eficiencia de la economía y fomentar la inversión. Desde febrero, fecha en la que fue entregada la agenda al Gobierno, ninguna de las recomendaciones hechas había sido implementada.
Sin embargo, los malos datos de actividad conocidos recientemente (en el primer semestre la reactivación habría sido nula), forzaron al Gobierno a tomar medidas de fondo. El Gobierno ya ha agotado el uso de la política monetaria al situar el tipo de intervención en su mínimo histórico (las rebajas de tipos suman 375 puntos básicos en el año) y no está dispuesto a utilizar una política fiscal anticíclica, ya que es de la idea, con justa razón, que aumentar el déficit público en el actual contexto puede atentar contra la excepcional estabilidad macroeconómica que posee Chile en la región.
Era claro que la puesta en marcha de la agenda pro-crecimiento no podía retrasarse. De esta forma, el gobierno anunció cuatro medidas de carácter tributario contenidas dentro de la mencionada agenda: la aceleración de la depreciación de los activos fijos, acuerdos de doble y triple tributación, la creación de tribunales tributarios y la eliminación de los timbres para la reprogramación de los créditos hipotecarios (esta última medida busca hacer más efectiva la transmisión de la política monetaria).
Si bien estas medidas son positivas, su efecto real no será significativo y se producirá sólo a medio o largo plazo. Más importante puede ser el retorno de la confianza en las autoridades de quienes toman las decisiones productivas. Para mantener esta situación el Gobierno deberá cumplir con su promesa de que se continuará avanzando en la agenda pro-crecimiento, lo que implica llevar adelante cambios más profundos en aspectos regulatorios, como la constantemente postergada reforma del mercado de capitales.