El 40% de la inversión del Plan Hidrológico está ya en marcha

El Plan Hidrológico Nacional ha estado tradicionalmente envuelto en la polémica, ya que la gestión de los recursos hídricos ha sido y seguirá siendo uno de los grandes retos a los que deben enfrentarse todos los países en el corto y medio plazo. De hecho, en España, que es un país de grandes desequilibrios hídricos, el agua suele ser fuente latente de conflicto entre las regiones.

Prueba de las enormes dificultades con las que se han encontrado los distintos Gobiernos para regular sobre el tema del agua es que tras un largo proceso de discusión que se prolongó 10 años, en 1998 se aprobaron los planes de cuenca y ahora, 14 años después de la aprobación de la Ley de Aguas, comienza por fin a ver la luz el Plan Hidrológico.

A pesar de que el Ejecutivo del PP insiste en que el plan es, ante todo, fruto del consenso, lo cierto es que la decisión de apostar por un trasvase de 1.050 hectómetros desde el río Ebro a las cuencas internas de Cataluña, Júcar, Segura y Sur, ciudad de Barcelona, área metropolitana, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería no estuvo exenta de problemas y críticas. En este sentido, el PSOE ya ha anunciado que modificará el proyecto cuando acceda al Gobierno central.

Por contra, el Ejecutivo defiende que a la opción del trasvase se llega como consecuencia de los diferentes análisis técnicos realizados que apuestan por esta solución como la más adecuada desde la perspectiva de los intereses generales.

Además, los defensores del trasvase sostienen que los efectos ambientales negativos de esta actuación serán muy reducidos y además confían en que puedan corregirse cuando finalice el diseño del trazado definitivo. En este sentido, el PHN se ha marcado como objetivo además de garantizar el abastecimiento de calidad de agua a toda España, paliar los importantes impactos ambientales que está provocando la escasez de recursos hídricos en el arco mediterráneo, sobre todo en los humedales y ecosistemas fluviales, así como recuperar el equilibrio de los acuíferos sobreexplotados. Por tanto, y siguiendo todos estos criterios, la mayor parte de los casi 19.000 millones de euros de inversión que prevén movilizarse, en concreto el 84%, está dirigida a actuaciones relacionadas con el fomento de ahorro, la reutilización y la regeneración de los hábitat hídricos.

Por su parte, la política europea en materia de aguas insiste también en priorizar el ahorro. La directiva de la Unión considera mucho más urgente y necesaria la gestión optimizada de los recursos disponibles, antes de captar otros nuevos.

Así, está previsto que se destinen más de 6.000 millones de euros a la modernización de regadíos con el objetivo de reducir las pérdidas en la red y casi 3.000 millones de euros para incrementar la reutilización de aguas mediante la depuración.

Plan forestal

El resto, hasta alcanzar los 9.000 millones de euros, está previsto que se destinen a un amplio plan forestal que reconstruya los hábitat naturales, al incremento de los instrumentos de control de calidad, el fomento del abastecimiento y otras medidas en esta misma línea.

El proyecto contempla que el mayor esfuerzo en la generación de excedentes de agua se concentre en las inversiones en modernización de regadíos, que en numerosos puntos del país se encuentran en condiciones muy precarias.

Las inversiones previstas en este capítulo son casi la tercera parte del plan (más de 6.000 millones de euros), siendo Andalucía la comunidad más beneficiada, ya que acaparará actuaciones por valor de 1.500 millones.

La segunda zona en la que se invierte más es Aragón, a donde irán a parar 1.140 millones. Son también significativas las inversiones en este capítulo en otras comunidades autónomas como Navarra, con 823 millones; Murcia, con 510; Castilla y León, con 605 millones y la Generalitat Valenciana, con 425 millones.

Todos los estudios que se han venido manejando durante los años previos a la preparación del Plan Hidrológico han concluido que España tiene agua suficiente, pero la falta de inversiones ha provocado que los abastecimientos urbanos de algunas ciudades se encuentren en la actualidad en situación de carencia. Lo curioso es que, además, las mayores dificultades, además del Levante, donde la escasez de agua es ya un problema estructural, se concentran en lugares con una excelente oferta de agua, como son Lugo, Zaragoza, Bilbao, Santander, Lleida o Salamanca.

Por todo ello, las inversiones en este capítulo serán también abultadas, alcanzando la cifra de 2.800 millones de euros, de los que Andalucía absorberá 373 millones.

Depuración

Otro problema histórico es la depuración de aguas. æpermil;sta es competencia municipal y autonómica, aunque tradicionalmente se produce un conflicto de competencias desde el momento en que los vertidos se realizan a ríos que sí son competencia estatal. Esta indefinición de responsabilidades ha provocado históricamente que la política de depuración de aguas se haya centrado en evitar la contaminación de ríos y costas, mientras se ha olvidado la necesidad de reutilizar los escasos recursos hídricos. En esta línea, el Estado prevé aportar hasta 2.605 millones de euros para cumplir con los objetivos de optimizar el destino del agua en las regiones donde ésta es escasa.

Otro de los problemas con los que casi cada año se enfrenta el Levante son las lluvias torrenciales posteriores al verano, que tan graves consecuencias suelen provocar, precisamente por la inexistencia de una correcta canalización de los barrancos o cauces por los que discurren los torrentes de los ríos de las zonas de riego. Con el objeto de evitar los graves efectos que tienen estas riadas en la erosión del terreno, el PHNcontempla inversiones en este capítulo por valor de 1.400 millones de euros. Un total de 363 millones irán destinados a la Comunidad Valenciana, mientras Andalucía recibirá 428 millones; Cataluña, 135 millones, y Extremadura, un total de 59 millones.

Por último, el proyecto destina un capítulo de inversiones a abordar el problema de la desertización en el sureste español. Este fenómeno se ha ido extendiendo por casi todo el país debido a la ausencia de entornos forestales en los ríos. Para la reconstrucción de estos hábitat hidráulicos y la consecución de entornos que aporten diversidad biológica se ha decidido destinar una inversión de 1.860 millones de euros, cuya distribución territorial vuelve a favorecer a Andalucía con 634 millones.