Bush creará una fiscalía para perseguir el fraude empresarial
Bush bajó ayer a la arena de Wall Street para hacer público un esperado discurso sobre la crisis de confianza, 'en la que está basada nuestro sistema'. Sus palabras, seguidas por una audiencia en la que también estaban la senadora demócrata Hillary Clinton, Davis Schumer, el alcalde Michael Bloomberg, el cardenal Egan y el fiscal Elliot Spitzer, entre otros, tuvieron dos lecturas. La primera es una respuesta a la avalancha de escándalos que vive el sistema corporativo americano. La creación de esta nueva agencia, similar a la creada para el caso Enron, así como el endurecimiento de las penas propuestas por el presidente se sitúan en esta línea.
Pero la segunda lectura hay que hacerla en clave electoral. Con la precampaña para la renovación parcial de las Cámaras en noviembre y las dudas sembradas sobre la conducta del ahora presidente cuando era ejecutivo en Harken Energy, el discurso fue incluso adelantado 15 minutos y coincidió con una rueda de prensa que en ese momento iban a dar los líderes demócratas del Congreso, Tom Daschle y Richard Gephardt. Bush empezó culpando de la situación a los excesos de los noventa, cuando Bill Clinton era presidente. Y poco después de su discurso, el senador demócrata Patrick Lehay, acusó a Bush de dar 'pequeños pasos' y criticó que sólo alabara las propuestas de la Cámara baja, controlada por republicanos.
Lehay criticó además que el presidente no haya avanzado en medidas legislativas que refuercen el código penal. Lo que Bush ha propuesto en su discurso es un endurecimiento de las penas para delitos de fraude, pero sin modificar la conducta a perseguir, por lo que esas penas se aplicarían a los acusados de fraude por correo tradicional o enviado a través de medios electrónicos. Esta regulación es la que se aplica, ya que las empresas deben enviar por correo sus memorias y hechos relevantes.
La mayor parte de las propuestas presentadas ayer por el presidente ya han sido hechas por otras instancias como la SEC (el regulador de los mercados), el propio Congreso, el NASD (asociación de corredores de Bolsa) y él mismo en su decálogo de buen gobierno anunciado en marzo. Muchas de ellas están basadas en la casuística aprendida de los recientes escándalos. Entre estas medidas destacan el refuerzo del comité de auditoría y del papel de los consejeros independientes.
Según Bush, se debe evitar que los directivos de las compañías reciban préstamos de las empresas (como ocurrió con Bernard Ebbers, de Worldcom y Kenneth Lay, de Enron). También el presidente quiere que se endurezca la ley en los puntos referidos a la conservación de documentos, en directa alusión a Andersen y Global Crossing.
Respecto a las compensaciones, el presidente volvió a echar mano de su discurso de marzo para plantear que los trabajadores y los ejecutivos deben tener los mismos derechos cuando se refiere a sus acciones (los trabajadores de Enron no pudieron vender sus inversiones en las empresas cuando los ejecutivos sí lo hicieron). Además, Bush volvió a airear la propuesta de que los accionistas aprueben los planes de opciones sobre acciones, 'que deben ser explicados a los inversores en un lenguaje claro'.
Vocabulario
El presidente tuvo también duras palabras para los analistas. 'Comprar no debe ser la única palabra del vocabulario de los analistas. Y si quieren decir vender, no deben decir mantener'.
Pero durante la mayor parte del discurso el presidente de EE UU se refirió a la ética más que a la regulación, y su discurso estuvo plagado de verbos en condicional, advertencias y consejos. Algunos analistas y las encuestas a pie de calle creen que a pesar de la dureza del tono de Bush, la confianza en los mercados no se recuperará hasta que algunos de los empresarios presuntamente culpables de fraude se sienten en el banquillo, algo que, con la excepción de Andersen, siete meses después de la quiebra de Enron, no ha ocurrido.
En la misma línea que el lunes en la rueda de prensa, el presidente renovó su confianza en la SEC y comprometió una ampliación del presupuesto para este organismo de 100 millones de dólares para el año que viene. Esta partida es mayor de la que propuso Bush inicialmente (480 millones de dólares), pero aún es 195 millones menos de lo que la Cámara baja solicitó hace unas semanas.
Worldcom se da tres semanas para salir de la crisis
Tres semanas. æpermil;ste es el tiempo que los ejecutivos de Worldcom se han dado para dar una salida a la segunda operadora telefónica del país. Después de este tiempo, la empresa solicitará la suspensión de pagos, que sería la mayor de la historia en EE UU, o procederá a otra reorganización financiera, según informaba ayer Reuters.
Estas declaraciones, hechas por el propio presidente de la empresa, John Sidgmore, a la agencia, se producen un día después de una sesión de nueve horas de interrogatorio por parte de una comisión de la Cámara baja. Ante los legisladores, Sidgmore dijo que no busca ayuda en el Gobierno para dar la vuelta a la compañía, que intenta salir del agujero en el que le ha metido un fraude contable de 3.895 millones de dólares.
Sidgmore reiteró que la empresa mantiene negociaciones con la banca para asegurar los pagos de su deuda y añadió que están procurando que por vía judicial el ex financiero de la empresa Scott Sullivan devuelva 10 millones de dólares en pluses. Este ejecutivo fue el único que hizo una aparición no polémica ante el Congreso. En cambio, el ex presidente de la compañía Bernard Ebbers tomó la palabra para defenderse y arroparse en la Quinta Enmienda, y evitar declarar contra sí mismo, lo que provocó la crítica de los legisladores. Quien sí declaró fue el analista de Salomon Smith Barney Jack Grubman, que durante años ha recomendado comprar títulos de la operadora. Grubman admitió que ha asistido a algunas de las sesiones del consejo de Worldcom.