Las reformas y sus tiempos
Una de las primeras decisiones del Gobierno popular fue la de llevar al Boletín Oficial del Estado (BOE) el paquete de medidas que estaba preparado en el cajón del Ministerio de Economía y que Solbes [último ministro de Economía del Gobierno socialista] no pudo sacar. Otras actuaciones, como la liberalización de la telefonía fija, o la continuación de los procesos de privatización, auguraban que las reformas estructurales no se iban a detener en España. Sin embargo, muy pronto la expansión internacional nos permitió aumentar el crecimiento y, como sucede siempre que crece el producto interior bruto (PIB), el empleo aumenta, se reducen los gastos públicos, aumenta la recaudación del Estado y los Gobiernos dejan de hacer reformas.
En el campo del mercado laboral y de la Seguridad Social no sólo se produjo una parálisis de reformas, sino que el Gobierno tomó medidas en el sentido contrario de la flexibilidad y del rigor en las cuentas públicas. Se facilitó la utilización del PER, lo que llevó a que los mayores crecimientos de subsidiados se hayan registrado en los últimos años, se introdujeron rigideces en el contrato a tiempo parcial y, en vez de reducir los gastos de Seguridad Social, se acordaron medidas como las de mantener la jubilación anticipada que aumentaron los gastos del sistema.
En la reforma de los mercados de bienes y servicios, en vez de avanzar por la vía de introducir mayor competencia, se prefirió reducir tarifas a través de actuaciones administrativas.
Durante los años buenos no se hicieron reformas y ahora, pasado el ecuador de la segunda legislatura, parecería que el Gobierno quisiera volver a reformar, y el decreto sobre protección de desempleo sería un ejemplo de este nuevo proceder. Pero, como se ha visto por la reacción popular, ahora no es fácil que se acepten las reformas. No es lo mismo reducir la protección de desempleo cuando se está generando empleo que cuando, como ahora, se está destruyendo. Va a ser difícil que ahora el Gobierno recupere todo el tiempo que ha perdido sin reformar el mercado laboral.
Es difícil que después de la huelga se atreva a presentar propuestas sobre descentralización de la negociación colectiva o plantee medidas para solucionar el problema que a medio plazo tiene la Seguridad Social. Lo mismo puede suceder con la reforma de los demás mercados. Si hubiera introducido competencia en los buenos tiempos, ahora las empresas desreguladas habrían generado músculo, pero, al haber dejado pasar el tiempo sin avanzar en la competencia, esas empresas están hoy en unas condiciones que difícilmente admitirían más presión competitiva, sino que piden todo lo contrario, más protección y ayuda. Ahora las petroleras piden al Gobierno que mire a otro lado cuando los precios españoles suben por encima de los europeos y las eléctricas piden al Gobierno que no aplique la rebaja de tarifas del 6% que queda por aplicar.
Es un error dejar pasar los buenos tiempos sin reformar, pero hay que reconocer que en esto el Gobierno popular no se diferencia del resto de los anteriores Gobiernos españoles.
Hay una ley en España que se ha cumplido sistemáticamente durante los últimos 50 años, según la cual los Gobiernos sólo reforman cuando vienen mal dadas. Cuando vienen bien dadas, los Gobiernos simplemente recogen la cosecha de las reformas anteriores y emplean su tiempo en decir que los buenos resultados se deben a su política.
Lo preocupante sería que esta ley cambiara ahora, y que el Gobierno, asustado por la huelga del 20-J, dejará de reformar, porque entonces ya serían muchos años los que España perdería sin reformar.
Porque de la misma forma que los beneficios de las reformas se cobran, aunque sea por otros, los periodos sin reformas también se pagan. Aunque sea después y por otros.